Latam Airlines está en medio de un complejo panorama que la mantiene acogida al Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU. Sin embargo, mientras transcurre el proceso, los inversionistas institucionales de la compañía mantienen una serie de dudas, no sólo sobre los detalles de la instancia, sino que también sobre la conveniencia económica de las ofertas entregadas por los actuales controladores.
De hecho, el pasado 31 de julio, accionistas institucionales de Latam enviaron una carta al regulador para solicitarle que cite a una junta extraordinaria de accionistas con el fin de que la compañía entregue detalles respecto al proceso.
Carlos Frías, abogado de inversionistas institucionales, señala que “de acuerdo a distintas normas y actos administrativos de la entidad que precedió a la actual Comisión para el Mercado Financiero, se ha establecido el precedente, y en concordancia con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley de Sociedades Anónimas que los accionistas tienen el derecho a conocer ciertas materias, cuando así lo exija el interés social”.
Según el abogado, “la Resolución Exenta 165 de 23 de mayo de 2013, de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, señaló que tanto en la ley como en la normativa, existen situaciones que exigen citar a juntas de accionistas informativas, y por ello no solamente las juntas de accionistas pueden ser decisorias o resolutivas”.
Pero este no es el único problema que están viendo los institucionales en Latam. A fines de la semana pasada, Aeroméxico presentó su oferta de financiamiento tras acogerse también al Capítulo 11, y la tasa de descuento es menor que la ofertada para Latam por las familias Cueto, Amaro y Qatar.
Esta propuesta, denominada DIP (Deudor en Posesión) consta de tres tramos: el A incluye US$ 1.300 millones en el mercado que comprometió el grupo inversor Oaktree Capital Management, y un tramo C por US$900 millones comprometidos por Qatar (US$600 millones) y las familias Cueto y Amaro (US$300 millones). En éste caso, la tasa de descuento es de 20% si la deuda se transforma en acciones.
Esa cifra es justamente uno de los temas que analizan los institucionales. En el caso de la aerolínea mexicana, el documento establece que si no se realiza la conversión en acciones, los prestamistas del DIP recibirán una tasa de 5% en efectivo; pero si se realiza la conversión, los prestamistas reciben un 4,76% más de lo que recibirían si optaran por el reembolso en efectivo, lo que equivale a un descuento del 4,55% sobre el valor del plan.
La decisión del juez
El juez James Garrity Jr., del tribunal de quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, deberá dirimir en los próximos días entre el financiamiento propuesto por Latam por US$ 2.450 millones, o la propuesta del banco de inversiones Jefferies, cuyo mayor contribuyente es el fondo Knighthead Capital, y en el que también participan en menor medida varios inversores chilenos, entre quienes estarían las compañías de seguro de Bice y Penta.
Costa Verde, en la que participan los Cueto y Amaro, tiene poco más de un 20% de la propiedad de la aerolínea, Qatar 10% y Delta un 20%. Las AFP, en tanto, tienen 3,54%.P