A 15 días de su formalización por estafa, uso malicioso de instrumento mercantil privado y lavado de activos, el abogado Antonio Guzmán Neira presentó el 17 de septiembre un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), en el marco del caso que lo involucra en el millonario fraude al factoring Primus Capital, controlado por el empresario Raimundo Valenzuela. Guzmán sostiene que la investigación liderada por la Fiscalía ha sido sesgada en favor del querellante, y acusa demoras injustificadas y parcialidad en las diligencias del caso.

La audiencia de formalización de Guzmán está programada para el próximo 2 de octubre, donde la Fiscalía solicitará su prisión preventiva.

El conflicto surge en mayo de 2023, cuando Primus Capital, un factoring no bancario, presentó una denuncia por presuntas irregularidades financieras que involucraban la falsificación de documentos y triangulaciones ilegales. Junto a Guzmán, se encuentran imputados Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, quienes ocupaban cargos ejecutivos en la empresa. Primus alega que estos tres actores fueron responsables de un esquema defraudatorio que provocó cuantiosas pérdidas para la firma.

Guzmán, sin embargo, ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando que no adeuda ninguna suma a Primus y que las transacciones realizadas fueron completamente legítimas. A pesar de esto, la investigación ha continuado, generando una creciente tensión entre la defensa del abogado y la Fiscalía.

El principal argumento de Guzmán ante el TC es que la investigación se ha visto afectada por una falta de objetividad. Afirma que el fiscal Felipe Sepúlveda ha mantenido una cercanía preocupante con los abogados de Primus Capital, lo que ha derivado en un tratamiento parcial de la investigación. En su recurso de inaplicabilidad, Guzmán también cuestiona la aplicación del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que le obliga a consignar 5 UTM por cada incidente que desee presentar en su defensa.

Uno de los puntos más críticos que destaca Guzmán en su presentación es la demora en la tasación de los inmuebles que entregó en garantía, una diligencia que considera clave para demostrar que no existió perjuicio económico. Según el abogado, la Fiscalía se ha tardado más de un año en evacuar una diligencia fundamental, lo que ha dificultado su capacidad para presentar pruebas que refuten las acusaciones de Primus.

Guzmán a sus casi 40 años, ha construido una carrera que abarca desde negocios inmobiliarios y mineros hasta la representación de artistas. En su historial se incluye la creación de múltiples sociedades y su participación en distintos emprendimientos, algunos de los cuales han enfrentado serios cuestionamientos.

A lo largo de su carrera, ha mantenido contactos con figuras públicas como Mauricio Pinilla y Parived (Gustavo Costa), lo que lo ha vinculado a diferentes ambientes, desde el mundo de los autos de lujo hasta la música urbana. Aunque ha sido descrito como audaz y capaz, algunos exsocios han señalado que su estilo empresarial ha generado tensiones, aunque su defensa niega cualquier tipo de irregularidad en sus negocios.

En respuesta al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Antonio Guzmán Neira, Primus Capital, a través de su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero, acusó a Guzmán de utilizar tácticas dilatorias para evitar su formalización penal. Según la empresa, Guzmán ha recurrido a este recurso legal con el fin de postergar su enjuiciamiento en el marco de una investigación por uno de los mayores fraudes corporativos recientes, que habría causado a Primus pérdidas millonarias.

Primus Capital afirmó que Guzmán, en su rol de asesor legal, fue parte de una asociación ilícita junto a Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar y Marcelo Rivadeneira, responsables de un esquema defraudatorio. La compañía sostiene que el requerimiento ingresado por Guzmán ante el Tribunal Constitucional no tiene base constitucional, y su verdadera intención es evitar la audiencia de formalización programada para el 2 de octubre de 2024, la cual ya ha sido aplazada en varias ocasiones por maniobras procesales similares.

“El presente requerimiento de inaplicabilidad no es más que un ardid del Sr. Guzmán Neira para intentar evitar que el próximo miércoles se le formalice por su participación como autor de los delitos ya señalados”, subraya la respuesta de Primus, agregando que el acusado ha recurrido a incidentes y recusaciones para frenar el avance del proceso penal.

La compañía pidió al Tribunal Constitucional que rechace la solicitud de Guzmán, argumentando que no hay fundamentos suficientes para suspender el proceso judicial.