Alejandra Cox: “Obligar a la gente a entregar sus ahorros a un ente estatal reinstalará la discusión de que el sistema fue impuesto, sin opciones”

Lleva poco más de un año al mando de la Asociación de AFP. La economista Alejandra Cox estuvo radicada en Estados Unidos desde 1977, pero desde julio del año pasado está instalada en Santiago: en marzo de 2021 pasó desde la academia a encabezar uno de los sectores económicos más turbulentos en Chile. Cuando asumió la presidencia de las AFP ya se habían aprobado dos retiros del 10% en el país y aún no se realizaba la elección de los convencionales que redactarían la nueva Constitución. Hoy ya van tres procesos de retiros, y la redacción sobre seguridad social está lista en el borrador de la nueva Carta Magna, solo a la espera de eventuales normas transitorias y posibles ajustes que puedan producirse en la comisión de armonización. Ahora también se avecina la reforma de pensiones, donde el gobierno ha propuesto acabar con las AFP. En el marco de los diálogos sociales que está realizando el Ejecutivo, la próxima semana participará en las consultas técnicas. Y las reuniones no han parado. De hecho, hace un par de días se juntó con representantes del Partido de la Gente.

¿Este primer año ha sido lo que se imaginaba cuando asumió el cargo?

Mira, no tanto. Piensa que hubo una campaña electoral, el tema de la Constituyente, la elección de los representantes, el inicio del proceso. Es toda una seguidilla de cambios que, bueno, lo está viendo todo el mundo desde sus distintos sectores. Y nosotros vamos siguiendo específicamente lo que atañe al sistema de seguridad social. También hay nuevos actores, por lo cual tenemos que establecer conexión, etcétera, un montón de cosas.

¿Cómo va a cambiar la seguridad social con la redacción que quedó en el borrador de la nueva Constitución?

No sabemos. El borrador de la nueva Constitución garantiza derechos, enfatiza principios y entrega a la ley la definición de una política de seguridad social. Al mismo tiempo, el borrador de la nueva Constitución incluye cambios al proceso legislativo que influirán en la discusión y también en cambios de nuevas leyes. Todo eso implica que, realmente, no sabemos cómo va a quedar.

Pero se establece un sistema de seguridad social público. ¿Eso implica que no puede seguir existiendo el sistema como está hoy, centrado en ahorro individual en entes privados?

El sistema hoy en día también está a cargo del sector público; este no es un sistema de AFP, en el sentido de que es el sector público el que establece todas las normas, y los privados acatan esas normas. De hecho, el borrador no los excluye (a los privados), pero su rol no está claro. Este es un tema que queda para la ley. Hoy los privados cumplen funciones delegadas y estas podrían seguir cumpliéndose en un futuro sistema. Entonces, es ineludible que las personas tengan el derecho a elegir quién administra sus ahorros. Y cuando digo administrar, no me refiero solo a cómo invertir los dineros. También hablo de quién va a recaudar las cotizaciones y quién se hará cargo de la logística y el pago de beneficios, entre otras funciones. Los trabajadores deben tener la opción de acceder y elegir quién le preste esos servicios. Los retiros de los fondos, junto con derribar mentiras sobre las AFP, demostraron la eficiencia, capacidad y compromiso de las administradoras con sus afiliados. No tengo claro que un ente público hubiese podido dar esa respuesta de la manera ágil y oportuna como lo hicieron las AFP. Creo que obligar a la gente a entregar sus ahorros a un ente estatal reinstalará la discusión de que el sistema fue impuesto, sin opciones.

La inexpropiabilidad de los fondos se instaló en el debate. De hecho, el gobierno ingresó un proyecto en esa línea. Pero no se incorporó en el borrador de la nueva Constitución. ¿Hay realmente un riesgo de expropiación como algunos creen, genera incertidumbre?

La incertidumbre y nerviosismo de la ciudadanía es perfectamente entendible. Los afiliados en las sucursales, en los centros de llamados y en las redes sociales, nos preguntan una y otra vez: ¿Qué va a pasar con mis ahorros? Y es que las señales no han sido claras. El movimiento “Con mi plata no”, por ejemplo, propuso una iniciativa para garantizar la propiedad de los fondos y su inexpropiabilidad, pero pese a haber obtenido el máximo número de firmas en la Convención, se decidió ignorarla; también se han rechazado indicaciones en esta misma línea. A esa incertidumbre e inseguridad se suma que las normas que protegen el derecho de propiedad se están debilitando en el nuevo texto y que todavía la discusión sobre mejoras en las pensiones enfatiza lo ideológico y deja de lado lo técnico. Mientras el gobierno no dé detalles de su propuesta de reforma, los afiliados seguirán preocupados por el destino de sus ahorros.

La seguridad social ya no será de iniciativa exclusiva presidencial en caso de aprobarse la nueva Constitución. ¿Ello abre aún más la puerta para los retiros?

Sí y esto es un grave error. Los sistemas de pensiones, por su naturaleza, obligan a las personas activas a ahorrar para generar beneficios de pensión en edades avanzadas. Por el lado contrario, los ciclos políticos tienden a enfocar su mirada en el presente, ignorando el largo plazo. Esto es una tentación para cosas como retiros y creemos que permitir más retiros es una receta segura para una vejez más vulnerable.

¿Le sorprendió el proyecto de retiro que presentó el gobierno?

Era un proyecto de muy difícil implementación, por decir lo menos.

¿Si no se aprueba una reforma previsional, van a seguir los retiros en el país o esa puerta ya se cerró?

Ojalá que no vengan retiros. Creo que cada vez existe más conciencia de que esto es muy malo. El impacto sobre las pensiones futuras es serio y grande. Lo hemos calculado. Ahora, lo que sí es que todavía no se ha apreciado lo suficiente que tenemos una reforma: la Pensión Garantizada Universal es una gran reforma. Como está en proceso de implementación, creo que todavía no se ha valorado lo suficiente. Por lo menos viene a compensar en cierta manera el gran hoyo que dejaron los retiros. Pero evidentemente que sería terrible que haya apoyo a esas iniciativas (de retiro), y obviamente que tener una reforma en principio ayuda a que esas voces se acallen.

El gobierno propone una reforma previsional que acaba con las AFP, pero no le han cerrado la puerta a los privados. ¿La industria se puede reinventar en este contexto?

Lo esencial del futuro sistema es que permita la libre elección de las personas. Que cada persona elija quién tramita y administra sus ahorros. En ese contexto, las AFP, dada la experiencia acumulada, son quienes proporcionarían el mejor servicio y retorno dentro de todas las opciones, pues están más que preparadas para administrar la cotización extra sin cobrar una segunda comisión y, de acuerdo a los estudios de opinión, las personas preferirían precisamente que su AFP administre sus ahorros sin un doble costo. Es más, en el caso de los APV, las administradoras compiten contra todo el sistema financiero, Estado incluido, y son más baratas y la gente las prefiere.

¿Cree que van a ser realmente vinculantes los diálogos sociales, o la reforma del gobierno sería la misma si no se hubiese hecho este proceso?

Leí las minutas que el gobierno emitió para conducir estos diálogos. Más que una guía para una conversación abierta me parece que reflejan posturas ya definidas y con un claro sesgo. La participación tripartita permite recoger opiniones. Dicho eso, creemos que la mejor forma de participación ciudadana se da precisamente en la libertad de elección que tengan los afiliados respecto de la administración de sus ahorros.

¿En qué tipo de cosas ve sesgos?

Hay un video que inicia las actividades de diálogos, donde aparece, por ejemplo, la ministra del Trabajo diciendo que en el sistema existente, cuando se inició, se prometió que las personas iban a tener una tasa remplazo del 100%, una pensión parecida a sus ingresos, lo cual no es verdad. Esa no es una forma en que podemos medir los resultados del sistema. Entonces, eso es un sesgo. Después, en términos de las preguntas que se le hacen a la gente, hay un nivel en toda esta discusión que es superteórico. Se pregunta si el sistema es o no de seguridad social. Esos son conceptos un poco lejanos a las personas. Pero es así como se estructura la discusión en estos diálogos.

¿Por qué dice que no es verdad que se prometió un 100% de tasa de reemplazo cuando se creó el sistema de AFP?

Está muy claro en los artículos de los diarios de esa época. El sistema que se instaló en 1980 es un sistema de contribución definida, lo que el Estado obliga es a las personas a integrar un porcentaje de su salario para su ahorro de pensión. Por lo tanto, no se prometía un beneficio. Lo que se hicieron fueron cálculos para tratar de establecer que ese 10% era adecuado para una pensión razonable, y bajo comportamientos ideales, o sea, las personas contribuyendo durante toda su vida laboral, y con la expectativa de vida que existía en los años 80, se llegaba a tasas de reemplazo bien razonables, pero nunca se prometieron, sino que se hicieron esos cálculos para determinar que una contribución del 10% era suficiente. Hay que considerar que desde un principio se dejó a todas las personas independientes fuera del sistema. Entonces, 40 años después, y con un conocimiento de que las personas se mueven desde el sector formal al sector informal, y viceversa; se entiende mucho mejor el tema de las lagunas, y se hace ya muy evidente desde el año 2008, sino antes, que es importantísimo incorporar a los independientes al sistema. Eso ha demorado mucho en la normativa, en realmente incorporarlos. Solamente hace casi tres años que están los trabajadores a honorarios haciendo contribuciones obligatorias.

Y 10% no fue suficiente.

Justamente no fue suficiente, porque nuestra expectativa de vida ha ido aumentando muy fuertemente en el tiempo. Y justamente por las lagunas. Esos han sido los dos grandes factores que han hecho que las tasas de reemplazo para la población promedio hayan sido bajas.

Desde el gobierno han criticado la publicidad que han hecho las AFP. El subsecretario de previsión social dijo que “la campaña de las AFP no le hace bien al país”. La Superintendencia de Pensiones ha instruido suspender campañas. ¿Lo ve como una censura o las AFP se han excedido?

Las AFP como entes regulados siempre acatan las instrucciones de la Superintendencia. Sin embargo, nos parece sumamente grave que se nos quiera censurar. Los afiliados merecen tener todos los antecedentes sobre la mesa y así ser parte de la discusión de la manera más informada posible.