Los incendios que devastaron a Australia y la mega sequía que vive la zona central de Chile son una muestra del impacto que está teniendo el cambio climático para la humanidad, algo que cada vez es de mayor preocupación para los inversionistas tanto locales como internacionales.

De hecho, Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuenta que algunos fondos de pensiones y fondos soberanos globales les han dicho que solo invierten en empresas que reporten información sobre las variables de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Y este punto, entre otros, ha sido uno de los principales factores que los han impulsado a perfeccionar la normativa 386, responsabilidad social y desarrollo sostenible, con el fin de exigir a los emisores de valores que informen cómo impactan en el entorno, como la huella de carbono, el uso de agua y energía, entre otros antecedentes.

Según Larraín, este perfeccionamiento normativo, que fue puesto en consulta pública desde principios de diciembre pasado hasta el próximo 31 de enero, generará más beneficios que costos para las empresas, entre los que destaca atraer a más inversionistas internacionales, una mejor formación de precios de los activos y menores costos de financiamiento.

¿Cuáles son los principales objetivos?

Uno de los principales objetivos es hacer que el mercado financiero chileno sea cada vez más transparente. De ese modo, los inversionistas pueden contar con mayor información para tomar mejores decisiones de inversión, entendiendo de mejor modo a las empresas en las que están tomando exposición.

¿Cuáles serían los beneficios para el mercado y los inversionistas?

Los inversionistas tendrán más información acerca de las empresas en las que invierten, donde aquellos que estén interesados en empresas más sostenibles pueden ir revisando el grado de sostenibilidad de cada una. Respecto al mercado, avanzar hacia uno más transparente es súper beneficioso por varias razones. Primero, porque mientras más transparente es un mercado, más eficiente es en la formación de precios, es decir, que el precio de los activos financieros refleja bien la información fundamental de las empresas. También ayudará a tener un mercado más justo, ya que los inversionistas tendrán acceso al mismo set de información, mientras que un mercado más opaco genera que algunos inversionistas tengan más acceso a información que otros.

A eso se suma que esto es una tendencia global, donde nosotros nos estamos colgando de los mejores estándares y prácticas internacionales que hay en términos de reporte de información ESG, los cuales vienen dados por el Global Reporting Initiative (GRI).

Esto, a su vez, hace que nuestro mercado sea más atractivo para los inversionistas internacionales. Nos pone en el mercado internacional en la frontera de la temática ESG, que es una tendencia mundial innegable, donde uno observa que cada vez hay más empresas que están reportando información ESG: en el mundo hay más de 15.000 empresas que se adhieren a los estándares GRI y por el lado de los inversionistas hay más de 2.500 que se adhieren a los principios de inversión responsable del PRI.

Entonces, hay una buena oportunidad de lograr una posición de liderazgo a nivel regional en materia ESG.

¿Eso nos daría un nuevo plus, considerando que siempre nos han visto como un país más estable que el resto?

Claro, si logramos ser un mercado más sustentable que la región atraeríamos más inversión extranjera. La evidencia internacional muestra que el mercado premia a las empresas que tienden a ser más transparentes, les dan mayores valorizaciones de sus acciones y menores costos de financiamiento.

Y permite que las empresas tengan un set de inversionistas, ya que nosotros como regulador constantemente estamos en contacto con gestoras de fondos e inversionistas internacionales, donde varios fondos de pensiones o fondos soberanos globales nos han dicho que solo invierten en empresas que divulguen suficiente información ESG.

Entonces, si en Chile pasamos de tener pocas empresas que reportan información ESG a tener muchas, el mercado local se hace más atractivo para esos inversionistas internacionales.

¿Cuáles serían los incentivos para las empresas de reportar esta información?

Al ser más transparentes los incentivos son mayores valorizaciones de sus activos por parte de los inversionistas, de sus acciones y de sus bonos, que es lo mismo que decir que acceden a menores costos de financiamiento.

Por ejemplo, si quieren colocar un bono lo pueden hacer a un costo de financiamiento más bajo, es decir, con una tasa de interés más baja.

Por eso es importante que las mismas empresas internalicen los beneficios que conlleva todo esto. En ese sentido, ya hay varias compañías que lo han internalizado, ya que, pese a que el regulador no exige que divulguen información ESG, aun así, lo están haciendo. Esto muestra que las empresas se están dando cuenta que es una tendencia global y que conlleva beneficios.

¿Cómo han visto la retroalimentación de las empresas que todavía no entregan esa información?

Hay muchas empresas que hoy no reportan información ESG, pero lo están contemplado hacer. Entonces, esta iniciativa regulatoria es un empujón que ayuda a ordenar un poco el tema, ya que las empresas que actualmente reportan de forma voluntaria no lo hacen con el mismo formato, por lo que queremos avanzar hacia la estandarización y la armonización, lo que facilitará el proceso para aquellas firmas que actualmente no entregan ese tipo de información.

En ese sentido, varios expertos han pedido que no midan bajo la misma vara a empresas de diferente tamaño, ¿eso se considerará?

Acá le llamamos proporcionalidad y es un tema que hemos discutido bastante. La primera aclaración es que no estamos hablando de empresas grandes y chicas, sino que son las empresas de mayor tamaño del país porque involucra solo a los emisores de valores, donde hay algunas que son muy muy grandes y otras menos grandes.

Si bien siempre intentamos acoplarnos a los mejores estándares internacionales, en este tema no existe consenso, ya que algunos países han aplicado la proporcionalidad y otros han establecido los mismos estándares para todas las compañías.

Y nuestra postura, después de haberlo reflexionado, es exigirles los mismos estándares a todas las empresas. La lógica detrás de esto es que, si les exigimos más información a las compañías más grandes, ellas terminarían siendo más premiadas por los inversionistas, lo que ampliaría aún más las brechas respecto al resto. Además, al exigir los mismos estándares a todas las empresas uno se tiene que moderar para que puedan ser cumplidos por todos los actores.

Como esta norma está en consulta pública, si el sector privado nos dice de forma reiterada que les preocupa que no haya proporcionalidad, es un factor que tendremos en cuenta.

¿Están considerando evitar que conlleve costos altos?

En todo tipo de normativas uno siempre tiene que tratar de minimizar los costos. Lo primero es que ya hay más de 100 empresas que se están adhiriendo a algunos principios GRI al reportar, por lo que para ellas la carga regulatoria adicional no debiera ser alta. A nivel interno de la CMF, no incluimos todas las materias del GRI, también miramos lo que reportan actualmente las empresas y dijimos que pediremos esos antecedentes al resto de los emisores. Dicho lo anterior, esta norma tiene varios beneficios que más que compensan los costos.

Y si en la consulta pública y en la mesa de trabajo el sector privado nos dice que, pese a ello, sigue siendo costoso reportar, vamos a evaluarlo.

En el seminario que se hizo en Sofofa, Bernardo Larraín Matte llamó a tener cuidado con que se generen contradicciones entre los diferentes organismos regulatorios. ¿Considerarán eso?

Se llega a estas situaciones porque los diferentes organismos del sector público tienen distintos mandatos legales y, por ende, facultades para cumplir con ese mandato. Entonces, puede pasar que hay dos o más organismos públicos que están analizando el mismo tema y la aproximación que tienen puede ser un poco distinta. Tomando en cuenta eso, con el fin de estar coordinados con otros organismos, nos hemos juntado con otras entidades como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Energía, entre otros.

¿Qué viene después de la consulta pública?

Después de la consulta pública generaremos una mesa de trabajo para sentarnos con los expertos medioambientales y los expertos en temas de diversidad y que nos digan cómo están viendo los diferentes aspectos de la propuesta normativa.

También queremos escuchar principalmente la opinión de las empresas que hoy no están divulgando para recoger sus preocupaciones.

¿Cuándo estaría vigente esta nueva normativa?

En marzo queremos dar el paso adicional, que solo lo hemos hecho antes una vez con el tema FinTech, que es conformar una mesa de trabajo.

La idea es que participen todos los stakeholders relacionados a esta norma: las empresas, los gremios que representan a las compañías, los inversionistas tanto institucionales como del segmento retail, los centros de gobierno corporativo que manejan muy bien cuáles son los estándares internacionales, distintos órganos del sector público, organizaciones de Empresas B, entre otros.

¿Cómo va la norma 385?

La norma 386 está relacionada directamente a la 385. Lo que queremos es que las empresas transparenten cómo se relacionan con el entorno y esa relación tiene dos dimensiones: la primera es cómo la empresa afecta al entorno, cuánto contamina y cuánta agua consume, etc., lo que está contenido en la 386. La segunda es cómo el entorno afecta a la compañía, por ejemplo, como el cambio climático, y qué hace la empresa para gestionar ese riesgo. Y la norma 385 aborda cómo la empresa gestiona distintos riesgos de gobernanza.

Decidimos avanzar primero con la norma 386 porque hay mucha demanda por tanto parte de inversionistas locales como internacionales. Pero tenemos contemplado avanzar en la norma 385 este año, estamos evaluando si perfeccionamos la normativa o si proponemos al sector privado que genere un código de autorregulación en esta materia, lo que sería un cambio más estructural.

Esa decisión estratégica pensamos tomarla durante el año. Lo que me tiene contento es que cada vez hay más conciencia por parte de las empresas de que hay que avanzar en este tema.