El fantasma de Dominga vuelve a rondar en La Moneda

Fue uno de los dolores de cabeza del gobierno de Michelle Bachelet con la polémica salida de su equipo económico, en agosto del año pasado, y ahora podría transformarse en un primer dolor de cabeza para Sebastián Piñera. Esto, porque será el nuevo gabinete -que cumplió recién un mes- el que probablemente tenga que aprobar o rechazar el proyecto minero portuario Dominga, propiedad de las familias Délano y Garcés.

Entre mañana y el miércoles -y en tiempo récord- se conocerá si la iniciativa que impulsa Andes Iron es rechazada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta o si se acepta la tesis de vicios en el proceso. Esto último provocará que la tramitación de la iniciativa se retrotraiga.

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¿Pero a qué instancia lo haría? Las opciones son dos: a marzo de 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo rechazó la iniciativa, o a agosto de 2017, cuando el Comité de Ministros tomó la misma decisión. Todo depende de dónde determine el tribunal que existió el vicio en el proceso.

El camino más probable es que la iniciativa vuelva a ser discutida por el Comité de Ministros, instancia que ahora lidera la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. Así, la opción de retrotraer todo a marzo de 2017, cuando el CEA de Coquimbo rechazó la iniciativa, pese a la recomendación favorable que entregó el Servicio de Evaluación Ambiental regional, estaría compitiendo con menor fuerza.

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En la casona ubicada en Antofagasta hay hace varias semanas un borrador de la sentencia, documento que fue analizado por los ministros integrantes del primer Tribunal Ambiental y cuyo informe final estaría siendo redactado durante el fin de semana por el presidente de la instancia, Daniel Guevara.

Mañana temprano habrá una reunión donde los ministros analizarán la sentencia final, instancia en que, además, se discutirá el alcance que tiene para Dominga el fallo que la semana pasada emitió la Corte Suprema y que dio luz verde al proyecto de puerto Cruz Grande, de CAP. Para los integrantes de la mesa ambiental de Antofagasta, este hecho sienta un gran precedente que complementa el proceso que vivirá Dominga.

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En los últimos días, además, los ministros Daniel Guevara, Marcelo Hernández y Mauricio Oviedo han socializado el proceso de Dominga con los otros colegas del segundo y tercer Tribunal Ambiental, y han recogido sus opiniones sobre el camino que debería seguir el proyecto minero portuario.

Por estos factores adicionales es que la decisión final sobre Dominga se podría demorar unas horas más y sea finalmente publicado el mismo miércoles 18, día en que se cumple el plazo máximo establecido por la normativa ambiental para entregar una sentencia.

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Vuelta al Comité de Ministros

La decisión de volver el proyecto a la reunión de agosto del año pasado no ha sido hasta ahora la alternativa más comentada en el mundo ligado al derecho ambiental. Sin embargo, de acuerdo al análisis que se estaría haciendo en el norte del país, hay un elemento clave que abre el abanico hacia retrotraer el proceso al Comité de Ministros.

Se trata de la decisión que tomó el propio Comité de Ministros, que lideraba entonces Marcelo Mena, de no acoger la reclamación presentada por la empresa respecto de la falta de motivación que tuvo el CEA de Coquimbo para entregar una decisión argumentada, luego de la negativa del intendente de la zona, Claudio Ibáñez (pese al informe favorable que meses antes había emitido el SEA regional) y del seremi de Agricultura de la época, Andrés Chiang.

"El Comité de Ministros rechazó acoger la reclamación sobre el vicio esencial sobre la falta de motivación del CEA y, con eso, de acuerdo con la normativa, el Comité de Ministros hace suyo el vicio. De cierta forma, ellos asumieron la responsabilidad de ese vicio, por lo tanto, siguiendo lo indicado por la norma, la reclamación cae sobre el acto recurrido, que en este caso es el Comité de Ministros y no la comisión de evaluación de Coquimbo", explica un abogado que ha seguido de cerca el proceso, que en enero inició el Tribunal Ambiental.

Otros vicios que estaría considerando el Tribunal Ambiental son la citación a la reunión que se realizó el lunes 21 de agosto a las 7 de la mañana y que fue convocada la noche del viernes anterior, dejando poco tiempo para el análisis de la documentación necesaria por parte de los ministros. A ello se suman las contradicciones que mostraron los ministros, sobre todo la posición del entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

El gobierno en silencio

El retorno de Dominga al Comité de Ministros es un escenario que también se estaría dando casi por sentado en el gobierno, según indican fuentes cercanas a Medio Ambiente. Por eso, la cautela y el silencio han sido la postura que ha primado en la instancia que lidera Marcela Cubillos. Oficialmente ha indicado que no hay que anticipar opiniones como lo hizo el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien calificó como "interesante" la iniciativa que impulsa Andes Iron.

Otras fuentes del Ejecutivo reconocen que "políticamente" el peor escenario es que el proyecto vuelva a discutirse en el Comité de Ministros. Autoridades de gobierno creen que aquello podría reactivar los cuestionamientos por eventuales conflictos de interés, dada la relación que tuvo el Presidente Piñera con la iniciativa: participó como inversionista en un fondo ligado a los orígenes de Dominga y tiene una pública y estrecha amistad con el empresario Carlos Alberto Délano, cuyos hijos son los accionistas mayoritarios del proyecto.

Otra fuente agrega que otro de los caminos que podrían adoptarse es que el Comité de Ministros, en vez de aprobar Dominga, resuelva retrotraerlo al CEA. En los últimos días, en el gobierno están apostando a la cautela y están a la espera de la sentencia final por parte del Tribunal Ambiental.

¿Mejor escenario para Dominga?

En la empresa también están cautos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Ambiental. Iván Garrido y su equipo asesor se han mantenido en silencio y lo que esperan es que el organismo les dé la razón respecto de los vicios que sufrió el proceso.

¿Qué les conviene? Expertos de la plaza indican que el mejor camino para Andes Iron es volver a la revisión en la región (al CEA), dado que no es una instancia esencialmente política, como sí lo es el Comité de Ministros. Agregan que llegar nuevamente a Coquimbo podría beneficiar una potencial aprobación del proyecto minero portuario de US$ 2.500 millones, pero, además, le quita peso a una decisión de tipo político.

De volver el proyecto al Comité de Ministros, además de sumarle el factor político, también reduce los tiempos para una potencial aprobación. Esto sin considerar que las partes, luego de todo esto, puedan tomar otro camino y recurrir a la justicia ordinaria, lo que extendería nuevamente el proceso.

Impacto Cruz Grande

Una de las facultades que pretenden ejercer los expertos ambientales de Antofagasta es la de entregar herramientas técnicas y científicas al Comité de Ministros para que puedan realizar una labor óptima. Por eso, en la sentencia que estaría en proceso de redacción también incorporarían algunas recomendaciones. Una de ellas sería la necesidad de que el Sistema de Evaluación Ambiental diseñe una línea de base marítima, elemento que es esencial, ya que generaría un marco de referencia para el desarrollo de proyectos como Dominga o Cruz Grande en el futuro.

"El Comité de Ministros mirará la sentencia y sobre esa base, que además contendrá los insumos necesarios para evaluar las consideraciones científicas y técnicas del proceso, estructurará su propia decisión, y la decisión que tomen será de acuerdo a ese mérito", explica un abogado.

Y esta facultad de entregar herramientas nuevas la quieren desempeñar luego de conocer el detalle del fallo que emitió la semana pasada la Tercera Sala de la Corte Suprema y que dio luz verde al proyecto de CAP, que se encontraría a unos 30 kilómetros de la Reserva Marina de Punta de Choros, mientras que Dominga se encontraría a 35 kilómetros.

Esto es porque la sala que preside Sergio Muñoz empodera el rol que cumple el Comité de Ministros, calificándola como la máxima instancia de revisión del sistema.

Esto, indican abogados ambientalistas, tiene un carácter que hace que ese empoderamiento tenga un "criterio determinante". En el documento, la Corte Suprema indica que las facultades de la instancia ministerial "son amplias" y le permiten revisar no solo la decisión reclamada, sino que también el mérito de los antecedentes, circunstancias que lo habilitan para aprobar un proyecto inicialmente rechazado y establecer, a su respecto, medidas de mitigación o compensación idóneas.