Álvaro García: “Los exministros de Hacienda que van por el Rechazo efectivamente han abandonado la centroizquierda”
El economista explicita su apoyo al Apruebo. En su argumentación señala que es la mejor opción para avanzar hacia los cambios que la ciudadanía demanda y generar paz social. Resalta que las constituciones “no deben meterse en aspectos específicos de la economía, salvo criterios muy generales”. Y añade que mantener abierto el debate “perjudicaría la recuperación económica”.
Fue parte del grupo de economistas que este viernes llegaron hasta Londres 43, sede del comando del Apruebo para dar su apoyo. Álvaro García (PPD) tiene una larga historia concertacionista. En 1990 fue subsecretario de Planificación en el gobierno de Patricio Aylwin, luego en el período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue ministro de Economía, y bajo el mandato de Ricardo Lagos, llegó al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Por eso, para él la opción que debe primar en la centroizquierda es la de aprobar el nuevo texto constitucional y luego hacer mejoras, tal como lo acordaron los partidos políticos de su bloque.
¿Por qué decidió explicitar su apoyo al Apruebo y por qué cree que es mejor para el futuro de Chile aprobar la nueva Constitución?
Lo medular de la nueva Constitución es el reconocimiento de los derechos de las personas, del medioambiente y de género. Esa es una transformación que requiere Chile y que estamos atrasados. Esta materia tratada en el nuevo texto, le abre una mejor perspectiva para la calidad de vida de las personas. Los grandes problemas económicos que hemos tenido en el país han estado ligados a conflictos sociales o ambientales. La nueva Constitución los busca resolver.
¿Cómo lo resuelve el nuevo texto?
Al tener derechos garantizados para las personas y la naturaleza generan las condiciones para que todos sean incluidos en el desarrollo, y por esa vía, se crea paz social y condiciones institucionales para un crecimiento más inclusivo y sostenible en el tiempo. Esa es la experiencia internacional de desarrollo. Lo más significativo es el Estado Social de Derecho. Todos están incluidos. Esa es una condición indispensable para el desarrollo.
¿Usted está entre los que aprueban para reformar?
Yo soy militante del Partido por la Democracia. El 1 de junio dimos a conocer nuestra opinión de que había que aprobar y mejorar.
Eso para algunos es contradictorio, el aprobar algo que se debe modificar, ¿cómo lo explica?
No. Ambas cosas no son contradictorias, sino que es un complemento, porque hay materias que necesitan ser especificadas en leyes y otras cosas que deberían ser clarificadas para tener una mejor Constitución. En la tradición histórica de Chile y de varios países nunca un nuevo texto se termina de construir el día en que se Aprueba. Sabemos que esta Constitución cursa más de 60 proyectos de ley, por lo que va a pasar mucho tiempo antes de que los principios que trae este nuevo texto sea una realidad en la institucionalidad del país.
Uno de los temas que está dentro del acuerdo de los partidos de centroizquierda es volver a que la iniciativa de gasto sea exclusivamente del Presidente, ¿es clave que se modifique?
Sí, la responsabilidad fiscal se fortalece con el hecho de que la decisión de gasto esté exclusivamente en manos del Ejecutivo. Hay otras cosas que también se deben clarificar, una de ellas es la relacionada con la definición de consentimiento cuando se consulta a los pueblos indígenas. Esto en lo que se refiere al convenio 169 de la OIT, que define muy bien cuándo es consentimiento, que es una situación muy particular. Esta es una definición económica muy importante. Pero faltan algunas otras como las modificaciones que se hacen en el tema aguas, que son fundamentales para el desarrollo del país. Ese artículo quedó poco claro respecto a los criterios que se van a utilizar para transferir los permisos del uso del agua.
Rodrigo Valdés ha sido bien crítico de algunas materias económicas, entre ellas que exista un derecho a huelga “sin techo, y eso es bastante extremo, porque rompe la posibilidad de tener una reglada”, dijo, ¿cuál es su visión en este aspecto?
Sí, estoy de acuerdo, por lo tanto, esta discusión se tiene que dar en el Parlamento. Los ámbitos posibles de razones para la huelga quedaron demasiado indefinidos, por lo tanto, cualquier causal puede ser objeto de huelga y creo que eso se debe acotar a los temas propios de la empresa.
Algunos economistas critican que la nueva Constitución no sea pro inversión ni crecimiento, ¿qué responde a esas críticas?
Las constituciones no deben meterse en aspectos específicos de la economía, salvo criterios muy generales como la autonomía del Banco Central, el justo precio cuando hay expropiaciones, materias que sí contiene el nuevo texto. Si uno mira en su conjunto el texto, hay un cambio que es clave para el desarrollo, que es la sostenibilidad en su dimensión ecológica, social y ambiental. Ciertamente, Chile tenía atrasos en su dimensión social y ambiental, atrasos que corrige esta nueva Constitución, por lo tanto, genera un espacio para un desarrollo más equilibrado y sostenible en el tiempo, y eso es muy positivo. Además, hay una enorme ventaja para el Apruebo en términos económicos para cerrar esta discusión y no continuar por los próximos dos, tres o cuatro años. Eso es lo que más perjudicaría a la recuperación económica, que se mantenga la incertidumbre por varios años más. Necesitamos volver a construir. A lo mejor hay cosas que reformar, pero por lo menos tenemos que empezar a hacer las cosas para recuperar el progreso.
¿Si se rechaza el nuevo texto, generaría mayor incertidumbre y afectaría la economía?
Por supuesto, porque postergaría las certezas con que los agentes económicos operan. No van a saber cuál será el nuevo marco. Tendríamos que pasar por un largo proceso nuevamente, y creo que lo más importante para esos sectores hoy en día es tener certezas sobre el marco en el que van a operar.
Pero los impulsores del Rechazo también afirman que habrá reformas, ¿no les cree?
Tengo razones para no creerles, pero me gusta partir de la buena fe. Mi argumento es más bien práctico. Si se rechaza, habrá un nuevo proceso donde la ciudadanía definirá cómo se estructura la próxima convención constituyente, después elegir a sus integrantes, realizar el trabajo y luego volver a votar, entonces pasará mucho tiempo en que los actores económicos no tendrán un marco constitucional cerrado.
En materia de expropiación, no hay una sola lectura sobre si el justo precio es precio de mercado, ¿ve necesario cambios legales para aclararlo?
Creo que toda clarificación es positiva. En esa materia yo no tengo dudas. El justo precio es una tradición constitucional de países bien desarrollados como Estados Unidos y Francia. Además, está la tradición jurídica de Chile, donde siempre se ha interpretado el justo precio como precio de mercado. No obstante, si de mi hubiera dependido, lo habría explicitado en la Constitución precio de mercado para evitar confusiones.
¿Lo precisaría en una ley?
Sí, por supuesto.
¿La precisión de justo precio a precio de mercado lo ve como un elemento clave para generar certezas o se ha sobredimensionado en el debate público?
Creo que en esta materia se ha sobredimensionado. No veo razones para que los tribunales de justicia vayan a interpretar el justo precio de una manera distinta a la que lo han hecho durante toda su historia. Y esa es la instancia llamada a definir qué es justo precio.
¿El principio de responsabilidad fiscal que quedó estipulado en la nueva Constitución es un buen resguardo para no generar problemas económicos al Fisco o falta algo más para asegurar que se cumpla?
Creo que no es suficiente. Ese principio debe ir acompañado de una regla fiscal como las que hemos tenido en Chile. El gobierno este año está dando una prueba gigantesca de responsabilidad fiscal ajustando el gasto. Se requiere mantener esa tradición y plasmarla en reglas fiscales.
De acuerdo con un análisis que un grupo de economistas, implementar la nueva Constitución tendrá un costo anual de entre un 8,9% y un 14,2% del PIB. ¿Es realista su implementación o deberá ser muy gradual en el tiempo?
El espíritu de la nueva Constitución es que los derechos se van a satisfacer gradualmente. Creo que hay un inequívoco en el planteamiento que hace ese informe. No en los números, sino que, en el planteamiento, porque hubiera sido mejor titularlo señalando que este es el costo para resolver los problemas sociales que tiene Chile.
¿Pero es lograble?
Es un muy buen fundamento para la reforma tributaria que está en discusión, y también se releva la necesidad de que el país vuelva a crecer. Llevamos prácticamente 15 años con un crecimiento estancando. Evidentemente en estas condiciones no podemos garantizar los derechos sociales, porque no habrá recursos. Por eso me parece importante que se geste un acuerdo entre los diferentes actores económicos, con empresarios, trabajadores y sociedad civil para ver cómo volvemos a crecer. Ese acuerdo, de no tener una nueva Constitución, seguirá postergado.
¿Ve probable recuperar el crecimiento en el corto mediano plazo?
Es absolutamente factible. De hecho, hicimos un trabajo bajo el alero de la Fundación Democracia y Desarrollo donde se hizo una proyección económica. Se calculó cuál es el crecimiento de Chile si se ejecutan todos los proyectos que están en carpeta, y eso nos daba un crecimiento en torno al 5%. No es una fantasía, porque es en base a todos los proyectos que ya existen. Las condiciones están, pero se requiere hacer las cosas distintas y cambiar el espíritu en las relaciones y tener un mayor diálogo entre todos los actores. Pero esto no se logrará de un año para otro, mientras antes comencemos, mejor.
¿Por qué cree que varios economistas y exministros de centroizquierda no apoyan esta nueva Constitución, generando una división en este sector político?
No diría de ninguna manera que se dividió la centroizquierda. Hay un número muy reducido de personas que transitaron hacia otro sector político, pero el número es demasiado reducido para hablar de división. No podrían responder por ellos, tomaron una decisión política.
Pero, por ejemplo, si uno ve los ministros de Hacienda de gobiernos de centro-izquierda del año 90 a la fecha, cuatro de siete ya dieron su apoyo al Rechazo (Foxley, Aninat, Marfán y Velasco). ¿Ellos cambiaron su posición política?
Los exministros de Hacienda que van por el Rechazo, efectivamente han abandonado la centroizquierda.
¿Pero no puede haber gente de centroizquierda que vote Rechazo?
Me refiero a los argumentos que ellos han entregado. Cuando digo que han abandonado la centroizquierda es porque he visto a lo largo del tiempo sus opiniones cambiar, no es solo referida a la nueva Constitución, sino que en general.
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