Como actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, a Andrés Velasco le ha tocado vivir la cuarentena por el Covid-19 en la capital inglesa. Cuenta que en función de su cargo ha debido coordinar muchas actividades en respuesta a la pandemia. “Hace 15 días tuvimos un evento con cinco exjefes de Estado de América Latina, incluyendo al Presidente Lagos. He participado en diálogos con epidemiólogos, cientistas políticos, sociólogos, activistas, líderes de la sociedad civil y, por supuesto, economistas”. Reconoce que ha aprendido mucho, sin embargo, también admite una gran preocupación. ¿Cuál? Básicamente el hecho de que esta crisis del coronavirus, que es la peor en 70 años, ha pillado al mundo con los peores gobernantes de esos mismos 70 años. EE.UU., Rusia, India, Filipinas, Brasil y México, que son los principales países con altos focos de contagio hoy, señala, “son gobernados por líderes populistas y autoritarios que desconfían de la ciencia. Trump dice que el virus se cura inyectando desinfectante a la gente, Bolsonaro acusa que la pandemia es un invento de la prensa para perjudicarlo, y López Obrador hasta hace poco organizaba reuniones masivas en las que abrazaba a los manifestantes. El populismo errático de estos gobernantes costará decenas o cientos de miles de vidas”.

En cuanto a Chile, su preocupación también es evidente. Para dimensionar el daño que sufrirá el país este año, señala que es muy probable que la contracción del PIB (Producto Interno Bruto) fluctúe entre 5% y 10%, como en el resto de las principales economías de la región, por lo que insiste en la necesidad de actuar con gran urgencia para paliar los efectos de las medidas de confinamiento y distancia social. Y ahí su llamado es a que se logre consensuar cuanto antes el plan de emergencia que negocian gobierno y oposición. “Un acuerdo permite dejar atrás los anuncios por goteo y entregarle un horizonte de planificación a las personas, las familias y los emprendedores”. Le parecen bien un plazo de 18 meses y un techo de gasto extra de US$ 12 mil millones, pero sí advierte que se deberá priorizar. “Tratar de hacerlo todo es el camino más seguro para lograr poco o nada”, enfatiza. Propone una ley única de acuerdo marco, con flexibilidad presupuestaria que permita reasignar fondos en la medida que la reducción en los contagios lo vaya permitiendo.

A mediados de abril usted habló de “tirar la casa por la ventana” en Chile respecto a las medidas económicas por la pandemia y generó debate. ¿Persiste en esa visión? ¿Eso implica gastarse todo ahora y no dejar nada para el futuro?

-Lo dije entonces y lo reitero hoy. Los ahorros son para usarlos en emergencias, y esta es la madre de todas las emergencias. Por supuesto que sería mala idea gastárselo todo ahora y no dejar nada para el futuro. No se trata de eso. Tampoco significa que las fuerzas políticas deban entrar en una competencia por quién gasta más, como si fuese solo el tamaño y no la calidad de los programas públicos lo que determina su impacto social. Pero hay que actuar, y con audacia. Se trata de aprovechar de modo inteligente los espacios fiscales que Chile ha construido a lo largo de dos décadas de manejo presupuestario responsable.

¿Cómo lo ha hecho el gobierno desde entonces hasta ahora en la materia? ¿Ha actuado a tiempo y en la magnitud requerida?

-Esta es una crisis sin precedentes. Nunca antes los gobiernos le habían dicho a los trabajadores que no trabajen y a las empresas que no produzcan. Nadie podía pretender al comienzo prever perfectamente la profundidad de la crisis o los instrumentos perfectos para lidiar con ella. Más que intercambiar acusaciones -cosa que en Chile ocurre en exceso- lo importante es actuar unidos, ir aprendiendo en el camino y hacer los ajustes necesarios. En Chile el apoyo financiero a las familias se está quedando corto. Hay que aumentar las transferencias a las familias vulnerables que han perdido ingresos por el confinamiento. En materia de protección del empleo y apoyo a las empresas, las medidas del gobierno son valiosas en su enfoque, pero incompletas en su aplicación. El crédito debe llegar más rápido y a más emprendimientos, de todos los tamaños. Los despidos masivos por falta de liquidez, además de un tremendo costo social, tienen un efecto negativo en la productividad.

Usted dice que “el apoyo financiero a las familias se está quedando corto”. ¿De cuánto más estamos hablando y por cuánto tiempo?

-Se trata de un apoyo extraordinario para las personas que no han podido salir a trabajar por la emergencia sanitaria. Debe durar mientras dure esa emergencia y rijan cuarentenas o haya sectores de la economía impedidos de operar normalmente.

¿El plan de emergencia que busca consensuar el gobierno con la oposición debe marcar un punto de inflexión en la batalla contra los estragos de la pandemia en materia social y económica?

-Es indispensable construir un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. El propósito principal de ese acuerdo debe ser reducir la incertidumbre. Darle un marco económico y político a lo que vamos a hacer en los próximos 18 meses para combatir el virus. Un acuerdo permite dejar atrás los anuncios por goteo y entregarle un horizonte de planificación a las personas, las familias y los emprendedores. Ahora, las emergencias exigen priorizar. Tratar de hacerlo todo es el camino más seguro para lograr poco o nada. Hay que concentrarse en lo urgente y actuar ahora. La responsabilidad es del gobierno y de la oposición. El costo del fracaso político será un desempleo desorbitado, un descontento social creciente y una probable segunda ola de violencia.

¿Cuál es el marco extra de recursos que se debe contemplar para enfrentar la crisis y durante qué plazo? ¿Comparte la propuesta de los economistas para el Colegio Médico?

-El acuerdo debe contemplar un techo al cual deberán ceñirse todos los nuevos compromisos fiscales relacionados a la pandemia hasta diciembre de 2021. El monto propuesto por los economistas convocados por el Colegio Médico es adecuado. Son 5 puntos del PIB en recursos adicionales netos, provenientes ya sea del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) o de nuevo endeudamiento público. Hay que usar esa plata con rigor, pero también con mucha flexibilidad. Si esto se transforma en una media docena de leyes que se demoran meses en aprobarse, estamos mal. Propongo una ley única de acuerdo marco, con flexibilidad presupuestaria que permita reasignar fondos en la medida que la reducción en los contagios lo vaya permitiendo.

¿Cómo debiera funcionar esa ley única que usted propone? ¿Eso implica no mandar un proyecto para bonos, otro para ingreso de emergencia, etc.?

-Todos los años la Ley de Presupuestos fija gastos y en su aplicación da flexibilidad a Hacienda, pero con límites. Por ejemplo, puede reasignar gasto corriente a inversión, pero no viceversa. Hoy el acuerdo debe plasmarse en una ley -no media docena- que opere del mismo modo.

¿De dónde debe salir el financiamiento y en qué proporción? ¿Cuál debe ser el mix entre más deuda y recursos del Fees?

-En este momento de gran incertidumbre financiera internacional, es bueno dejar algunos pesos en el chanchito del Fondo de Estabilización en caso de que vengan emergencias adicionales. Por eso propongo privilegiar nuevas emisiones de bonos, aprovechando que las tasas internacionales siguen bajas. Y hacerlo pronto, antes de que los mercados entren en pánico.

¿Qué se debe hacer pasada la pandemia para retomar las metas fiscales y cuán estrecho queda el camino a futuro?

-Hace un década la deuda pública andaba por el 3 % del Producto. Hoy anda por el 30%. Hay que estabilizar la deuda, de eso no puede caber ninguna duda. Pero no existe una bala mágica. Hay que usar todos los instrumentos disponibles. Deberemos equilibrar una mayor eficiencia en el gasto fiscal, una carga tributaria más cuantiosa y un crecimiento económico más acelerado.

Esta semana se conoció el Imacec de abril, que cayó 14,1%, y todas las estimaciones se están corrigiendo fuerte a la baja, mientras el viernes anterior un informe del FMI dijo que, en el peor escenario, el PIB de Chile podía descender este año 8,5%. ¿Lo ve así de drástico?

-A mediados de abril el FMI predijo que el PIB de América Latina caería algo más de 5%, y hoy es evidente que esa estimación está obsoleta. Las economías se van a contraer en un porcentaje mayor. ¿Qué tanto más? Nadie puede estar muy seguro, porque todo depende de la dinámica del contagio y de la posible llegada de una vacuna. Respecto de esas dos variables la incertidumbre es total. Pero es muy probable que las principales economías de la región, incluyendo a Chile, experimenten contracciones entre el 5% y el 10%.

¿Y el repunte en Chile cuándo podría vislumbrarse, a partir del tercer o cuarto trimestre?

-Eso depende de la dinámica de los contagios, cosa que ha resultado muy difícil de predecir. Y de si el mundo político logra ponerse de acuerdo y actuar ya.

¿Qué deben incluir las medidas para reactivar: se han propuesto subsidios al empleo, grandes obras públicas, rebaja temporal de impuestos, depreciación más acelerada?

-Me gusta la idea de extender los subsidios al empleo, privilegiando a aquellos grupos con mayores tasas de cesantía (jóvenes y mujeres), o bien a sectores con empleos en riesgo producto de la robotización. Esto debe ir de la mano del fortalecimiento de los mecanismos existentes de formación e intermediación laboral y la mayor utilización del trabajo a distancia o teletrabajo. Y como ha propuesto el grupo Un Camino Posible, del que soy parte, este es el momento de un plan de infraestructura con énfasis especial en los recursos hídricos, las nuevas tecnologías verdes y la renovación urbana, a través de una combinación de obras públicas, privadas y concesiones.

¿Qué es lo que más teme o le preocupa del futuro del país?

-El total descrédito de la política y de todas las instituciones. En la encuesta CEP (Centro de Estudios Públicos) de diciembre del año pasado, menos del 5% de los encuestados dice tener algo o mucha confianza en el gobierno, el Congreso o los partidos políticos. Y la confianza en otras instituciones, como Carabineros, los municipios, los sindicatos o la Iglesia Católica, apenas ronda el 15%. La emergencia sanitaria nos subraya la importancia de poder confiar en las autoridades sanitarias, en los vecinos, en los medios de comunicación. Si no corregimos la falta de confianza, estamos mal. El acuerdo constitucional fue un primer paso. Hoy un acuerdo contra la pandemia podría ser otro paso clave.