Diputados oficialistas piden incluir variable socioeconómica en Ley de Equidad Tarifaria

Era el 15 de junio de 2016, y el ese entonces ministro de Energía Máximo Pacheco lanzaba una "fiesta ciudadana" en el Teatro Huemul para celebrar la promulgación de la llamada Ley de Equidad Tarifaria, cuyo objetivo era atenuar las diferencias existentes en las cuentas de electricidad en el país y reconocer a las comunas intensivas en generación eléctrica. Sin embargo, a un año y medio de las celebraciones, la normativa podría enfrentar los primeros cambios. Esto, debido a que algunos parlamentarios oficialistas se encuentran realizando gestiones para incluir la variable socioeconómica a la hora de calcular las cuentas de luz.

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El proyecto original incluido en la agenda energética 2014-2018 se transformó en ley luego de un año de tramitación, siendo aprobado de manera unánime tanto por la Cámara como por el Senado. Algunos elementos de la iniciativa se implementaron en 2016, como el término del cobro individual del corte y reposición de la luz y el reconocimiento a la generación local, que consiste en una rebaja mensual en las cuentas de la luz para todas las comunas que generan energía. Sin embargo, no fue hasta octubre del 2017 que comenzó a operar la equidad tarifaria residencial, tras la publicación en el Diario Oficial de los decretos que fijan precios de nudo promedio en el sistema eléctrico.

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Este último punto apuntaba a equiparar las cuentas de la luz entre aquellos usuarios que estaban más alejados de los centros urbanos y los que estaban insertos en ellos. Para aquello, se incluía un mecanismo mediante el cual ninguna cuenta de la luz sería superior al 10% del promedio nacional. Sólo contribuirían a financiar esta medida los clientes residenciales con consumos mayores a 200 kWh/mes.

Sin embargo, a los pocos días de su implementación, comenzaron a surgir algunos cuestionamientos. Primero, por su impacto en el IPC de octubre, donde el ítem de energía aumentó 2,7% pese a que desde el Gobierno apuntaban a que la ley reduciría en promedio 19,5% las cuentas de la luz. Posteriormente, se explicó que el alza se debía a la forma de medición.

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Luego, surgió una controversia que todavía se mantiene por el impacto que generó la ley en las comunas de bajos ingresos como El Bosque, San Ramón y Lo Espejo. Todas, vieron un alza en sus cuentas; situación que se hizo más patente en enero pasado cuando ya no estaba incluidas las reliquidaciones. A modo de ejemplo, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) los habitantes de El Bosque verían en promedio un alza en sus cuentas 6,4%, mientras que los clientes de San Ramón y Lo Espejo verían en promedio un incremento de 7,8%, unos $1.508.

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En este escenario, un puñados de parlamentarios oficialistas elaboraron una documento solicitando a la Presidenta de que se modifique la Ley 20.928 de Equidad Tarifaria, en el sentido que se considere la variable socioeconómica de cada comuna, excluyendo a las más pobres de la región del aporte que deben realizar.

"Pese a que la ley, tanto en sus objetivos como en su espíritu es bastante clara, su aplicación práctica ha perjudicado a muchos vecinos de las comunas más vulnerables socioeconómicamente de nuestra región, siendo los habitantes de las comunas de El Bosque, San Ramón y Lo Espejo, los más afectados con el alza de precios que la implementación de la ley ha significado", indica el documento de la resolución, que fue aprobado en enero pasado por 92 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.

Por ello, se propone incorporar en la ley actual un criterio que distinga entre los usuarios "aportantes" y los "no aportantes", siendo los primeros aquellos cuyo consumo promedio anual de energía del año calendario anterior sea igual o mayor a 200 Kwh/mes, pero que además, se considere la variable socioeconómica de cada comuna, excluyendo a las comunas más pobres de la región, del aporte que se deba realizar e incluyendo en éste a las empresas distribuidoras de energía que corresponda por comuna.

Ahora, deberá ser La Moneda quién decida si dicha modificación será incluida o no.