Pasó desapercibida una presentación que hizo esta semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde el regulador acudió para hablar del impacto que tendría para la industria financiera las cinco mociones parlamentarias que buscan obligar a los bancos, el retail financiero, y otras instituciones financieras, a suspender de forma masiva y automática el cobro de deudas por entre tres y doce meses, sin intereses, para personas, y micro y pequeñas empresas.

De hecho, en esa ocasión los diputados acordaron fusionar las mociones, y los economistas ya han advertido que sería peligroso que se apruebe esta iniciativa.

Y el impacto no es menor, ya que podría traer problemas de solvencia y liquidez, según se desprende de la presentación que hizo la CMF, donde se señala que “el impacto en liquidez puede ser más relevante en el corto plazo para la sobrevivencia de las entidades, incluso más que el análisis patrimonial o de resultados”. Esto considerando que si las postergaciones de cuotas suspenden el devengo de intereses, habría un impacto sobre solvencia y liquidez, mientras que si las postergaciones de cuotas no suspenden el devengo de intereses, de todas maneras persistiría un impacto sobre liquidez.

Según cálculos de la CMF, en el caso de los bancos, si se hace un aplazamiento masivo de créditos de consumo e hipotecarios en seis meses, el regulador estima menores flujos anuales por servicio de deudas por aproximadamente US$5.600 millones.

En su presentación, la CMF detalló que un tercio de esta cifra corresponde a intereses y reajustes que se dejan de recibir. Además, equivale a una reducción de 13% del resultado operacional bruto a nivel de sistema, y hasta 18% en algunas entidades especificas. No sólo eso, también advirtió que las iniciativas propuestas podrían reducir los ingresos mensuales (flujo) entre 13% y 27%, y entre 43% y el total de los ingresos operacionales netos.

El cálculo de la entidad que lidera Joaquín Cortez fue más allá, pues señalaron que al 12 de abril, el LCR a 30 días (índice que determina la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de los bancos) alcanzaba un 145%, lo que significa que tienen activos suficientes para enfrentar sus obligaciones. Sin embargo, si se suspenden los pagos de cuotas por 6 y 12 meses, este indicador podría reducirse hasta 51% y 42%, respectivamente, lo que se encuentra muy por debajo del límite normativo, que es de 70%.

“Lo anterior deja en evidencia el impacto significativo que produce en la posición de liquidez, un eventual impago de las colocaciones por un periodo prolongado, siendo mayor la dificultad que tendría la banca de sobrellevar un shock de tales características, en caso que este perdure en el tiempo”, dice la CMF en su presentación.

Con todo, añade que el impacto en mayores provisiones de postergar cuotas en cartera con 31-90 días de mora sería cercano a US$1.000 millones, equivalentes al 5% del capital básico de los bancos y 20% del capital de los emisores.

Asimismo, el regulador señaló que para los emisores de tarjetas no bancarios, “un aplazamiento general de 6 meses en los créditos de consumo impactaría fuertemente su liquidez, especialmente en lo que se refiere al pago a comercios relacionados”.

En ese sentido, según sus estimaciones preliminares, en promedio, para seguir honrando sus obligaciones con comercios no relacionados, los emisores deberían postergar no más de un tercio de sus créditos, mientras que las renegociaciones voluntarias efectivas solicitadas a los bancos también apuntan a un tercio de los clientes.

Respecto a cómo afectaría a las aseguradoras, la CMF detalló en su presentación que estas compañías reciben por concepto de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo un flujo mensual de pagos de US$36 y US$20 millones, respectivamente. “Para algunas compañías este monto representa una parte significativa de los compromisos que mensualmente deben cumplir con sus pensionados, llegando incluso sobre 40% del monto a pagar por estas obligaciones. Las compañías pagan renta vitalicias a 640 mil pensionados todos los meses”, dijo el regulador en su presentación.

De este modo, el regulador concluyó que “una medida de aplicación tan general puede tener efectos no deseados sobre entidades que cuentan con diferentes realidades de sus clientes y también respecto de su situación de liquidez y solvencia”. Adicionalmente, “los cálculos preliminares muestran que medidas de esta naturaleza tienen un impacto significativo sobre la liquidez de las entidades”.