Caso Cascada: Fiscalía acota arista penal por falta de pruebas contra Julio Ponce

El caso farmacias dejó en el ambiente una gran interrogante: ¿cómo la justicia penal absolvió en primera instancia a un grupo de ejecutivos, pese a que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multó con US$40 millones a dos cadenas? Varios abogados han planteado públicamente que el estándar de prueba para, eventualmente, sancionar con cárcel a una persona es mucho más alto que lo que requiere una instancia administrativa como el TDLC. Es decir, el Ministerio Público, no pudo acreditar la participación de quienes acusó de ponerse de acuerdo para elevar el precio de un grupo de medicamentos.

Esta situación volvió a ponerse en el tapete con el caso Cascada: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó a Julio Ponce y otros ejecutivos con multas que suman US$164 millones. Hasta ahora, el Ministerio Público ha apuntado a uno de los involucrados en el caso: Aldo Motta. El pasado martes, la fiscalía formalizó al ex gerente de las sociedades cascada con las que Julio Ponce es dueño del 30% de SQM. Esto por la denominada “arista Linzor”, y la falsificación de actas del directorio que detectara el ente persecutor. El hombre de confianza de Julio Ponce fue formalizado por el Ministerio Público por cinco grupos de operaciones.

Fuentes conocedoras del proceso a cargo de la indagatoria confirman que el próximo ejecutivo que sería formalizado por la fiscalía sería el ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya.

¿Y Julio Ponce?

En el Ministerio Público tomaron nota de lo sucedido en el caso farmacias. Y, según fuentes de la fiscalía consultadas por PULSO, no habría pruebas contundentes para llevar al empresario a la justicia penal.

Para sancionarlo, la SVS concluyó que Julio Ponce Lerou (multado por el regulador con US$70 millones) fue el ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas, en desmedro del interés social de las sociedades cascada.

El tema es complejo, reconocen en el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía Centro Norte optó por reforzar el trabajo de la unidad a cargo de la investigación.

Más aún, considerando la declaración que prestó el jefe del Área de Cumplimiento (ACME) de la Superintendencia de Valores y Seguros, Víctor Zapata, en el proceso de reclamación ante la justicia civil que hiciera Leonidas Vial, multado con US$20 millones por la SVS en el caso Cascada.

“Sí, es efectivo, ninguna de las personas que según la superintendencia participaron en el esquema han reconocido su participación en el mismo, por lo tanto, ninguno de ellos podría haber señalado que el Sr. Leonidas Vial habría participado en el esquema”, dijo al ser consultado por Alfredo Alcaíno, abogado del socio de Larrain Vial. En la instancia, también señaló: “... me parece que no hay ningún correo electrónico que forme parte del expediente administrativo” y que “no hay ninguna grabación de llamadas telefónicas en el expediente administrativo”.

Dado esto, la tarea del Ministerio Público se ha tornada muy compleja.

Personeros ligados a las pesquisas ratifican que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad ha apostado por hacer más eficientes sus recursos y privilegiar los eventuales procesos en los que cuenta con mayor certeza de lograr un veredicto condenatorio.