Cada vez más compleja se vuelve la trama de los cheques falsos de Primus. El segundo factoring no bancario más relevante de la plaza se enfrenta en tribunales a dos exejecutivos, quienes se habrían concertado para defraudar a la compañía con cuantiosas sumas de dinero. Se trata de Francisco Coeymans, exgerente general y Ignacio Amenabar, exdirector comercial.

De acuerdo a una revisión realizada por Pulso en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial, entre el 30 de mayo y el 1 de agosto de 2023, la empresa, controlada por el empresario Raimundo Valenzuela, ha presentado en tribunales 39 demandas de liquidación forzosa exigiendo el pago de deudas que, según han contabilizado, suman $53.051 millones. El 20 de julio, este medio publicó que Primus solicitó la quiebra de 24 sociedades y acusó una deuda por $42.145 millones.

Posteriormente, la ejecutiva Daniela Vásquez de Primus, presentó una denuncia de tutela laboral en contra de la empresa, siendo la tercera en interponer una acción de este tipo después de Amenábar y Coeymans en el marco del caso de cheques falsos.

En sus acciones, la Primus busca recuperar parte de los dineros defraudados por una serie de sociedades, la cuales habrían accedido a esos montos por las relaciones que mantenían sus exejecutivos.

Frente a la arremetida legal, un grupo de sociedades demandadas por Primus lanzaron una contraofensiva e iniciaron juicios de jactancia. Se trata de una acción que es regulada por artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el cual estipula que “cuando alguna persona manifieste corresponderle un derecho de que no esté gozando, todo aquél a quien su jactancia pueda afectar, podrá pedir que se la obligue a deducir demanda dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento, si no lo hace, de no ser oída después sobre aquel derecho. Este plazo podrá ampliarse por el tribunal hasta treinta días, habiendo motivo fundado”.

Al 6 de agosto de 2023, 14 firmas han presentado acciones para anular pasivos que suman $15.104 millones y que Primus exige su restitución.

El 20 de julio, ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, Pedro Pablo Larraín Mery, presidente ejecutivo y socio de Sartor Finance Group, solicitó declarar la nulidad de una deuda ascendente a $314.898.066, la cual es exigida por Primus. El mismo día, Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, sociedad que él representa, inició también un juicio de jactancia ante el 19º Juzgado Civil de Santiago solicitando la nulidad de la misma deuda. Sartor está dedicado a la gestión de patrimonios e inversiones y es el actualmente controlador de Azul Azul.

Pedro Pablo Larraín es uno de los fundadores de Sartor Finance Group, empresa creada en 2012. Ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, trabajó en la banca privada de CitiBank y antes en EuroAmerica y Compass Group. Según la memoria 2022 de Azul Azul, Inversiones Quisis es controlada por Larraín y su esposa y tiene el 15,188% de Azul Azul. Larraín, por si solo, reporta el 7,5946% de Azul Azul.

“Don Pedro Pablo Larraín Mery tomó conocimiento que Primus Capital SpA. publicación en la plataforma de DICOM, a través de la cuales señala que don Pedro Pablo Larraín Mery le adeudaría una cantidad de total de $314.898.066. Lo publicado por Primus Capital SpA. no resulta ser efectivo, toda vez que don Pedro Pablo Larraín Mery nada le adeuda, siendo en consecuencia la publicación una mera jactancia sin un motivo que encuentre justificación en la realidad”, consignó el escrito presentado por el ejecutivo.

Desde la sociedad Quisis respondieron a Pulso que “lo único que existe es una diferencia comercial entre las partes respecto de una obligación de $ 250.000.000 que Quisis mantiene con Primus”. En la firma añadieron que “el 10 de junio de 2021, Primus y Quisis suscribieron un acuerdo de financiamiento para adquirir unos terrenos en el sur del país, financiamiento que se otorgó por la suma de 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos). En dicha operación se acordó que el financiamiento se pagaría en períodos de 180 días renovables mientras se realizaba la parcelación de los terrenos. Posteriormente a ello, se acordaron nuevos plazos entre las partes, reduciéndose los períodos de pago a 90 días”, añadieron”.

“Quisis dio cumplimiento a sus obligaciones, pagando la primera cuota el día 30 de marzo de 2023. Posteriormente, en junio de 2023, cuando correspondía el nuevo vencimiento, Primus desconoció los términos de pago acordados, procediendo al cobro total de la deuda, vulnerando los acuerdos previos y aplicando una tasa de interés distinta a la pactada en los respectivos instrumentos”, complementaron.

La deudora, agregaron, es Quisis, y Pedro Pablo Larraín firmó como aval de esa operación.

Larraín Mery es representado por el abogado Ignacio Rousseau, asociado de Guzmán y Cía. Rousseau también patrocina las demandas de jactancia que iniciaron Automotora AGN SpA y Guzmán y Asociados SpA, representadas por el también abogado Antonio Guzmán.

A través de un escrito de 13 páginas Primus, contestó el pasado viernes a Larraín que “la presente acción de jactancia ha sido deducida con el solo objeto de sacar indebido provecho del fraude sufrido por Primus, que es de público conocimiento, cuya totalidad de autores y partícipes ajenos a la compañía aún está por determinarse y que ha propiciado que oportunistas deudores pretendan desconocer las obligaciones que contrajeron con nuestra representada, para lo cual han buscado diversas estrategias para eludir el pago de lo que deben”. La respuesta argumenta que “una de esas argucias ha sido la interposición en bloque de acciones de jactancia por diversos deudores en contra de Primus a fin de obtener ventajas ilegítimas de la lamentable situación sufrida por esta parte, mientras se investiga y devela el alcance de la defraudación, sus partícipes y el monto exacto de las obligaciones adeudadas por diferentes deudores”

En la misma línea actuó el abogado del cantante urbano Pailita y ex representante del también cantante DJ Mendez, Antonio Guzmán, representante de las sociedades Guzmán y Asociados SpA; Automotora AGN SpA; Guzmán y Asociados SpA y Sociedad de Inversiones Mountain Road SpA, las que adeudarían a Primus $3.904 millones.

“Hay que esperara que los tribunales funcionen a fin de establecer la posición que primará. Estamos tranquilos, porque no tengo nada ver con los hechos que se imputan”, dijo a Pulso el abogado Antonio Guzmán.

De la misma forma, el abogado Gonzalo Diéguez, representante de Dieguez Abogados SpA; Inversiones Phantom SpA; Foxy Global Trading SpA; Inversiones Phantom SpA e Inversiones ADM S.A solicitó en tribunales declarar la nulidad de pasivos que suman $2.610 millones, los cuales son cobrados por Primus. El jurista es especialista en derecho deportivo.

A ellos tres se suman también las dos acciones de jactancia que presentó la abogada Solange Rodríguez, como persona natural y en representación de la sociedad Vega Sur SpA. La abogada también forma parte también de Guzmán y Cía. En su presentación del 27 de junio, la abogada sostuvo que “que tomé conocimiento que Primus Capital SpA. realizó una publicación en la plataforma de DICOM, a través de la cuales señala que le adeudaría una cantidad de total de $ 1.133.269.349. Lo publicado por Primus Capital SpA. no resulta ser efectivo, toda vez que nada debo, siendo en consecuencia la publicación una mera jactancia sin un motivo que encuentre justificación en la realidad”.

Por otro lado, Primus Capital SpA ha continuado presentado demandas de liquidación forzosa durante agosto. Es así como en el primer día del presente mes ha interpuesto cuatro acciones de este tipo, exigiendo la restitución de $3.033 millones.

La demanda más relevante corresponde la presentó en contra de Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sicall SpA, sociedad representada por Alberto Nazal Labrin, la cual adeuda $2.054 millones, según la empresa de factoring. En este proceso, Primus señaló que “la sociedad Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sicall SpA ha cesado en el pago de las obligaciones contraídas con Primus Capital S.A., las que constan indubitadamente en el pagaré individualizado, que, para todos los efectos legales, constituye un título ejecutivo”. Además, adjuntó una copia de las hipotecas y gravámenes sujetos a un terreno de propiedad de dicha sociedad ubicado en el Fundo El Castillito, Región Metropolitana.

Le sigue, en cuanto a monto, la petición de quiebra en contra de Inmobiliaria e Inversiones LA SpA, representada por Anabel Cecilia Ruiz Retamal. En su demanda, Primus sostuvo que dicha sociedad adeuda $516 millones y adjuntó 18 escrituras de hipotecas y gravámenes de terrenos ubicados en el Proyecto de Parcelación Santa Sara de Batuco, comuna de Colina.