Mega es condenado a pagar millonaria indemnización y pedir disculpas en el matinal por despido de Paulina de Allende-Salazar
Tribunal declaró que despido de la periodista el 6 de abril de 2023 fue injustificado, tras proferir en pantalla un exabrupto al referirse en vivo al carabinero Daniel Palma, recientemente asesinado.
En un contundente fallo de 134 páginas, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó al canal de televisión Mega a pagar una indemnización de más de $260 millones a la periodista Paulina de Allende-Salazar y a pedir disculpas públicas en su programa matinal “Mucho Gusto” por su despido “injustificado”, en abril de 2023, tras haber sufrido un exabrupto en la transmisión en vivo de la cobertura del homicidio del carabinero Daniel Palma y haber proferido la expresión “paco” en ella.
El dictamen de primera instancia, reclamable ante la Corte de Apelaciones y Suprema, respondió a una demanda por despido injustificado o improcedente interpuesta por la periodista en contra de la compañía matriz del canal, Megamedia S.A., y del presidente de su directorio, Carlos Heller Solari.
Paulina de Allende-Salazar fue despedida el 6 de abril de 2023, cuando trabajaba durante la mañana en la cobertura en vivo de la violenta muerte del cabo primero de Carabineros Daniel Palma Salazar, “cuando fue inesperadamente notificada de su despido sobre la base de un injusto y por demás espurio fundamento legal, que se le imputó una conducta profesional contraria a la integridad profesional, y que causó un grave y público daño contra su honra, su buen nombre, su dignidad personal, su credibilidad y su reputación profesional”, reclamó en su demanda.
“Mientras apresuradamente se desplazaba junto a su equipo en un vehículo del canal, por un sector de la ciudad totalmente intervenido por un gran despliegue policial destinado a la captura de los responsables del crimen, hizo uso del término coloquial chileno ‘paco’, para referirse al carabinero asesinado, lo que inmediatamente corrigió al darse cuenta del lapsus linguae, y prosiguió despachando la información del minuto según se le había ordenado”, comentó en su acción judicial.
La desvinculación de la profesional se llevó a cabo en la tarde de ese mismo día, lo que fue acompañado por comunicados públicos del canal donde pedía disculpas por el exabrupto de su empleada y deslindaba responsabilidades ante el error.
La decisión de la empresa fue condenada por el tribunal al señalar que había vulnerado las garantías constitucionales de la trabajadora: “En cuanto a la denuncia de tutela laboral con ocasión de despido deducida por doña María Paulina de Allende-Salazar León, a su ex empleadora Megamedia S.A., ésta se acoge, declarándose: 1.- Que se declare que en el despido efectuado se han vulnerado abiertamente las garantías constitucionales, y en especial, la de protección a su honra y libertad de información, contemplada en el artículo 485 del Código del Trabajo; en relación con los numerales 4 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 489 del mismo cuerpo legal”, dijo el fallo firmado por la jueza titular del tribunal, Luz Celedón, y que se dio a conocer en la noche del 2 de enero.
“Que la causal de término de contrato invocada por la demandada no ha sido acreditada, razón por la cual resulta injustificada, por lo que debe entenderse que el término de contrato fue producido por la causal del artículo 161 inc. 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa”, agregó.
El castigo
De Allende-Salazar trabajaba en el matinal de Mega desde el 1 de marzo de 2021, donde había cumplido funciones de editora periodística, realizadora de contenidos multiplataforma, conductora de espacios informativos y noticiarios, y animadora. Anteriormente, se había desempeñado durante 20 años en TVN. La remuneración bruta pactada de la periodista con Mega ascendía a $10.626.988. Sobre esa base, la magistrada dictaminó que se le pague una indemnización convencional por término de la relación laboral, que estaba contenida en la cláusula 10 de su contrato de trabajo, correspondiente a 22 meses y 24 días, que asciende a $242.295.326, con reajustes e intereses. A ello se le sumó un pago por “daño extrapatrimonial” de $20 millones, con reajustes e intereses, contados desde la fecha en que quede ejecutoriado el fallo.
Sin embargo, la sanción establecida por el tribunal no se quedó en lo pecuniario, sino que fue más allá, pues condenó al canal de televisión a “medidas reparatorias”. Entre ellas, deberá emitir una disculpa pública “en el programa Mucho Gusto, por la vulneración de su honra, por la vulneración de su libertad de emitir opinión e informar sin censura, la que deberá ser leída por sus conductores, transmitida y replicada por los mismos medios y plataformas de Megamedia en que la vulneró con sus comunicados, y en el mismo horario que se emitió el primer comunicado (12 horas); dentro de un plazo que no podrá exceder los 3 meses de finalizado el presente juicio”, explicita el fallo.
Además, el canal deberá recibir una capacitación sobre derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística realizada por el Colegio de Periodistas de Chile, a todos los trabajadores que posean el título profesional de periodista o licenciado en comunicación, así como a todos sus gerentes, cursos que deberán ser 100% presenciales, salvo para quienes acrediten una licencia médica, y que deberá costear la empresa. Asimismo, el Departamento de Prensa del canal deberá establecer un procedimiento objetivo, visado por la Dirección del Trabajo, que permita que los periodistas contratados por la estación, frente a errores comunicacionales o en despachos en vivo, sean oídos y se les permita efectuar las correcciones o rectificaciones en pantalla.
Declaraciones de colegas
Al analizar el fallo, el abogado de la periodista, Joaquín Cabrera, resaltó que el fallo “condena a Megamedia por haber violado la honra de la trabajadora al exponerla públicamente a través de comunicados en donde se le acusa de haber afectado la imagen del canal al haber usado el término ‘paco’ para referirse a la muerte del Suboficial Mayor Daniel Palma. También se le condena por haber conculcado la libertad de opinión y derecho a la información de Paulina”.
Asimismo, destacó que, entre los medios de prueba citados por la jueza, se encuentra “el profuso uso que hizo Mega de los conceptos ‘pacogate’ y ‘milicogate’ en su programación y redes sociales sin ningún tipo de cuestionamiento”. Además, citó a declarar a periodistas conocidos como Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015 y experto en ética periodística, “quien cuestionó la ética en el comportamiento del canal al despedir a la trabajadora sin siquiera escucharla”. Por su parte, el excompañero de De Allende-Salazar en el programa Informe Especial de TVN, Santiago Pavlovic, señaló como testigo que el despido había sido “manu militari”, es decir, “irreflexivo, violento y escandaloso”. En tanto, el exdirector de La Tercera, Fernando Paulsen, indicó que “Paulina había pedido inmediatas disculpas luego de su error, lo que es poco frecuente en los medios de comunicación, lo que hace de su comportamiento un acto responsable y ético”.
El abogado Cabrera también recordó la actitud del retirado general de Carabineros Álex Chaván, quien se negó a hablar con la prensa si De Allende-Salazar se encontraba entre los periodistas que requerían de sus declaraciones. “Se trata de un fallo contundente, de gran impacto jurídico y ético para los medios de comunicación, que protege el rol profesional de los periodistas y la prensa en general ante el abuso de los medios de comunicación y, de paso, pone en su lugar al exgeneral Chaván que, al negarse a declarar si la periodista estaba presente, hizo un acto de censura que Mega avaló al despedir a la trabajadora por dicha destemplada reacción”, dijo.
Consultado un portavoz del canal de televisión, manifestó que Mega no se refiere a procesos judiciales en curso, pero aclaró que la empresa apelará a las instancias correspondientes.
Considerando las eventuales apelaciones que presente Mega, que ha sido representado por el abogado Pedro Irureta, se espera que el proceso concluya completamente a fines de 2025.
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