¿Los niños primero?

Nos quedamos muy impresionados cuando hace algunos años salieron a la luz pública una serie de casos del Sename y menores que removieron en forma importante a la opinión pública y cómo en su momento la clase política levantó el tema para poder ser trabajado en forma transversal en donde “Los niños primero” se transformó en una demanda que generó transversal acuerdo y esperanzadoras iniciativas a objeto de poder corregir un problema importante y prioritario.

Ahora bien, han pasado algunos años y si bien en su momento hubo mucho consenso, en el camino nos topamos con una serie de prioridades como los eventos de octubre del 2019, una pandemia mucho más profunda de lo que se pensó y un proceso de construcción de una nueva constitución que a nivel de opinión pública están marcando importantemente la pauta y construcción de prioridades. En este camino, ¿qué pasó con priorizar a los más pequeños? ¿era algo relevante? ¿Valdrá la pena que antes de plantear una discusión constitucional nos unamos para darle solución a este problema?

Resulta impactante el informe del Banco Mundial y Ministerio de Educación de cómo el COVID-19 afectó los resultados de las brechas de aprendizaje en un contexto adverso de la pandemia en la escolaridad en Chile. De hecho, la pérdida de aprendizajes en relación con los conocimientos adquiridos en un año normal fluctuaría de un 15% a un 50% para el quintil más rico y más pobre respectivamente, lo cual resulta preocupante y difícil de revertir en el contexto actual.

Fuera de este levantamiento, el reciente estudio de Elige Educar y Fundación Educacional Oportunidad nos vuelve a levantar un tema que resulta aún más delicado y se mezcla con una tendencia en la cual existe menos interés por la pedagogía y que al mismo la calidad de los postulantes decae, lo cual irá acrecentando los problemas si no son corregidos a tiempo. En concreto, focaliza su análisis en la formación de primera infancia y cómo en virtud de la actual tendencia se llegaría al año 2025 a un déficit de 22% de educadores en donde las regiones más afectadas por este déficit serían Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Los Lagos, Aysén y Los Ríos. Esto implica que cualquiera sea la política pública futura que propongamos, tendrá como consecuencia una crecientemente deficiente formación y capacitación de las personas que resultan fundamentales para poder proponer un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo.

Es un imperativo ético que antes de plantear una hoja de ruta constitucional para satisfacer una serie de voluntades o derechos, acordemos un verdadero pacto social para lograr un acompañamiento en la calidad formativa de los niños, especialmente los más vulnerables en la etapa inicial de su formación. Sólo en la medida que corrijamos el problema en el origen, priorizando la calidad de formación de nuestros niños primero, vamos a poder aspirar en definitiva a creer en un país más desarrollado e inclusivo.