15 años del caso Inverlink: los $30 mil millones que faltan para recuperar el "jarrón perdido"

El 29 de enero de 2003, hace exactamente 15 años, el entonces presidente del Banco Central (BC), Carlos Massad, recibió en su bandeja de entrada un mail que -por error- lo incluía entre los destinatarios. Massad, militante DC, economista, reconocido por pares y adversarios y que cumplía su segundo período al frente del organismo, descubrió que su secretaria, Pamela Andrada, estaba filtrando información privilegiada a la corredora de bolsa Inverlink. Andrada, mujer que Massad estimaba y en quien confiaba, sustraía documentos del BC que luego reenviaba al gerente general del holding, Enzo Bertinelli, con quien mantenía una relación sentimental. Un método simple pero de riesgo alto, porque Andrada se equivocó al escribir Inverlink, el correo no llegó a destino, rebotó, Massad se dio cuenta y alertó a informática, que descubrió el envío irregular de mails. Así partió uno de los escándalos financieros más grandes de la historia reciente, y que hoy, sigue abierto.

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La investigación de esos días destaparía otra arista, que escaparía del ámbito económico y golpearía al entonces Presidente Ricardo Lagos: Javier Moya, tesorero de Corfo, robaba documentos de depósitos a plazo -que los bancos le entregaban a esa institución por razones de seguridad- para enviarlos a Inverlink. La pérdida ascendía a $85 mil millones. La mañana del 8 de marzo, luego de desenredar la trama entre Corfo e Inverlink, Gonzalo Rivas, vicepresidente ejecutivo del organismo y yerno del entonces mandatario, presentó una querella contra los responsables. Se confirmaban los rumores en el mercado.

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Ese mismo día, Rivas notificó a Lagos de la maniobra. Horas más tarde, renunció. Massad, en tanto, seguiría el mismo camino en abril de 2003. Según él, no quería que el escándalo de los mails y su vinculación a la trama Inverlink mancharan al BC.

La querella de Corfo causó pánico entre los inversionistas. Los clientes de Inverlink retiraron el dinero de la corredora y sus fondos mutuos, llevando a sus ejecutivos a realizar una serie de venta de papeles financieros para hacer frente a la crisis. Entre ellos, vendieron depósitos de Corfo para pagar a sus clientes. Fue el inicio de años de tramitaciones judiciales no sólo para condenar a los culpables; también para tratar de restituir los $85 mil millones, que en palabras de Ricardo Lagos, se trataban de un "jarrón perdido" que había que recuperar.

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Recién a fines de 2014, en el aspecto civil, la Corte acogió la demanda de Corfo y determinó que los condenados debían pagar solidariamente $26.462,2 millones por concepto de daño emergente; indemnización que también debía cancelar BBVA Corredora de Bolsa Limitada, por la responsabilidad derivada de la conducta de sus ex funcionarios Juan Pablo Prieto y Frank Leighton Castellón.

Según la investigación judicial, a fines de los 90 ejecutivos de Inverlink contactaron a Javier Moya para realizar maniobras engañosas y eludir prohibiciones de ventas de papeles de la entidad estatal, maniobras en las que, además, contaron con el apoyo de entidades bancarias.

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En la resolución, el tribunal de alzada dictó penas de 800 días de presidio para Javier Moya Cucurella, y de 541 días para varios ex ejecutivos del holding, incluido su presidente, Eduardo Monasterio Lara. El ex ejecutivo, condenado por malversación de caudales públicos, estafas y soborno, falleció a principios de 2015. Aunque lo intentó, el mercado nunca olvidó la mancha de Inverlink en su expediente. En 2010, según Qué Pasa, Monasterio había montado una empresa de asesorías junto a su yerno y vendía informes sin que su nombre apareciera en ellos. También escribía un libro sobre un ejecutivo financiero. No se sabe si el texto llegó a completarse.

A la fecha, Corfo ha logrado restituir $55 mil millones del total extraviado. Sin embargo, aún restan acciones que podrían llevar a la entidad a restituir varios miles más. En la Corte Suprema el organismo aún disputa $11.500 millones que exige a BBVA Corredores de Bolsa por concepto de multas e intereses.

Ya en 2013, la Suprema dictó sentencia de forma unánime para que Energas (ex Chilquinta) restituya $1.084 millones, más beneficios y reajustes, por "los beneficios que obtuvo de manera ilegítima de parte del grupo Inverlink", esto pues ellos habrían sido uno de los inversionistas que compraron los depósitos de Corfo vendidos ilegalmente por Inverlink. En abril de 2013 también el máximo tribunal ordenó a San Antonio Terminal Internacional restituir a Corfo más de $400 millones obtenidos de manera ilegítima.

Previo a ello, la Suprema había fallado en contra de la Municipalidad de La Pintana (por $500 millones) y también la sociedad de inversiones Torres del Paine por ($2.500 millones) gracias a las acusaciones de provecho de dolo ajeno, que involucra a un total de 26 empresas, entre ellas está Sacyr y la Compañía Chilena de Tabacos, sociedades como Inversiones Santa Cecilia Ltda., ligada a José Yuraszeck, y municipios como Vitacura. En un contexto donde Inverlink ya estaba suspendida, las entidades efectuaron un rescate de sus inversiones por un total de $50 mil millones, dineros que, sin saberlo, eran de la estatal. Esas causas permanecen abiertas.

En paralelo, a mediados de 2017, la Corte Suprema confirmó la sentencia que absolvió a 11 personas acusadas de emitir una declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, en el marco del caso Inverlink. La sentencia absolvió a Javier Moya Cucurella, Enzo Bertinelli Villagra, Patricio Collarte López, Ignacio Wulf Hitschfeld, Patricio Reyes Rojas, Eduardo Dominguín, Marcos Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, Charles Clapp Cuadra, Carlos Rubilar Muñoz y José Muñoz Leyton al no darse por acreditado el delito.

¿Qué pasó con Pamela Andrada? Lo último que se supo de la secretaria que sin querer destapó la trama es que se mantiene en un tratamiento para combatir la esclerosis múltiple. En una de sus declaraciones en Tribunales, justificó el robo de información como algo que hacía por su pareja de entonces, Bertinelli Villagra, pero también por ella misma, para pagar los costos de su enfermedad.

De todos modos, a pesar de los 15 años a cuestas, el titular de Corfo Eduardo Bitrán, aún tiene fe: "todavía falta recuperar cifras muy importantes de decenas de miles de millones que están en la justicia. El jarrón se recuperará íntegramente, según nuestras expectativas".