La compañía de inversiones MBI presentó el pasado 16 de enero una querella criminal en contra del empresario Álvaro Saieh -controlador de Copesa, empresa que edita Pulso-. Y este domingo, Saieh salió a defenderse de las acusaciones: “Estoy absolutamente convencido que esta querella tiene un objetivo funcional, consistente en generar presión mediática a las instituciones para obtener beneficios. MBI fue parte del Comité de Acreedores y participó en todas las instancias del acuerdo que puso término al juicio”, dijo el empresario en El Mercurio.

En junio de 2021 CorpGroup Banking (CGB) presentó en Estados Unidos un procedimiento para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país por deudas con Itaú y bonistas, entre ellos, MBI. Casi un año después se cerró el proceso, luego de que en junio de 2022 CGB llegó a un acuerdo con los acreedores, lo que generó, entre otras cosas, que CGB dejara de ser accionista del banco Itaú.

Ahora la querella de MBI en contra de Saieh y “de todos aquellos que resulten responsables a título de coautores, cómplices y encubridores”, acusa “la comisión de delitos reiterados de otorgamiento de contrato simulado, en grado de consumados y en calidad de autor” y también habla de un “vaciamiento de activos”.

Frente a ello, el abogado de Saieh, Ricardo Reveco, responde que “de acuerdo a mi experiencia, es normal que acreedores que se sientan afectados, ya sea por un proceso de insolvencia o por una derrota judicial, recurran a este tipo de querellas criminales, pero llama la atención que MBI adopte este actitud cuando participó en el proceso de revisión de estas mismas operaciones desde un comienzo, en un rol activo, incluso como miembros del Comité de Acreedores en el Chapter 11 que se presentó en Estados Unidos, habiendo manifestado en ese proceso estar de acuerdo con la propuesta que CGB y sus accionistas hicieron a los acreedores”.

El socio del estudio Carey agrega que “no corresponde calificar lo ocurrido como un vaciamiento del patrimonio. El problema de fondo es que el activo subyacente de CGB, que correspondía a acciones del Banco Itaú Corpbanca disminuyeron de valor de manera importante por un bajo rendimiento del banco. Esa disminución de valor impidió -finalmente- que se haya podido pagar el bono en los términos originalmente pactados. Ello estuvo fuera del control de CGB”.

Es por esto que Reveco asegura que “hablar de vaciamiento patrimonial no es efectivo. Aquí fue la pérdida de valor de las acciones del Banco Itaú Corpbanca la (que) impidió a CGB pagar los bonos”.

Además, el abogado de Saieh reitera en que “todo esto ya se revisó largamente en el proceso de Chapter 11, fue un proceso intenso de escrutinio, en el que los bonistas tuvieron un rol activo, como miembro del Comité de Acreedores. Y el resultado de ese proceso es que se llegó a un acuerdo definitivo con los acreedores, otorgándose los correspondientes finiquitos, por estimarse que la contribución adicional que la familia Saieh hizo a la masa de acreedores en el proceso era justa, razonable y suficiente”.

Por último, menciona que “en los últimos años se han hecho varias acusaciones que finalmente no han prosperado por falta de antecedentes serios. Primero, levantaron una teoría de levantamiento del velo por la prensa escrita, la que luego abandonaron. Acto seguido, recurrieron al Poder Judicial chileno en dos oportunidades: primero, con una medida prejudicial preparatoria, alegando que no tenían antecedentes para preparar y presentar una acción pauliana. Luego, y sin esa información y antecedentes que declaraban que eran tan necesarios, dedujeron la misma acción pauliana anunciada, en otro tribunal de Santiago, destinada a atacar operaciones realizadas ocho años antes, de las que tuvieron conocimiento, pues aparecían en los estados financieros de las empresas del grupo y que también fue abandona. Y ahora, se intenta esta querella, habiendo sido todo revisado y resuelto en el proceso de Chapter 11, desconociendo los finiquitos otorgados y largamente negociados. Creo que los hechos hablan por sí solos”.

La querella que interpuso MBI, en el apartado “hechos constitutivos de delitos”, afirma que “entre los años 2016 y 2020 el querellado dispuso que CGB ejecutara con sus relacionadas SAGA y GASA una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones de SAGA, todos los cuales son simulados, ya que la real voluntad del controlador fue sacar activos de CGB y en ningún caso adquirir las referidas acciones”.

El documento también dice que “se trató de la celebración de una serie de contratos de traspasos de acciones por un monto total aproximado a los $164.735.000.000. Significó un vaciamiento del patrimonio de CGB realizado en perjuicio de los bonistas. Es decir, de los acreedores del Bono CGB 13/23. En conclusión, el emisor del bono fue despojándose de todo su activo”. Producto de lo anterior, MBI establece que el monto del perjuicio percibido es de, “al menos”, unos US$50 millones.

Frente a ello, Saieh indicó en El Mercurio que “desconozco con qué fundamentos llegan a esas cifras. (...) Lo importante es que ellos participaron en el acuerdo que puso término al juicio en Estados Unidos y todo acuerdo nace para ser cumplido. (...) Además, la sentencia que resolvió el juicio es válida en Estados Unidos y en Chile”.

El empresario indicó que “la mejor demostración de que no existió ningún ilícito es que los accionistas de CGB sufrimos un severo e importante daño patrimonial, lo que es de público conocimiento. Nadie gana cuando pierde”. Y agregó que “ejerceremos todas las acciones legales que correspondan para pedir el máximo rigor de la ley frente a la presentación de esta querella infundada y en algunos aspectos calumniosos”.