Era pasada la medianoche del 17 de mayo de 2023 -hace un año-, cuando la abogada María Leonarda Villalobos Mütter, mantuvo una conversación por WhatsApp con Ariel Sauer, socio de Factop.

- “Ari, acuérdate del crédito. No tengo ni uno”, escribió la abogada.

- “No me cursaron nada hoy. Tendré que abonarte mañana Leíto”, respondió Sauer.

- “Ok”, agregó Villalobos.

Un mes después de este intercambio, Villalobos grabó una conversación privada en el estudio del abogado Luis Hermosilla, la que hasta el día de hoy tiene repercusiones políticas y judiciales.

Hoy ese primer diálogo forma parte de un escrito que presentó Villalobos la semana pasada al 7º Juzgado Civil de Santiago. ¿La razón? La abogada busca ser reconocida como acreedora en el proceso de liquidación concursal del factoring de propiedad de los hermanos Daniel (45) y Ariel Sauer Adlerstein (50) y de Rodrigo Topelberg Kleinkopf (45). La jurista insiste en que Factop le debe $410 millones, y por lo mismo, lanzó una nueva arremetida tras fracasar la reorganización de la empresa.

En aquella oportunidad, la veedora Daniela Camus desestimó la validez a los documentos presentados por Villalobos, pero ahora, a diferencia del proceso anterior, la abogada adjuntó el pantallazo de esa escueta conversación por WhatsApp con Ariel Sauer.

La abogada Leonarda Villalobos saltó a la esfera pública luego de que en noviembre del año pasado Ciper revelara el audio de la conversación privada que ella sostuvo el 22 de junio de 2023 junto al abogado Luis Hermosilla y al empresario Daniel Sauer. Ella grabó sin autorización y en conversación con La Tercera dijo que ese día buscaba encarar a Sauer por haber usado sin autorización la empresa de su esposo, Luis Angulo, para emitir facturas falsas.

En el diálogo que se extendió por poco más una hora, los tres reunidos planeaban el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Hoy los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg permanecen detenidos en Capitán Yáber, luego de ser formalizados por el Ministerio Público por nueve hechos constitutivos de delitos, entre los que destacan estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y lavado de activos.

En el proceso de quiebra de Factop, la abogada Villalobos para fundar su crédito de $410 millones adjuntó las cartolas y comprobantes de cinco depósitos bancarios que realizó el factorig a su cuenta del Banco Bice por el pago de intereses.

En su presentación, Villalobos adjuntó un contrato de cuenta corriente mercantil en pesos que firmó el 3 de abril de 2018 junto a Factop. En el documento, ella y el factoring “se obligan recíprocamente a remitir o recibir en propiedad cantidades determinadas de dinero o valores, sin aplicación a un empleo o usos determinados y sin obligación de mantener, la una a la otra orden de la otra, una cantidad o valor equivalente, pero con cargo de acreditar a favor del respectivo remitente, sus remesas, y de liquidar en las épocas convenidas las cuentas de débito y de crédito”.

“Los valores del débito y del crédito se fijarán en pesos de la fecha de entrega o liquidación, sumas las cuales devengarán un interés del 1% mensual”, acota el escrito firmado ante la 42° Notaría de Santiago.

Su esposo, Luis Angulo Rangel, cientista político, también solicitó ser reconocido como acreedor, detallando que Factop le debería $600 millones. Ambos son representados por el abogado Nicolás Talep.

Por otro lado, miembros de la familia de Rodrigo Topelberg Kleinkopff también buscan ser reconocidos como acreedores en el proceso de liquidación forzosa de Factop. Su hermana, Nicole Topelberg, verificó un crédito por $331 millones. Su madre, Aida Kleinkopff Waissbluth, solicitó el pago de $339 millones, y su cuñada, Yudith Speisky Rozenabu, hizo lo mismo por $100 millones.

Topelberg también exigió al tribunal reconocer los créditos que mantenía pendiente de pago Factop con sus sociedades de inversión: Toklein Limitada ($563 millones); Narek Limitada ($573 millones) y Tanuka ($5.490 millones).

Además su esposa, Yael Speisky Rozebaun, solicitó ser reconocida como acreedora del factoring, asegurando que Factop le debe $126 millones.

Por su parte, Tanner Servicios Financieros, representado por el abogado Francisco Bañados, verificó un crédito por $5.919 millones y solicitó la preferencia hipotecaria sobre cuatro inmuebles ubicados en Panguipulli, Chillán y Chonchi.

En tanto, el fondo de inversión Global SME Growht, asesorado por el abogado Esteban García, solicitó ser reconocido como acreedor, verificado un crédito por $6.190 millones.

En la misma línea, Lago Ranco SpA, de propiedad del ex CEO de Patio, Álvaro Jalaff, verificó un crédito por $1.400 millones.

Por último, lo mismo hizo el Fondo de Inversión Privado Zúrich Deuda Privada, detallando una deuda por $4.320 millones.