Los impactos en las investigaciones tributarias que tendría la nueva figura del denunciante anónimo

Uno de los temas que será probablemente uno de los más discutidos cuando se comience a tramitar en la Cámara de Diputados el proyecto de cumplimiento tributario será la creación de la figura del denunciante anónimo.

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De acuerdo a lo que ha transmitido Hacienda, tendrán la calidad de denunciantes anónimos las personas naturales que, de manera voluntaria, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación del presunto infractor o imputado de dichos delitos.

El denunciante anónimo tendrá derecho al 10% de la multa que se aplique como consecuencia del procedimiento judicial realizado a partir de la información proporcionada.

Uno de los argumentos que presentará Hacienda en el debate será que la figura del denunciante anónimo tiene un efecto directo en la recaudación al proveer de información útil para identificar a potenciales evasores.

Y para ello citará algunos estudios sobre la materia. Uno de ellos es el de Andrew Call de la Universidad de Arizona State (2017), que encontró que las causas en que participan informantes consiguen multas más altas y sentencias de presión más largas para los ejecutivos culpables. Así, “la probabilidad de una sanción monetaria incrementa en un 8,6%, y la probabilidad de una sanción penal en un 6,6%”.

Otro ejemplo que mostrará es la investigación de Jaron H. Wilde, de la Universidad de Iowa (2017) es que, para el caso de Estados Unidos, las empresas sujetas a acusaciones de denunciantes anónimos se ven disminuciones significativas en la presentación de informes financieros incorrectos y en la planificación tributaria agresiva, en comparación con las empresas de control. Se observó que este efecto disuasorio persiste durante al menos dos años más allá del año de la acusación.

Asimismo, mencionan que “la recaudación efectiva a partir de denuncias anónimas es relevante, aunque relativamente acotada en comparación a los ingresos fiscales”. Por ejemplo, dice el análisis de Hacienda, que “en el caso de Estados Unidos la administración tributaria recauda alrededor de 300 millones de dólares al año en impuesto a la renta como resultado de denuncias anónimas (Amir, Lazar, & Levi, 2018). No obstante, el efecto indirecto de estos programas, es decir, la disuasión de la evasión fiscal puede tener un impacto mucho mayor y resultar en un aumento significativo en las recaudaciones”.

Otro punto que se destaca es el uso de recompensas monetarias, el cual se ha implementado en diversos países como incentivo para fomentar las denuncias.

Mencionan en Hacienda, que en Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur e Inglaterra son ejemplos de países que ofrecen incentivos económicos a los denunciantes. “Es común a todas las administraciones que, para ser elegible al beneficio, el denunciante debe haber proporcionado información que haya contribuido significativamente al caso”.

En Chile, lo que dice la propuesta del gobierno es que se entregará el 10% de la multa que se aplique como consecuencia del procedimiento judicial realizado a partir de la información proporcionada.

En otros países como Estados Unidos , se entrega entre un 15% a 30% de lo recolectado por la autoridad fiscal; Corea del Sur entre un 5% a 20% de los ingresos recaudados con un tope de US$3,5 millones; Canadá entre 5% a 15% siempre y cuando el ingreso recaudado sea superior a US$75 mil y en Reino Unido los pagos son discrecionales y dependen del caso a caso.