Los silenciosos pasos en la industria financiera

Con un ambiente empresarial y político polarizado por la reforma tributaria y laboral, el gobierno de la Presenta Michelle Bachelet debió hacer frente a la caída en los precios de los commodities y la consecuente merma en la inversión, impactando con esto el crecimiento y las expectativas de los inversionistas en torno al desempeño bursátil. La relación entre el Ejecutivo y los inversionistas no fue fácil, menos fluida, sin embargo se logró avanzar en una serie de aspectos considerados clave: la forma en que se fiscaliza al mercado financiero cambió radicalmente, se dejó d prácticamente aprobada la reforma a la Ley General de Bancos (LGB), y se concretaron una serie de modificaciones que permitirán a las AFP y aseguradoras mejorar sus rendimientos, y por consiguiente las pensiones.

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En enero pasado comenzó de forma oficial a funcionar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), una especie de joya de la corona para la administración actual, entidad que surgió luego de que en 2015 el Ejecutivo retomara el proyecto enviado originalmente por la administración de Piñera, en el que se creaba la Comisión de Valores. Sin embargo, durante la tramitación se introdujeron reformas sustantivas: la nueva instancia no sólo reemplazaría a la Superintendencia de Valores y Seguros, sino que absorberá, en una segunda etapa, a la actual Superintendencia de Bancos (SBIF), esto a través de un órgano colegiado compuesto por cinco miembros.

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Pero la modificación también introduce modificaciones al régimen sancionatorio, el cual fue cuestionado luego de que en 2016 Roberto Guzmán Lyon, sancionado por el caso Cascada, lograra ante el Tribunal Constitucional una rebaja sustancial en su multa, abriendo con esto la puerta para que otros multados siguieran el mismo camino.

La gran reforma financiera del Gobierno en materia financiera estará completa sólo una vez que se apruebe la reforma a la LGB. En junio la presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley en el moneda, ante una salón en el que figuraban los máximos ejecutivos de los bancos, esto luego de meses de trabajo prelegislativo realizado por el ministro Rodrigo Valdés. En enero de este año la Cámara despachó el proyecto, y se espera que sea aprobado durante este año.

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Fue un acto inédito. En mayo de 2016, la presidenta Bachelet concluía su gira por Europa en Londres, ciudad en la que aprovecharía de cerrar el Chile Day. Por primera vez, un presidente encabezaba el acto público-privado destinado a promover inversiones en el país.

En línea con el discurso de Valdés, destinado a priorizar el crecimiento y retomar la confianza entre los empresarios y el Gobierno, la mandataria habló de productividad y crecimiento, destacó la estabilidad de Chile, pero a la vez defendió las reformas impulsadas durante su gestión. El gesto hacia los actores del mercado era claro.

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En esa línea, en octubre de ese año fue promulgada la Ley de Productividad, iniciativa que en mayo ingresó Hacienda y que, a través que 22 medidas, apuntaba a profundizar el sistema financiero. Entre ellas, simplificar la constitución de garantías sobre valores depositados en custodios, además de modificaciones tributarias respecto de la retención de impuestos sobre los intereses devengados por los bonos. Los efectos del cambio se empezaron a ver en enero del año siguiente. De manera inédita, inversionistas extranjeros participaron en la colocación de un bono del Tesoro en pesos emitido en Chile, quedándose con el 22% de la oferta.

Pero, junto con ello, la Ley de Productividad incluía una actualización de la regulación de los fondos de pensiones con el objeto de permitirles invertir en activos alternativos, un antiguo anhelo del sector: en private equity internacional, deuda privada local o extranjera, coinversión en capital privado, leasing, y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, entre otros. La rentabilidad generada por estas nuevas opciones, según explicó el regulador en su momento, tendrían un impacto positivo de hasta 5% en las futuras pensiones.

No obstante, la agenda del gobierno en materia financiera se vio forzada a centrarse en algo que estaba fuera de la agenda. En 2017 el Gobierno debió enfrentar al movimiento No+AFP y sus peticiones de acabar con el sistema privado de pensiones. En respuesta a ello, la Presidenta envió una iniciativa que elevaba en 5 puntos porcentuales la cotización obligatoria, la creación de una entidad estatal para administrar esos recursos, y la distribución de los fondos de rezagos que se encuentran en las AFP. Sin embargo, en enero, los diputados aprobaron en general el proyecto, es decir, la idea política de legislar en materia previsional, pero en la votación de los artículos claves que incluía el texto, donde se requería quorum calificado, no lograron avanzar. Con esto, una eventual reforma al actual sistema quedará en manos de la próxima administración, la cual podría retomar el texto hoy en el Senado, replanteándolo mediante la inclusión de modificaciones.