Las tierras de cultivo se convierten en un punto álgido en las relaciones entre EE.UU. y China

GRAND FORKS, N.D.- Durante más de dos años el alcalde de Grand Forks, cercana a la frontera con Minnesota, respaldó los planes de una empresa china de construir un molino de maíz de US$ 700 millones en las afueras de la ciudad, alegando la perspectiva de nuevos puestos de trabajo, mayores ingresos fiscales y otro lugar para que los agricultores vendieran su maíz.

La semana pasada, Brandon Bochenski dio marcha atrás, horas después de la publicación de una carta de un oficial de las Fuerzas Aéreas en la que se declaraba que el proyecto de la fábrica de maíz constituía un riesgo para la seguridad debido a su proximidad a la base aérea de Grand Forks, a 19 kilómetros de distancia.

“Cuando se trata de seguridad nacional, no creo que la economía importe”, dijo Bochenski, exjugador profesional de hockey que jugó en Rusia y fue elegido alcalde en 2020. “Tienes que trazar una línea dura allí”, indicó.

Bochenski declaró que él y otros funcionarios que habían apoyado el proyecto bloquearían ahora el desarrollo de la sucursal estadounidense de Fufeng Group Ltd., que sigue siendo propietaria de los 370 acres de terreno. Fufeng no hizo comentarios sobre las medidas que podría tomar.

El episodio refleja la intensificación de las preocupaciones sobre si EE.UU. debería restringir la capacidad de los extranjeros, en particular de China, para comprar tierras agrícolas estadounidenses o empresas agrícolas.

Los legisladores y otras personas dicen que quieren asegurarse de que la cadena de suministro de alimentos de EE.UU. está protegida y que China y otros adversarios extranjeros no pueden utilizar la tierra de EE.UU. como un lugar para el espionaje. La preocupación por el espionaje chino se acentuó después de que un presunto globo espía chino fuera identificado en el espacio aéreo estadounidense y posteriormente derribado sobre el Atlántico el sábado.

“Grand Forks y Fufeng se convirtieron en el punto de álgido de un debate mucho más amplio”, declaró el senador Kevin Cramer (republicano por Dakota del Norte), que llevaba meses expresando su preocupación por el proyecto. “El país se dio cuenta colectivamente de que no habíamos estado atentos”, afirmó.

A algunos también les preocupa que los ricos propietarios extranjeros puedan dejar fuera del mercado a los agricultores nacionales o que traten de eludir las normas medioambientales estadounidenses.

Tras la publicación de este artículo, la embajada china declaró que Estados Unidos se beneficiaría de las inversiones extranjeras.

“Nos oponemos a la generalización malintencionada del concepto de seguridad nacional y a la obstrucción y sabotaje de los intercambios normales y la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países”, declaró Liu Pengyu, representante de la embajada.

La retórica en torno al debate ha empezado a inquietar a algunos legisladores, a quienes preocupa que estas propuestas aviven el sentimiento antiasiático.

“Creo que nuestro país pasa por estas olas de búsqueda de comunidades y grupos para convertirlos en chivos expiatorios”, dijo el representante estatal de Texas, Gene Wu, demócrata. “Este es el mismo sentimiento que hizo que la gente pusiera carteles que decían ‘Irish Need Not Apply’”.

Wu se opone, y ha ayudado a encabezar protestas, a la legislación propuesta que prohibiría la compra de tierras en Texas por parte de gobiernos, empresas o ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

Las propiedades chinas de tierras agrícolas estadounidenses han aumentado significativamente en los últimos años, y casi la mitad de los acres de tierras agrícolas en manos chinas a finales de 2020 estaban en Texas, según una base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) obtenida por The Wall Street Journal en virtud de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

En general, los datos muestran que los inversores chinos -individuos, entidades extranjeras o corporaciones estadounidenses con accionistas extranjeros- poseían más de 338.000 acres a finales de 2020, según los datos del USDA, excluyendo las tierras no agrícolas.

Esta cifra es superior a los 75.000 acres de finales de 2010.

Aun así, China posee algo menos del 1% de todas las tierras agrícolas estadounidenses en manos de extranjeros, que en total poseían alrededor del 3% de todas las tierras agrícolas de propiedad privada a finales de 2021, de acuerdo al USDA.

Según un análisis coescrito por Caitlin Welsh, directora del Programa de Seguridad Alimentaria Mundial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esta cifra no representa una porción lo bastante sustancial de la producción alimentaria estadounidense como para poner en peligro la capacidad del país para alimentarse a sí mismo.

Pero hay otros motivos de preocupación. Por ejemplo, los extranjeros ricos pueden estar dispuestos a pagar mucho más por las tierras de labranza de EE.UU., lo que podría dejar fuera de juego a los agricultores estadounidenses, según Welsh. Y puede que “no tengan el mismo nivel de preocupación por la gestión de la tierra y el agua que el propio Estado”, señaló.

El creciente conflicto geopolítico entre EE.UU. y China ha avivado el interés por proteger las tierras de cultivo estadounidenses, aun cuando las economías agrícolas de ambos países están entrelazadas. China sigue siendo el mayor mercado para las exportaciones agrícolas de EE.UU., comprando casi US$ 36.000 millones en productos agrícolas en 2021, según el USDA.

En el Congreso, los legisladores han presentado proyectos de ley bipartidistas para reforzar la supervisión federal de las compras propuestas por extranjeros o bloquear directamente la capacidad de los compradores de China, Rusia, Corea del Norte e Irán para adquirir tierras de cultivo o empresas agrícolas estadounidenses.

La nueva dirección republicana de la Cámara de Representantes ha creado un comité especial sobre China, que se espera que examine la cuestión de la propiedad extranjera de tierras agrícolas estadounidenses.

Pero los cambios más significativos podrían llegar a nivel estatal, donde ha aumentado el interés por medidas que limiten o prohíban la inversión extranjera en tierras agrícolas estadounidenses. Según el National Agricultural Law Center, 22 estados están estudiando medidas para restringir o hacer más estrictos los límites existentes a la propiedad extranjera de tierras agrícolas estadounidenses.

En cambio, sólo ocho estados debatieron medidas similares entre 2021 y 2022. Catorce estados ya aplican algunas restricciones.

En Dakota del Sur, la gobernadora republicana Kristi Noem y legisladores estatales han presentado una ley para crear un comité estatal que revise las compras extranjeras o los arrendamientos a largo plazo de tierras agrícolas por motivos de seguridad nacional.

“Con este nuevo proceso, podremos impedir que naciones que nos odian -como la China comunista- compren tierras agrícolas en nuestro estado”, declaró Noem.

En Grand Forks, las preocupaciones de los residentes iban desde si habría un suministro adecuado de agua, hasta si el molino de maíz propuesto supondría una amenaza para la seguridad nacional de la base aérea de Grand Forks.

“China me preocupa mucho. No hay absolutamente nadie que abogue por los negocios chinos, salvo Grand Forks, Dakota del Norte”, sostuvo Ben Grzadzielewski, contratista general de la ciudad que se convirtió en uno de los principales opositores al proyecto.

En diciembre, el Committee on Foreign Investment in the U.S., o Cfius, un panel federal dirigido por el Departamento del Tesoro que examina las inversiones extranjeras por motivos de seguridad nacional, concluyó que no tenía jurisdicción para llevar a cabo una revisión.

Luego, la semana pasada, los dos senadores estadounidenses del estado hicieron pública una carta de las Fuerzas Aéreas en la que se decía que su opinión era “inequívoca: el proyecto propuesto presenta una amenaza significativa para la seguridad nacional con riesgos tanto a corto como a largo plazo de impactos significativos para nuestras operaciones en la zona”.

Una representante del Ejército del Aire dijo que se remitió al Departamento del Tesoro durante la revisión del Cfius, pero cuando el panel “determinó que no tenía jurisdicción, el Departamento del Ejército del Aire dejó clara su opinión sobre la amenaza significativa del proyecto propuesto”.

Los funcionarios del gobierno federal no han detallado la naturaleza de la amenaza en Grand Forks. Ahora bien, antiguos empleados dijeron que los adversarios extranjeros podrían tratar de aprovecharse de estar sobre el terreno cerca de las operaciones militares, potencialmente para rastrear las actividades de EE.UU. o tratar de obtener información del personal local.

“Hay razones por las que la comunidad de seguridad nacional está preocupada”, manifestó John Carlin, exfiscal general adjunto interino de EE.UU. que ahora codirige la práctica de ciberseguridad en Paul Weiss. “Sabemos que los adversarios quieren acercarse a nuestras bases militares. Quieren tener acceso a la línea de visión, interceptar las frecuencias de radio”, entre otras cosas.

En Grand Forks, el ayuntamiento tiene previsto votar el lunes para bloquear los permisos de construcción y la infraestructura del proyecto Fufeng. Bochenski y otros funcionarios están estudiando otras alternativas para el emplazamiento.

Bochenski dijo que esta vez buscaría una empresa con sede en EE.UU. o en uno de sus aliados. “Sería lo ideal”, concluyó.