Gerente de hotel Punta Piqueros: "No contemplamos abandonar el proyecto"

Por un complejo escenario atraviesa el proyecto Hotel Punta Piqueros, ligado a los grupos Said, Urenda y Bolocco. Esto, luego que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago resolviera suspender el decreto alcaldicio que dio el permiso de edificación del recinto, y como consecuencia, el municipio de Concón ordenara paralizar -por segunda vez desde 2013- los trabajos que desarrollaba la inmobiliaria Punta Piqueros S.A.

Hoy, la obra gruesa está prácticamente terminada y con ello, las instalaciones del recinto presentan un avance superior al 60%. Además, previo a la suspensión los contratos para partidas relevantes como tecnología, muebles y equipamiento estaban en proceso de firma.

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¿Qué viene ahora? Pese al largo camino judicial, el gerente general de inmobiliaria Punta Piqueros, Ambrosio García Huidobro es tajante: "No contemplamos abandonar el proyecto". "Claramente estas paralizaciones y disputas judiciales, que están afectando a la Región de Valparaíso, son una señal negativa a los emprendedores e inversionistas, puesto que hoy se ve de manera incierta la inyección de esfuerzos y de capital; pese a eso, estamos convencidos de estar ejecutando un proyecto de alta calidad y atractivo para nuestro turismo, que es coherente con los planes de desarrollo y la vocación turística de Concón y de la región".

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Eso sí, sostiene el ejecutivo, por ahora, están enfocados en el proceso de paralización, el cual debe ser planificado y ejecutado de manera segura y responsable, en el sentido de que las faenas se deben interrumpir de manera secuencial. Pese a ello, enfatiza que: "Esta obra contó con todos los permisos que se requerían y que incluso, en materias ambientales y de seguridad, superó los estándares de la norma chilena. Y volvemos a sufrir una detención de obras que, aparte de costosa, nos cambia el foco respecto de metas que tenemos como empresa y como país: invertir, desarrollar infraestructura para turismo, crear nuevos empleos".

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El proyecto Punta Piqueros partió con una inversión estimada en US$41 millones, y producto de las paralizaciones, los sobrecostos serán cercanos a los US$10 millones. La inversión actual, hoy, supera el 50% del total.

"El daño es inmenso", recalca García Huidobro. "Tanto para nuestro proyecto y nuestros trabajadores, como para la certeza jurídica y la institucionalidad ambiental del país". Ello, porque según comenta, se han perdido 300 puestos de trabajo directos.

En cuanto a perjuicios económicos por la paralización, García Huidobro dice que enfrentan daños directos por la interrupción de faenas y contratos: desmontar faenas y equipos sensibles que ya estaban instalados, protección de una obra que hay que cuidar por varios meses, gastos financieros por créditos ya cursados, además del costo de un capital ocioso y el tiempo de detención que implica restarle años de funcionamiento al proyecto. "Eso es un lucro cesante significativo", explica. "Esta obra, contando con todos sus permisos, ya sufrió antes otra detención en plena construcción que duró más de dos años, y tuvo importantes sobrecostos por las mismas variables", comenta.

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Por otra parte, dice que el impacto que generaría derribar un edificio de hormigón -que es lo que piden los grupos que se oponen al proyecto- "es tremendo". "Es ahí donde hay una enorme incoherencia en la agrupación que ha sido nuestra opositora en este tiempo. Que un grupo que dice estar en defensa de la protección del medio ambiente, proponga una demolición en una construcción emplazada en el borde costero y próxima a un área de manejo de pescadores artesanales (AMERB), no hace ningún sentido. Los impactos que causarían al medioambiente por demoler una obra como ésta serían altísimos. (...) Estos terminarían siendo mucho mayores a los impactos acumulados por construir y operar el proyecto".

Consultado si corre riesgo la alianza con InterContinental, compañía que operará el hotel, García Huidobro señala que "pese a las dificultades que hemos tenido, ellos han mantenido su interés y confianza en el proyecto y nos han brindado un apoyo fundamental".

García Huidobro comenta que terminado los procesos judiciales en curso evaluarán las acciones a seguir, con el propósito de "defender los derechos que hayan sido vulnerados".