Una dura disputa viven en tribunales la Zona Franca de Iquique (Zofri) y Engie Energía Chile, en medio de un preocupante daño ambiental que podría transformarse en el caso más grave de contaminación por hidrocarburos desde el icónico proyecto Las Salinas, que operó Empresas Copec en Viña del Mar.

La sociedad, que opera los terrenos ubicados en la costa de Iquique, acusa que la eléctrica abandonó en 2021 los restos de la excentral Iquique, ubicada en uno de los sitios de Zofri, el cual ocupó gracias a un contrato de arrendamiento firmado en noviembre de 1991, por 30 años.

Fue hacia el final de la vigencia de dicho contrato, entre 2011 y 2016, cuando la eléctrica decidió terminar con la operación de la planta de diésel. De hecho, según un informe de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, ya en 2016 la central no registró operaciones, y en 2017 oficializó el cierre de la generadora.

Sin embargo, a la hora de entregar el sitio, Engie no habría realizado los saneamientos necesarios a las instalaciones “dejando en su interior los restos inútiles de la Planta Diésel, combustibles y otras sustancias peligrosas”, según reza la demanda civil que la Zofri entabló el 28 de octubre en contra de Engie Chile.

De hecho, en agosto pasado los restos de hidrocarburos abandonados generaron un gran incendio en las instalaciones, y obligó a CGE a desconectar a 13 mil clientes de la red eléctrica. Por ese entonces, el recinto se había convertido en un foco de delincuencia, robo de materiales y era ocupado por personas en situación de calle.

La causa, radicada en el Segundo Juzgado en lo Civil de Iquique y liderada por el abogado Nicolás Zisis, del estudio Fix Abogados, busca forzar a la eléctrica para que realice el correcto desmantelamiento de la planta, además de una indemnización por lucro cesante y daño emergente. El escrito no especifica el monto, ya que dichos daños “se siguen produciendo actualmente y se seguirán produciendo en el futuro próximo”, plantea, por lo que se reserva dicha discusión para una etapa posterior.

La demanda civil no es la única estrategia que sigue la Zofri. En paralelo, presentó una demanda de reparación por daño ambiental ante el Primer Tribunal Ambiental, solicitando que se declare “la existencia de daño ambiental significativo sobre los componentes suelo y aguas subterráneas en el Sitio 92-A del Barrio Industrial El Colorado”, y se ordene a la eléctrica a “reparar el daño ambiental causado, mediante biorremediación” o el mecanismo que la instancia considere adecuado, “siempre que se fije como estándar mínimo que el sitio pueda ser usado comercial e industrialmente”, señala la demanda.

Dicha causa la lidera el abogado Francisco Tapia, también del estudio Fix Abogados. En ella, afirman que Engie “es responsable de un desastre ambiental”, e incluso lo comparan con el caso de las petroleras que ocupó Copec en Las Salinas. Entre los documentos que acompañan la demanda de la Zofri, hay un reporte técnico elaborado por la consultora de estudios e ingeniería ambiental, Tebal.

El documento de 26 páginas, titulado “Evaluación de la potencial contaminación con hidrocarburos en aguas subterráneas de la ex central termoeléctrica Iquique”, concluye que en todos los muestreos realizados “se detectaron valores muy por sobre las normas chilenas”, tanto para grasas y aceite, como para hidrocarburos fijos en descargas e hidrocarburos totales.

Y aunque el estudio afirma que no pudo determinar la extensión de la contaminación, sostiene que “se trata de una contaminación severa a nivel de aguas subterráneas que representan, a juicio de los profesionales que analizan este documento, una amenaza para la salud de las personas y de los ecosistemas”.

De hecho, el informe de Tebal afirma que, al comparar la concentración de hidrocarburos totales detectados en las aguas subterráneas de la ex Central Iquique con los del caso Las Salinas, “se advierten que Las Salinas registró valores de TPH por debajo de los registrados en la Ex Central para hidrocarburos fijos (que solo representan una fracción de los hidrocarburos totales)”.

El estudio también menciona que “la pluma de contaminación tiene una potencial de movilidad en un plano horizontal, siguiendo el flujo natural del acuífero, el cual si no está confinado probablemente llegaría al mar”.

Dicha estrategia ya registró su primer avance, al ser acogida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental el pasado jueves. El escrito solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado, la que se realizará el próximo 25 de noviembre, según consta en la resolución proveída por la ministra Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Cristián López.

Requerida por Pulso, desde la empresa Engie Chile descartaron realizar comentarios para esta publicación.