Primus Capital demanda a Mauricio Pinilla y exige el pago de $483 millones

Desde que estalló el caso Primus, Mauricio Pinilla Ferrera (39), exjugador de Universidad de Chile, se ha mantenido bajo absoluto silencio. La trama financiera y judicial que comenzó en marzo de este año con la detección de cheques falsos, alcanza hoy al conductor y comentarista de TVN, ESPN y Radio Agricultura por sus negocios.

Primus Capital, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, inició cuatro juicios ejecutivos de cobro de pagarés que suman $483.877.061 en contra del exfutbolista, su padre -Ricardo Pinilla Ocaña- y sus sociedades.

Se trata de las primeras acciones judiciales que enfrenta en sede civil por parte de la compañía, la que presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de sus exgerentes general y comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, acusándolos de defraudar a la firma y provocarle millonarios perjuicios. “Es el fraude de cuello y corbata más grande al menos de los últimos 20 años”, contestó Primus ante las demandas laborales que presentaron ambos ejecutivos.

La relación comercial entre Primus Capital y el exjugador de fútbol comenzó en 2020, a través de créditos directos y cheques.

A la fecha, las acciones judiciales emprendidas por Primus no se han proveído en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial y, por lo tanto, no son públicas. Esto, debido a que no han sido notificadas, proceso que se llevaría a cabo en los próximos días. A pesar de ello, las causas ya han sido asignadas a distintos tribunales: 2º, 13º, 24° y 29° juzgados civiles de Santiago. Pulso confirmó que tres de las cuatro demandas fueron ingresadas en julio y la última durante agosto.

Ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, Primus Capital demandó a Asesorías e Inversiones Maguri Limitada y exigió el pago de un pagaré por $9.650.000. Según el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, la sociedad demandada tiene como socios a Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, y se constituyó con $1.000.000 ante la Primera Notaría de Macul el 9 de diciembre de 2014. La administración quedó en manos del padre del exjugador.

Maguri “tiene por objeto la prestación de todo tipo de servicios publicitarios en general en todos sus tipos y formas, como también la representación de la imagen del socio Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, sea tanto en organismos públicos y privados, como también en la industria, comercio, periodismo, transporte, minería u otros. Además de la prestación de todo tipo de servicios, capacitación, asesoría, estudio de carácter deportivo, administrativo, comunicacional, económico, financiero y publicitario. La sociedad también puede realizar toda clase de inversiones que sean capaces de producir rentas y en especial la inversión de capitales en bienes muebles, corporales e incorporales”.

En paralelo, Primus inició un juicio ejecutivo de cobro de un pagaré por $122.340.000 ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, en contra de Inversiones Doña Agustina SpA. y de Ricardo Pinilla Ocaña, como codeudor solidario. Esta última sociedad es mencionada en el informe que la auditora KPMG realizó a petición del factoring y según este documento que fuera presentado en el juicio laboral que inició Coeymans, “el socio de la sociedad es Mauricio Pinilla Ferrera con un 100% de participación”.

Al mismo tiempo, en el 29º Juzgado Civil de Santiago, Primus se enfrenta con Mauricio Pinilla Ferrara como persona natural. Allí inició en contra del exfutbolista un procedimiento ejecutivo de cobro de un pagaré por $308.870.798.

En la misma línea, pero en el 2º Juzgado Civil de Santiago, Primus procedió al cobro de un pagaré por $43.016.263 que adeudaría Grosseto SpA, sociedad ligada a Pinilla y que lleva el nombre del club italiano que representó en la temporada 2009-2010.

Al cierre de este artículo, no hubo respuesta de Mauricio Pinilla a las consultas planteadas por Pulso.

Pero Primus no es el único acreedor de Pinilla en tribunales.

El 5 de marzo de 2020, el diseñador Rodrigo Miranda presentó una demanda en contra de Mauricio Pinilla, exigiéndole el pago de $36.986.400. Esto, luego de que en junio de 2018 el futbolista le encomendara realizar una propuesta de diseño y remodelación integral de la imagen del Bar Constitución.

Frente a la acción judicial Pinilla contestó que la demanda estaba prescrita y que los trabajos realizados por el diseñador fueron a Bar Constitución SpA, sociedad de la cual eran socios Pinilla y Julio Cereceda a la época de los hechos. “De ser efectiva la obligación que indica el demandante esta nace contra la persona jurídica Bar Constitución SpA, la cual no alcanza a terceros que no son parte de la relación contractual”, consignó la contestación redactada por el abogado Enzo Vespa en representación de Pinilla.

Vespa forma parte del estudio Guzmán & Cía., bufete fundado por el abogado Antonio Guzmán, quien es sindicado por Primus como partícipe del esquema defraudatorio, al igual que el empresario Juan Pablo Bañados; el dueño del club nocturno Palomino, Pablo Ormeño, y el director médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, entre otros.

Sin embargo, a fines de mayo el exjugador de fútbol decidió cambiar de abogados y en lugar de Vespa asumió Juan Pablo Hermosilla. El reconocido litigante además asumió la representación de Pinilla en otro conflicto, reemplazando a Nicolás Benedetti, también abogado de Guzmán & Cía.

El 17 de julio de 2020, Restaurant-Pub Quetzal Limitada, propiedad del empresario Samy Nissin Yagoda Assael, presentó una demanda en contra de Pinilla, denunciando el no pago de rentas de arriendo por parte de Bar Constitución SpA. En la acción sostuvo que el demandado adeuda 2.285,23 UF ($82.568.475) y exigió el término del contrato de arriendo del inmueble del bar.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2021, Pinilla -en ese entonces representado por Benedetti- sostuvo que la pandemia del Covid-19 provocó confinamientos obligatorios, cierres de fronteras, colegios, universidades y establecimientos no esenciales, y otras limitaciones a la libertad de circulación.

“Son un hecho público y notorio las restricciones impuestas a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19. Sus restricciones han afectado las libertades de desplazamiento y económicas, provocando que el arrendador no cumpla con sus obligaciones contractuales”, concluyó.