Lavado de activos: la confianza minada

Las organizaciones públicas o privadas tienen el deber de prevenir que sus estructuras sean usadas para actividades que atenten contra la integridad, que propicien la corrupción, el lavado de activos o cualquiera otra acción delictual. Sus líderes deben promover y asegurar los mecanismos de monitoreo, control y de alerta para impedir que las empresas, organismos estatales, ONGs o reparticiones públicas, sean utilizadas como vehículo para defraudar.

El reciente caso de la investigación penal seguida contra un exalcalde es una demostración de que el lavado de activos, el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito, son asuntos de especial gravedad y que pueden impactar a todo tipo de organización, en cualquier momento y a plena vista de todos. Tan grave es este caso puntual, que el tribunal de garantía que analizó esta causa dictaminó la prisión preventiva para los formalizados, dado que estos delitos lesionan de manera profunda la fe pública y se pone en riesgo a la sociedad y a la propia democracia.

En mi experiencia, puedo afirmar que todavía hay cierta incredulidad respecto de cuán frecuente y qué tan extendidos están los esquemas de blanqueo de capitales en la economía. Damos por sentado que el lavado de activos está ligado al crimen organizado y al narcotráfico, pero no reparamos en que muchas otras situaciones pasan desapercibidas por su cotidianeidad, por exceso de confianza o por el relajo de los controles asociados al compliance.

Poder y dinero son una combinación a la que hay que poner atención. En el ejercicio del poder público, y también el poder privado, se conducen negocios, acuerdos comerciales, contrataciones y una infinidad de procesos con recursos que son la tentación para el delito. Y el mayor riesgo es la inexistencia o ineficacia de controles transversales, cuando no hay transparencia en la acción de los tomadores de decisión o cuando hay demasiada discrecionalidad, contacto directo y personal entre quienes toman este tipo de acuerdos.

Reducir esos puntos de contacto, automatizar los procesos de adquisiciones o sumar a más actores en el proceso de decisión acerca de qué y cómo se contrata, son algunas herramientas para impedir que la soledad de quien hace negocios sea un camino para el enriquecimiento ilícito. No basta la acción de los organismos fiscalizadores o investigativos, el gobierno corporativo tiene una responsabilidad ineludible de la propia organización que debe asumir que en la relación entre públicos y privados, debe prevalecer la idea de que todos estamos en esto bajo una lógica de fair play.