La obligación de saber

El mega fraude de Carabineros no deja de dar sorpresas y ofrecer nuevas aristas. La investigación que sigue la Fiscalía ya ha permitido identificar más de 28 mil millones de pesos defraudados al fisco mediante la malversación de caudales públicos desde las cuentas de la institución policial, lo que lo constituye en el escándalo más grande en nuestra historia reciente. Lo más llamativo es que, recientemente, el fiscal que lleva la causa formalizó a familiares de los principales involucrados, esta vez por lavado de activos, uno de los más graves cargos en materia de los delitos corporativos.

La obligación de saber y conocer el origen de los dineros que entran y salen de las empresas y de las cuentas bancarias de las personas es un supuesto establecido no sólo por la ley, sino que también por cualquier mínimo estándar de comportamiento ético y de integridad.

Uno de los criterios esenciales del cumplimiento tiene que ver con el conocimiento de las terceras partes con las que se hacen negocios o se mantienen relaciones y vínculos, el análisis del destinatario final de los capitales o la prevención de delitos corporativos asociados a elementos tan básicos como el lavado de activos y sus delitos precedentes.

En el caso de los familiares de los ex funcionarios de Carabineros involucrados, aparentemente se prestaron como testaferros en una operación en la que pensaban nadie podría detectar esos movimientos. Se equivocaron y se equivocarán siempre quienes creen que la comisión de este tipo tan grave de figuras penales, pueden escapar al escrutinio de los organismos fiscalizadores.

Mientras el sistema fiscalizador, regulador o persecutorio no cuente con herramientas más firmes e inquisidoras que desalienten a los infractores, seguirán apareciendo casos que pueden venir gestándose desde hace mucho tiempo. Pero la enseñanza para las empresas y en especial para sus ejecutivos, es tener muy claro que nadie puede aducir desconocimiento del origen de fondos mal habidos.

Mejoraría este estándar normativo y ético si el Estado tuviera mejores herramientas para cruzar datos, para hacer inteligencia de verdad en materia financiera y trabajar de manera mucho más coordinada a nivel de organismos fiscalizadores para ir cerrando espacios a los lavadores.

Desde el sector privado, corresponde tomar todas las precauciones para cumplir con las exigencias actuales incluso más allá del mero cumplimiento legal. Y nosotros, como ciudadanos y personas comunes, no podemos ampararnos en la excusa del “no sabía” para permitir operaciones aún cuando se trate de familiares o conocidos y amigos. En este campo, la desconfianza no es un defecto, es una virtud vinculada a la idea de hacer lo correcto de la manera correcta.

*Tamara Agnic, experta en compliance, prevención de delitos y anticorrupción.