La columna de Tomás Rau: “Olor a gas”

Lamentablemente, los ilícitos y fraudes ocurren en todas las esferas de la sociedad: desde la política hasta la academia y las empresas. En el ámbito empresarial, la colusión es particularmente dañina en sectores que no solo ven alterados sus precios y la asignación de recursos, sino que también afectan directamente la vida de las personas. Un ejemplo de esto es el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Indura S.A y Linde Gas Chile S.A. por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales entre 2019 y 2021.

La colusión es altamente perjudicial porque distorsiona los principios de una economía social de mercado, elevando los precios artificialmente y reduciendo la calidad e innovación de bienes y servicios. Al eliminar la competencia entre empresas, se reducen los incentivos para mejorar y ofrecer precios competitivos, afectando al consumidor que debe pagar más por menos valor. Además, este comportamiento anticompetitivo perjudica la economía al desalentar la entrada de nuevos oferentes y limitar la diversidad de opciones. Esto no solo estanca el crecimiento económico, sino que también puede tener graves repercusiones sociales. Estas son más evidentes cuando la colusión ocurre en sectores críticos como la salud, limitando el acceso a bienes esenciales y exacerbando la desigualdad.

Es por esto por lo que existen instituciones que velan por la libre competencia, ya sea investigando, litigando o fallando judicialmente los posibles casos de comportamiento anticompetitivo. La FNE ha demostrado su eficacia al investigar y detectar la presunta colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales y será el TDLC quien determine las responsabilidades y sanciones correspondientes. Este caso no solo subraya la gravedad de coludirse en un sector crítico en tiempos de pandemia, sino también la capacidad de respuesta institucional frente a tales desafíos. Enhorabuena.

Por otra parte, la delación compensada introducida en la reforma de 2009 parece estar siendo una herramienta eficaz en la lucha contra la colusión. Ya son nueve casos que han podido ser pesquisados gracias a esta figura legal. A casi 15 años de su implementación, los resultados de la delación compensada muestran efectividad respecto de la detección de casos y esperemos que también en la disuasión de éstos (lo cual es difícil de medir), evidenciando un compromiso con la transparencia y la justicia económica.

Desde mi experiencia como perito para el TDLC en el caso farmacias y asesor de la FNE para la división Fusiones y Estudios y la Unidad Anticarteles, puedo dar fe del trabajo riguroso y dedicado que realizan estas instituciones para proteger y promover la libre competencia. Es un trabajo serio y meticuloso que, con mucho profesionalismo, y recursos limitados, busca resguardar los intereses de todos los chilenos.

En conclusión, aunque la colusión seguirá siendo una amenaza latente no solo en estas latitudes, la vigilancia constante y las medidas proactivas son esenciales para disuadir. Como canta la gran banda chilena “Los Tres” en su canción “Olor a gas”, este tipo de conductas “secan el corazón” de la libre competencia, pero gracias a una institucionalidad robusta, quienes incurran en ellas ya no podrán “dormir tranquilos como un lirón” … porque se exponen a una pena privativa de libertad “sin sábanas y sin un colchón”.

*El profesor titular y director del Instituto de Economía UC