Ley de fraude con tarjetas: bancos han presentado 18.000 denuncias en juzgados y casi 2.000 querellas desde la vigencia de la ley

Unos US$350 millones podría terminar pagando en 2023 el sistema financiero en su conjunto por el concepto de transacciones no reconocidas por clientes. Esa fue la proyección realizada por la Asociación de Bancos (ABIF) a principios de enero, en el marco de la tramitación de la ley de sobreendeudamiento que, entre otras materias, busca perfeccionamientos a la norma sobre fraude con tarjetas.

El martes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la idea de legislar, pero en la sesión el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mostró su preocupación por lo que está ocurriendo con la ley vigente: “Esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decenas de miles están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir desconociendo una operación, para luego obtener el reembolso de $400 mil”, ejemplificó el titular de la cartera.

Aprobada en 2020, la ley legislación detalla que a partir del momento en que el titular de una tarjeta reporta el extravío, hurto, robo o desconoce una operación realizada con el plástico, el emisor deberá abonar al titular dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso el monto defraudado, si es hasta UF35 ($ 1.288.000 aproximadamente). La obligatoriedad de abonar los recursos exigidos, sumado a la dificultad de acreditar dolo en casos de sospecha de una operación fraudulenta por parte del cliente, ha levantado las alertas en la banca y ha llevado a una creciente judicialización.

Las denuncias ante eventuales fraudes deben presentarse ante el juzgado de policía local y justamente ese dato fue una de las consultas realizadas por los parlamentarios en la sesión del martes. El director de Sernac, Andrés Herrera, indicó que al primer semestre de 2023, los bancos han presentado 4.500 denuncias ante juzgados de policía local, lo que consideró “una cifra bastante baja”.

Según Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, “desde la entrada en vigencia de la ley (mayo 2020), los bancos han presentado cerca de 18.000 denuncias ante los Juzgados de Policía Local y casi 2.000 denuncias o querellas ante el Ministerio Público. La mayoría de estas denuncias se encuentra aún pendiente de resolución. Sin embargo, las sentencias que se han obtenido hasta la fecha han sido desfavorables, por la virtual imposibilidad de probar la culpa grave o dolo. Incluso hay casos donde se han rechazado demandas donde el cliente ni siquiera asistió a la audiencia llamada por el Juez de Policía Local”.

En esa línea, Opazo sostiene que “la judicialización del sistema de pagos que estamos viendo en Chile es inédito a nivel mundial. Esto es el resultado de una mala ley, cuyos efectos negativos se han materializado con extrema severidad, obligando a los bancos a presentar miles de denuncias ante los Juzgados de Policía Local y Fiscalías del Ministerio Público”.

Además, agrega que “las recuperaciones por reembolsos han sido escasas, ya que, tal como se mencionó, la mayoría de las sentencias se han visto afectadas por la casi imposibilidad de probar la culpa grave o dolo. Sin embargo, el tema central es que la ley ha fomentado la normalización una cultura del fraude y más grave aún, en lo más reciente, ha generado graves situaciones de agresiones físicas y verbales a los colaboradores de la banca”.

Por último, Opazo apunta a que “a nuestro entender, existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de abordar los efectos de una mala ley. Es por ello que esperamos que el proyecto de ley reemplace el estándar de responsabilidad de la culpa grave o dolo y reconozca la regla general en materia de responsabilidad civil patrimonial, es decir, culpa leve”.

Una de las entidades más afectadas, considerando el tamaño de CuentaRut, es BancoEstado, cuyo presiente Daniel Hojman, reveló a principios de enero que la entidad había pagado US$120 millones a noviembre de 2023 por este concepto. En tanto, representantes del sindicato de la estatal apuntaron a agresiones sufridas de parte de clientes que, tras el cierre de cuentas producto de la presunción de fraudes, han agredido a trabajadores de la estatal.