Los primeros sectores económicos en los que se focalizará la nueva unidad de crimen organizado del SII

Una de las innovaciones que está impulsado el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry es poner un foco en el combate contra el crimen organizado. Y es por ello, que para potencia esa labor, es que se creó la Oficina de Crimen Organizado.

Esta unidad tiene por objetivo coordinar, cooperar y colaborar de manera eficaz y eficiente a nivel interno y con otros organismos públicos, en el análisis, detección y entrega de información para el combate en contra de delitos relacionados con el crimen organizado.

Según detalla el SII, este trabajo se refuerza además con la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario, que incorpora medidas específicas para potenciar el combate contra el crimen organizado, entre las que destacan el procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario, la figura del denunciante anónimo, la información sobre proveedores de bienes usados y la obligación de identificar al comprador cuando se realizan operaciones en efectivo por más de $5 millones.

La oficina estará a cargo de un ingeniero comercial que tiene más de 20 años de trayectoria en el SII en diferentes cargos en la Subdirección de Fiscalización, entre ellos, como jefe del área de Fraude e Informalidad.

En una primera etapa está integrada por 12 profesionales, entre ellos fiscalizadores, una abogada especializada en delito tributario, dos ingenieros Civiles Industriales y un ingeniero civil Matemático para la creación de modelos de funcionamiento de las mafias.

Asimismo, según explica el Servicio inicialmente se crearon grupos de trabajo en tres áreas temáticas específicas, las que después se irán ampliando: el robo de salmones; el robo de vehículos, su venta y la venta de partes y piezas; y los Proveedores y abastecedores del Comercio Informal.

Paralelamente, explican que para este trabajo está en desarrollo un proceso de reuniones de contacto y coordinación con distintas entidades públicas y organizaciones privadas, como la Fiscalía, Carabineros, PDI, SERNAPESCA, ANAC, Aduanas, industria salmonera y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Estas son las acciones que incorpora la nueva Ley de Cumplimiento Tributario:

• Procedimiento judicial Simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario. La Ley incluye un procedimiento simplificado (sin oposición del contribuyente) y modifica el procedimiento judicial general, mejorando los plazos y suspendiendo la prescripción en favor del SII.

• En casos de sospecha de delitos tributarios, se permite que, previa autorización judicial, se acceda a la información bancaria sin advertencia al contribuyente sospechoso.

• Denunciante Anónimo y colaboración sustancial. Se establecen mecanismos que promueven, mediante la reducción de la pena, la cooperación eficaz de los contribuyentes, cuando facilitan el esclarecimiento de los hechos y los responsables, entregando datos precisos y sustanciales.

Respecto del Denunciante Anónimo, se facilitarán las denuncias y se incentivan con una retribución del 10% de las multas que correspondan, siempre que el monto defraudado supere las 100 UTA ($80 millones aproximadamente).

• Control de proveedores de vendedores habituales de bienes muebles usados. Se incorpora un nuevo artículo al Código Tributario, a partir del cual los vendedores habituales de bienes usados, como repuestos y piezas de vehículos y otros casos análogos que el Director determine mediante resolución, deben ahora emitir un documento tributario que identifique a su abastecedor, los bienes adquiridos y su cantidad.

• Incremento de las sanciones asociadas a quienes comercializan productos robados.

• Operaciones en efectivo. Se incorpora un nuevo artículo al Código Tributario, estableciendo que las operaciones de compra y venta que superen cierto límite, el que no podrá ser inferior a las 50 unidades de fomento ni superior a 135 unidades de fomento o sus equivalentes en moneda extranjera, podrán efectuarse con cualquier medio de pago legalmente aceptable, en la medida que se encuentren respaldadas en cualquier documento que registre la identidad del pagador.

En lo que va corrido del año, el SII ha presentado un total de 176 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas durante todo el año 2023.

Respecto del perjuicio fiscal asociado a estos delitos, las causas acumulan este año un monto estimado en más de $144.968 millones, prácticamente el doble de lo verificado en todo el 2023 ($76.869 millones).

La mayor parte de estas causas se relacionan con delitos vinculados con uso y facilitación de facturas falsas; presentación de declaraciones de IVA y Renta maliciosamente falsas o incompletas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividades con información falsa.