La columna de Tomás Rau: “Más allá de Dominga: el ‘circo’ del Comité de Ministros”

El reciente rechazo del proyecto Dominga por el Comité de Ministros agrega un nuevo capítulo a esta lamentable historia. Han pasado casi 12 años desde que esta iniciativa comenzó su tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2013. Desde entonces ha sido sometida a un calvario de aprobaciones técnicas, apelaciones judiciales y rechazos políticos. Demasiado tiempo. Más allá de un proyecto particular, el resultado grafica una realidad general: un país que sigue debatiendo en círculos con una institucionalidad cuestionable, mientras el desarrollo se estanca.

Hagamos memoria. En 2017, el proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, lo cual fue respaldado por el Comité de Ministros en votación dividida y terminó con la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía. Un terremoto político. La empresa apeló al Primer Tribunal Ambiental, que en 2018 ordenó revisar el caso. En 2021, el SEA aprobó Dominga, afirmando que cumplía con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, en 2023, el Comité de Ministros lo rechazó nuevamente por riesgos ambientales y amenazas a la biodiversidad de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

En 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló esta resolución por falta de imparcialidad y ordenó una nueva votación. Otra oportunidad. Y en 2025, Dominga fue nuevamente rechazada, esta vez por un Comité de Subsecretarios, designados tras la inhabilitación de los ministros debido al principio de imparcialidad, puesto que ya habían votado en comités anteriores. ¿Es creíble que un subordinado pueda ser imparcial cuando su jefe ya expresó su posición? Este tipo de situaciones explican por qué tantos califican este proceso como un circo.

Mientras tanto, Chile sigue acumulando fracasos. Dominga simboliza la arrogancia de un sistema político que ignora lo técnico y estratégico. Una desconexión total. Este proyecto ha cumplido con todas las exigencias técnicas de nuestra legislación, pero un comité de seis personas puede decidir su destino con criterios que parecen más políticos que ambientales. ¿Cómo justificar que se desperdicien años en tramitaciones y sesiones de comité, mientras el país enfrenta desafíos económicos y sociales urgentes?

Aquí es donde se revela la mayor incoherencia: no se trata de detener el desarrollo y luego proponer reformas tributarias o préstamos al Estado para financiar al Fisco. Bloquear proyectos que podrían generar empleo e ingresos fiscales para lamentarse después por la falta de recursos, es absurdo. En un país con una creciente deuda que hoy alcanza 42% del Producto Interno Bruto (PIB), el peor crecimiento económico desde la vuelta a la democracia, un desempleo superior al 8,3% y una crisis de seguridad sin precedentes, seguimos entrampados en discusiones interminables sobre proyectos que ya cumplen con las instancias técnicas.

La pregunta de fondo es: ¿Realmente necesitamos un Comité de Ministros para aprobar proyectos de inversión? Para nada. El SEA debiese tener la última palabra, con criterios técnicos y estratégicos claros. En caso de discrepancias, que los tribunales ambientales sean la instancia de apelación, como ocurre en muchos países desarrollados. Esto reduciría la incertidumbre jurídica y devolvería confianza a inversionistas y comunidades.

Queda un poco más de un año para el cambio de administración, pero el país no puede esperar. Como una antífrasis de los “20 años no es nada” de Gardel, en el Chile de hoy “un año es mucho”. Es demasiado tiempo para seguir “con la frente marchita” atrapados en un sistema que prefiere postergar el progreso mientras el país zozobra en mares de urgencias, en resignadas aguas de gente postergada.

*El autor de la columna es profesor titular y director del Instituto de Economía UC