Tras una década de tramitación en el Congreso, el proyecto de Código de Agua comienza su última etapa legislativa en la sala del Senado

Ha sido un camino extenso y pedregoso. El proyecto de ley ingresado en moción en 2011 a la Cámara de Diputados está llegando a una última etapa legislativa. Este miércoles a las 16 horas, la sala del Senado comenzó a analizar el texto. Si bien se tenía contemplado que se votara en general la iniciativa para luego dar un plazo acotado de tiempo para indicaciones, la votación se transladó para el próximo martes.

La actual reforma fue analizada por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados, y aprobada en noviembre de 2016. Ahí, la iniciativa llegó al Senado y fue revisada por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución.

En la sesión de este miércoles los presidentes de las Comisiones de Recursos Hídricos, Adriana Muñoz, De Agricultura, Juan Castro, y de Constitución, Pedro Araya, detallaron aspectos del proyecto en votación. Luego fue el turno del ministro de Obras públicas, Alfredo Moreno, quien estuvo en representación del gobierno.

El secretario de Estado valoró la iniciativa, ya que a su juicio incorpora varias indicaciones realizadas por el Ejecutivo que perfeccionaron la iniciativa. “Las posturas iniciales de esta discusión eran muy diferentes, sin embargo, con el dedicado trabajo de todos los senadores y del Ejecutivo, ha sido posible revisar y mejorar cada parte de este proyecto y conformar uno que ha concitado la unanimidad de todos los parlamentarios que lo han revisado”.

Para Moreno, este proyecto de ley refuerza la seguridad del consumo humano, junto con agregar la necesidad de saneamiento, subsistencia y la seguridad que requieren los usos para actividades productivas y refuerza la naturaleza jurídica del bien de uso público del agua”.

Para terminar su presentación, el secretario de Estado dijo que los cambios “se hacen en un marco de seguridad jurídica y de procedimiento adecuados para la defensa de los derechos para quienes los ejerzan permitiendo que puedan tomar sus decisiones con razonable certidumbre”. Por todo aquello, enfatizó que “el Ejecutivo espera que el senado apoye este proyecto”.

Para los senadores la discusión se debe hacer con calma dado que es una iniciativa de cambios estructurales. “La expectativa es de un buen proyecto y esperamos que sea aprobado con una votación muy importante”, señala Rafael Prohens (RN). El legislador añade que las comisiones “han trabajado durante mucho tiempo para lograr un proyecto balanceado con aporte de muchos invitados quienes hicieron distintas propuestas, algunas fueron recogidas y están plasmadas en el proyecto. La prioridad del consumo humano es una de las indicaciones recogidas unánimemente”.

En tanto, el también RN e integrante de la Comisión de Agricultura, José García Ruminot, subrayó que “nosotros votaremos a favor la idea de legislar. Es un proyecto profundamente ordenador, necesario para la mejor administración de un bien cada día más escaso”.

Desde la oposición, el senador Alfonso de Urresti (PS) e integrante de la Comisión de Constitución espera que luego de una ardua discusión producto del estallido social y de la Convención Constitución, “se avance rápidamente en las modificaciones a los derechos de agua, dándole prioridad al consumo humano, ese es el eje de la discusión”, menciona que se complementa con el fomento del uso eficiente del agua, conservación de agua y desarrollo de agua, poder discutir, evaluar que el código de agua no da las garantías”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (Independiente), subrayó que espera que “se puedan aprobar las modificaciones al Código de Aguas, ya que nuestra actual legislación no prioriza un uso racional del recurso hídrico, por el contrario, permite la especulación con este vital elemento”. Acota que “de aprobarse el proyecto se podrá disponer de un uso más racional de los recursos hídricos, asimismo la DGA tendrá mayores atribuciones para cumplir con sus funciones”.

Desde la sociedad civil, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, comenta que “si bien la modificación que se vota no tiene la profundidad que podríamos desear, es un hecho que significa un avance. Primero, porque consagra el derecho humano al agua y lo pone como prioritario, una deuda de larga data y porque establece protección para ecosistemas frágiles como humedales, acuíferos y glaciares. Por último, porque establece causales de caducidad de los derechos, reafirmando que estas concesiones deben tener condiciones de uso”. Asimismo, afirma que “mejora las concesiones temporales y también algunas funciones de la DGA y de las Juntas de Vigilancia en relación con los derechos cuando estamos en situación de sequía”.

En lo fundamental, la iniciativa busca dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local. Además, establece el derecho esencial al agua, enfatizando el carácter de bien nacional de uso público del agua, la extinción del derecho de aprovechamiento de aguas y fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de fiscalización, gestión y sustentabilidad de los recursos hídricos, incluyendo la facultad para establecer un caudal ecológico mínimo.

Otro de los principales cambios es establecer que las aguas son bienes públicos. También exige caudales ecológicos y prohíbe entregar derechos en glaciares. Las nuevas concesiones serán temporales, con causales de caducidad y extinción. Prohíbe extraer agua en humedales amenazados, sitios prioritarios y áreas protegidas.

En ese sentido, se detalla que los nuevos derechos de agua son con un plazo de 30 años para los derechos consuntivos y de 20 años para los no consuntivos, son renovables en la medida que se cumpla con los requisitos que establece la ley, pero también caducables si no cumplen con las determinadas funciones para las que fueron concesionadas.

La nueva normativa obliga a informar sobre captaciones y restituciones, y constituye reservas de agua potable y saneamiento. Obliga a las mineras a informar sobre aguas halladas y justificar su uso. Por último, protege los servicios sanitarios rurales, comunidades agrícolas, campesinos Indap, comunidades indígenas y áreas protegidas.

Otro de los aspectos novedosos de la iniciativa se considera la creación de un panel de expertos que va a tener incidencia en los planes estratégicos de manejo de cuencas y también la existencia de un fondo para investigación y educación en materia de recursos hídricos.