Caso Cascada: Fiscal Montes pone presión a querellantes y exige aclarar diligencias faltantes

Los últimos días del fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, han sido intensos. El pasado miércoles el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, le ordenó asumir la dirección de la investigación de la arista penal del denominado Caso Cascada. Desde ese día Montes ha dedicado gran parte de su tiempo al estudio de la causa.

“Por ahora, el trabajo que estamos realizando dice relación con exponernos de todos los antecedentes que forman parte de la investigación”, dijo el fiscal a PULSO a pocos días de hacerse cargo de la investigación.

La asunción del fiscal Montes se produjo en medio de las críticas de los querellantes (AFP Habitat y Moneda) al actuar del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte, José Morales, por la lentitud y falta de diligencias con las que, en opinión de los querellantes, habría llevado el caso mientras estuvo a cargo de la investigación.

Sin embargo, según fuentes del proceso, tras conseguir el cambio de fiscal en la causa, los querellantes aún no solicitan nuevas diligencias al Ministerio Público.

Frente a dicho escenario, el fiscal a cargo de la dirección de la investigación, Andrés Montes, entregó un plazo a todos los intervinientes de la causa para que hasta el 18 de agosto informen los antecedentes pendientes en la carpeta y detallen las diligencias que a su modo de ver debieran realizarse.

Conocedores del proceso detallan que la medida viene a ser un “cortafuego” para destacar que el Ministerio Público sí ha hecho el trabajo en la investigación frente a las críticas de los querellantes, que apuntan a la falta de diligencias como la solicitud de levantar el secreto bancario de los ejecutivos sancionados y las escuchas telefónicas.

Las mismas fuentes sostienen que un día después de que el fiscal de Habitat, José Miguel Valdés, y los abogados de la misma, Álvaro Morales y Luis Inostroza, solicitaran la remoción del fiscal Morales, este último solicitó vía correo electrónico conocer cuáles eran las diligencias que solicitaron y seguirían pendientes. Sin embargo, a la fecha el Ministerio Público aún no recibe respuesta, dice la fuente.

Fuentes ligadas a la fiscalía detallan que las operaciones cuestionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros radican entre 2009 y marzo de 2011, y por lo mismo las dificultades para la investigación han sido mayores, ya que la fiscalía se hizo cargo de la causa recién en septiembre de 2013.

Informe a la BEC

Por otro lado, en su momento, la fiscalía no consideró que existieran antecedentes para solicitar al tribunal levantar el secreto bancario, pues habría existido un acuerdo con Moneda de esperar los resultados del informe que está realizando el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad Católica.

A la fecha, el Ministerio Público sigue a la espera de los resultados de las últimas diligencias que ordenara el fiscal José Morales, previo a su salida de la dirección del caso. De hecho, conocedores del proceso sostienen que una diligencia que podría abrir una nueva arista surge a raíz del oficio que enviara la fiscalía el pasado 9 de julio al gerente general de la Bolsa Electrónica de Comercio, Juan Carlos Spencer.

En el oficio, al que tuvo acceso PULSO, la fiscalía consulta al ejecutivo si el comité de Autorregulación de la BEC emitió algún tipo de pronunciamiento en relación a las transacciones de los emisores Cascada: Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos, Potasios, Pampa Calichera desde 2009 a la fecha.

Además apunta a conocer qué es lo que entiende por los precios de mercado.

Aquí una de las aristas que miró con atención Morales dice relación con el manual de operaciones bursátiles, que es aprobado por la SVS.

Otro de los objetivos que busca conocer la fiscalía es si los tiempos de los remates y las órdenes directas permiten o no una adecuada composición de los precios y una interacción. Además busca conocer “si como consecuencia del denominado Caso Cascada la BEC modificó alguno de sus reglamentos o normativa”.

Fuentes conocedoras del proceso afirman que la Fiscalía busca clarificar el rol que tuvieron la propia Moneda y AFP Habitat sobre las cuestionadas operaciones.