Cascada: SVS admite que esquema no tiene pruebas que avalen presunción judicial

Sin quererlo, el jefe del Área de Cumplimiento (ACME) de la Superintendencia de Valores y Seguros, Víctor Zapata, entregó una respuesta contundente a los cuestionamientos de los querellantes del Caso Cascada.

Justo cuando la semana pasada se conocía la molestia de los denunciantes con el Ministerio Público por no formalizar a Julio Ponce, por la lentitud de la investigación y la falta de algunas diligencias; Zapata se encontraba respondiendo las 70 preguntas que formuló Alfredo Alcaíno para el titular de la SVS en la reclamación de la resolución interpuesta por Leonidas Vial (LVE).

Casi un tercio del cuestionario apuntó específicamente a las pruebas que vinculaban a LVE con el supuesto esquema. Entendidos explican que si no se puede probar que Vial o cualquiera de los otros participó,  es complejo sostener la tesis del esquema en el área judicial. Y precisamente éste ha sido el principal desafío del Ministerio Público desde un comienzo.

Así, Zapata confirma que “ningún miembro de la administración de las sociedades Cascada, en particular Julio Ponce y Aldo Motta, quienes -respectivamente- habrían orquestado y ejecutado el supuesto  esquema”; ninguna de las personas naturales, ni las sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales; ni LarraínVial Corredora de Bolsa, “ha afimado, declarado, confesado o de alguna forma manifestado directa o indirectamente a la SVS en el el procedimiento administrativo, que LVE o alguna de sus sociedades, haya formado parte del supuesto esquema”.

El funcionario indicó que “ninguna de las personas que según la Superintendencia participaron en el esquema han reconocido su participación en el mimos, por lo tanto, ninguno de ellos podría haber señalado que LVE habría participado en el esquema”.

Fuentes explican que este es el principal motivo por el cual el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, procedió primero a formalizar al ex gerente general de las cascadas, Aldo Motta, y a la secretaria del directorio, la abogada Claudia Morales por la falsificación de las actas; precisamente porque era un hecho irrefutable.

El próximo 23 de junio, procederá a formalizar a Aldo Motta por cinco grupos de operaciones, entre las cuales se encuentra la denominada operacion Linzor,  y donde justamente la falsificación de las actas tenía por objeto encubrir dichas transacciones.

Pruebas

El defensor de Vial, Alfredo Alcaíno, incluyó preguntas en torno a corroborar que el procedimiento administrativo no tiene ningún correo electrónico, ningún fax, documento, testigo presencial, testigo de oídas, confesión judicial o extrajudicial, ninguna llamada telefónica, grabación o comunicación por algún otro medio.

Zapata indicó que era efectivo que no existían mails ni fax, confesión judicial o extrajudicial, ni llamada telefónica en el expediente administrativo.

En tanto, señaló  que le “parecía” que no existían documentos, testigo presencial ni testigo de oídas.

Consultado respecto de si le constaba la no existencia de base para una presunción judicial, de medios de prueba admisibles en derecho, indicio, el funcionario de la SVS indicó que “no puedo contestar con propiedad la pregunta considerando que no soy abogado de profesión, pero me permito acotar que en la resolución reclamada se establecen los hechos y los análisis de los hechos que le permitió a la SVS establecer que LVE infraccionó el inciso 2° del artículo 53 de la ley 18.045 de acuerdo al estándar aplicable a un procedimiento administrativo”.

En tanto, consultado por la existencia de pruebas en torno a que Leonidas Vial haya subordinado sus intereses a Julio Ponce, las sociedades cascada, relacionadas o vinculadas, Zapata indicó que no existen mails, fax o documentos que acrediten esto.

No obstante, el jefe del Área de Cumplimiento de la SVS explicó que “a partir de las transacciones informadas por los corredores en la resolución que analiza las transacciones efectuadas por LVE, Sr. Roberto Guzmán y Sr. Julio Ponce entre el 31 de agosto de 2009 y septiembre de ese año en que los Srs. LVE y Roberto Guzmán le permitieron al Sr. Julio Ponce obtener utilidades por $16.000 millones. Que en la resolución se analiza como una subordinación de interese a favor del controlador de las sociedades cascadas”.

Es más, manifiesta que la resolución señala que a partir de la multiplicidad de operaciones a la estructura de las mismas y a otros elementos que se detallan en la resolución “habría un acuerdo entre las partes de realizar las operaciones”.