Los gigantes del petróleo se apoderan de nuevos terrenos bajo tierra

El año pasado, cuando los agentes que representaban al productor de petróleo y gas Occidental Petroleum OXY acudieron a su distrito rural al este de Houston, Dennis Dugat pensó que le estaban tomando el pelo.

Occidental ofrecía mucho dinero por arrendar no la propiedad o los minerales, sino la roca porosa que se encuentra en las profundidades de la finca de 750 acres de Dugat y sus vecinos. La empresa proponía almacenar allí dióxido de carbono, un procedimiento del que el ranchero y alguacil de 69 años dijo que nunca había oído hablar.

Entonces llegó el gigante energético Chevron y ofreció aún más dinero para arrendar el terreno, lo que convenció a Dugat y desencadenó una guerra de ofertas entre las empresas que cortejaban a los terratenientes locales, afirmó. Dugat acabó arrendando a Chevron, mientras que algunos de sus vecinos optaron por Occidental. ConocoPhillips C y Exxon Mobil también están al acecho en las cercanías, dijo Dugat que ha oído.

“No entiendo muy bien todo lo que están haciendo”, comentó. “Por lo visto, es algo que interesa a mucha gente del petróleo y el gas”, agregó.

Ese algo es el secuestro de carbono, el proceso de tomar dióxido de carbono -el gas de efecto invernadero asociado a la mayor parte de las emisiones que provocan el calentamiento del planeta- y retirarlo de la circulación comprimiéndolo e inyectándolo a gran profundidad bajo tierra. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, si el mundo quiere evitar un peligroso aumento de la temperatura a finales de siglo, necesitará almacenar más de 5.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año de aquí a 2050.

Sus detractores advierten que, como herramienta para reducir las emisiones, el secuestro de carbono es un parche que permite a las empresas evitar las duras medidas de descarbonización. Incluso, muchos partidarios han dicho que el secuestro de carbono es demasiado costoso para tener sentido desde el punto de vista empresarial.

Las empresas de combustibles fósiles han sido algunas de las más activas en la exploración de esta tecnología, en parte porque la inyección de carbono en yacimientos petrolíferos en declive ha sido durante décadas una forma establecida de aumentar la producción.

Ahora, alentadas por las enormes subvenciones aprobadas el año pasado en Estados Unidos para capturar y almacenar dióxido de carbono, algunas de las principales empresas energéticas del mundo y un puñado de empresas emergentes se están lanzando silenciosamente a la conquista del subsuelo.

Exxon se rehusó a hacer comentarios. Las demás empresas reconocieron haber realizado actividades de arrendamiento en la región, pero no quisieron hablar en detalle de sus estrategias de adquisición de tierras.

Hasta ahora, gran parte de la atención se ha centrado en un tramo de aproximadamente 600 millas de la costa del Golfo, entre Corpus Christi (Texas) y Nueva Orleans. Esa zona está repleta de refinerías de petróleo, plantas químicas y otras instalaciones que la convierten en una de las mayores fuentes concentradas de emisiones industriales de CO2 de Estados Unidos.

La zona cuenta además con la geología adecuada para mantener el CO2 bajo tierra, así como con una red de tuberías que puede utilizarse para transportar el gas entre las instalaciones que lo emiten y los agujeros del subsuelo donde se inyectará.

Según los ejecutivos del sector, muchas empresas mantienen en secreto sus actividades de arrendamiento para evitar que sus rivales se abalancen sobre ellas y suban los precios. Esas empresas pagan una prima por la firma de entre varios cientos de dólares y 1.000 dólares por acre, con la posibilidad de pagos anuales más pequeños y una parte de los cánones que hoy en día pueden alcanzar los US$ 4 o más por cada tonelada métrica de CO2 inyectada posteriormente, dicen.

En marzo, Occidental anunció que había arrendado 55.000 acres para el secuestro de carbono en tres condados de Texas, incluido Chambers, donde se encuentra el rancho de Dugat, parte de los al menos 287.000 acres que ha asegurado para este fin en Texas y Luisiana. Chevron y dos socios declararon el mismo mes que habían arrendado 100.000 acres para almacenar carbono sólo en los condados de Chambers y Jefferson, más de una décima parte de la superficie total de los condados.

Según los anuncios públicos, las empresas han arrendado o se proponen arrendar alrededor de 480.000 acres de tierra para el almacenamiento de CO2 en Texas y Luisiana, señala Tip Meckel, que investiga la captura y secuestro de carbono en el Centro del Carbono de la Costa del Golfo de la Universidad de Texas en Austin. Esa cifra duplica la de los arrendamientos marítimos en el Golfo de México y podría dispararse una vez que se establezcan las normas federales para el almacenamiento de dióxido de carbono en esas zonas, aseguró.

En mayo, el Departamento de Energía destinó US$ 242 millones en financiación para nueve proyectos de almacenamiento de CO2 y señaló que aún le quedaban unos US$ 2.000 millones por desembolsar. Las empresas también están ansiosas por obtener créditos fiscales en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación.

En el territorio más demandando, la atención ha llevado a una prisa por asegurar los derechos sobre la tierra similar a la que experimentó la industria del petróleo y el gas al comienzo del auge del esquisto de mediados de la década de 2000, explica Charles Fridge, un petrolero de tercera generación que pivotó su pequeña empresa de petróleo y gas a la captura y secuestro de carbono en 2019, cuando su principal inversor decidió salir de los combustibles fósiles.

Fridge indicó que se presentará en “una sala de conferencias o en una mesa de comedor y el asiento aún estará caliente” de rivales que también buscan arrendar esa tierra.

Sin duda, algunas de las mayores propuestas de almacenamiento de carbono están aún en estudio, como un enorme centro de captura y secuestro cerca de Houston que, según Exxon, podría costar US$ 100.000 millones.

El negocio es tan nuevo -sólo se han concedido permisos para cuatro pozos de inyección de CO2 en Estados Unidos, aunque hay casi 100 en estudio- que aún no se han resuelto muchos detalles legales y reglamentarios, desde quién posee exactamente los derechos sobre el “espacio poroso” de las rocas que atrapan el dióxido de carbono, hasta quién es responsable si el gas comprimido se filtra fuera de la zona arrendada a la propiedad subterránea de otra persona.

Algunos ecologistas y geólogos advierten de que quizá no sepamos muy bien qué ocurrirá cuando se bombee gas a presión en cantidades tan grandes dentro de la tierra, y que las fugas inesperadas podrían ser peligrosas o incluso mortales si sale suficiente CO2.

Un proyecto de gran envergadura a medio camino entre Nueva Orleans y Baton Rouge (Luisiana), en el que el dióxido de carbono se inyectará bajo un lago de un popular parque, suscitó tanta oposición local que los legisladores estatales propusieron este año una serie de leyes para detener el proyecto y frenar el secuestro de carbono. La mayoría fue rechazada, pero se aprobó un proyecto de ley que endurece la normativa y aumenta las tasas para los proyectos de almacenamiento de CO2.

Algunas empresas han tenido tanta prisa por conseguir espacio subterráneo que han alquilado propiedades sin comprobar a fondo si la geología era la adecuada, afirmaron algunos ejecutivos del sector.

“Ahora la estrategia es: asegúralo; ya veremos los detalles más tarde”, manifestó Kirk Barrell, geólogo especializado en petróleo y gas cuya empresa, Barrell Energy, está reuniendo a grupos de propietarios de tierras para proyectos de secuestro de carbono en cuatro zonas de Texas y Luisiana.

Verde CO2, con sede en Houston, la empresa de captura y secuestro de carbono fundada por Fridge, busca zonas rurales cercanas a polígonos industriales y gasoductos de dióxido de carbono que tengan una capa profunda de roca porosa para inyectar el CO2 líquido, cubierta por roca impermeable que impida la salida del gas.

Verde filtra las zonas en las que hay antiguas perforaciones para combustibles fósiles -un riesgo de fuga-, así como las extensiones en las que alguien más posee los derechos sobre el petróleo y el gas de la propiedad, lo que podría dar lugar a un embrollo legal más adelante.

El mapa de Verde de la región de la costa del Golfo donde se encuentra el rancho de Dugat está plagado de grandes óvalos rojos con la etiqueta “evitar”, así como de bloques multicolores de terrenos de primera calidad.

Para sondear esos codiciados lugares, las grandes empresas se apoyan en corredores independientes conocidos como landmen, que históricamente se ganaban la vida negociando contratos de arrendamiento de pozos de petróleo y gas. Little Verde se encarga de la mayor parte de la promoción, y Fridge y el presidente de la empresa, Jon Grimmer, realizan reuniones con asados y hamburguesas.

Dugat, cuya familia posee tierras en la zona desde la década de 1850, dice que le gustó la idea del secuestro de carbono porque le permitiría seguir utilizando su granja para el ganado y el heno.

Sostuvo que Chevron le pagó varios cientos de dólares por acre por adelantado; una de sus vecinas señaló que se fue con Occidental porque le ofreció pagar más rápido.

“Están gastando mucho dinero”, comentó Dugat. “Todo el mundo intenta poner el pie en la puerta”, añadió.