Aplazamiento de las elecciones: Cámara de Diputados rechazó indicación que impedía funcionamiento del comercio no esencial hasta mayo

La noche del martes las comisiones unidas de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobaron en general y en particular el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Presidente Sebastián Piñera, para aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo, en el caso de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes.

Junto con aprobar materias estrechamente relacionadas con el proceso eleccionario, se coló una indicación propuesta por los diputados DC Matías Walker, y Joanna Pérez, que amenazaba con poner aún más presión sobre el sector comercio.

Y es que con 12 votos a favor, todos de la oposición, se aprobó lo siguiente:

“Durante el periodo comprendido entre la publicación de esta reforma y el 16 de mayo de 2021, sólo podrán funcionar a lo largo del territorio nacional aquellos establecimientos comerciales que de acuerdo al plan paso a paso, establecido por el Ministerio de Salud en la resolución exenta número 591 y sus diversas modificaciones, sean considerados esenciales, excluyendo de tal categoría a las tiendas de centros comerciales, cines y otros establecimientos comerciales cuyo cierre no implique un perjuicio directo en la salud de la población. Asimismo, aquellos establecimientos que puedan continuar operando, sólo podrán, estrictamente, vender bienes y/o servicios considerados esenciales para la subsistencia de la población. Esta disposición se aplicará independientemente de los aforos y restricciones que establece el plan paso a paso”.

Sin embargo, este miércoles la sala de la Cámara rechazó la indicación, tras no conseguir el quórum de 92 votos que establece la Constitución. Esto, porque la votación de la iniciativa fue de 81 votos a favor, 58 en contra y 8 abstenciones.

El proyecto que aplaza los comicios de abril continuará ahora su tramitación en el Senado.

Para el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, Matías Guiloff, la indicación que proponían Walker y Pérez se trataba de una propuesta “severamente compleja y con implicaciones tremendas”. Esto no solo porque “discrimina” de cierta forma entre comercios, sino porque reflota la controvertida discusión respecto de qué se considera esencial. Además, sostuvo que la indicación “sembraba la desconfianza” respecto de la forma en el gobierno ha implementado el plan Paso a Paso.

En primer término, dijo que “no podemos seguir definiendo como actividades esenciales, en base a puros criterios contingentes, que al final son criterios políticos económicos del momento”.

En esta misma línea, manifestó su preocupación por la frase: “excluyendo de tal categoría a las tiendas de centros comerciales, cines y otros establecimientos comerciales cuyo cierre no implique un perjuicio directo en la salud de la población”. Al respecto, sostuvo que esta parte de la norma, pone “una carga argumentativa al gobierno de demostrar que el cierre por el contrario implica un perjuicio para la población”, y además de eso, “siembra la desconfianza” hacia la manera en que el gobierno ha implementado el plan paso a paso, “ya que, como ella misma indica, se aplica independientemente de lo que este establezca en cuanto a aforos y restricciones de dicho plan”, manifestó.

“Desconcierto”, esa es la palabra que utilizó el comercio para referirse a la indicación que aprobaron las comisiones unidas Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) calificaron la medida de “innecesaria, arbitraria e irracional”, y sostuvieron además que “los avances y retrocesos de dicho plan se sustentan en antecedentes técnicos, no así la norma que propone, sin justificación alguna, cerrar todo el comercio no esencial por más de un mes y medio, con los gravísimos efectos que esto conlleva para la vida de las personas y la economía, sin ningún justificativo ni fundamento alguno, más allá de temas netamente de coyuntura política”.

En el gremio insistieron en hacer un llamado a la cordura y a rechazar esta indicación que, “lo único que hace es un daño irreparable a cientos de empresas y trabajadores de un sector que ya lleva más de un año intentando salir adelante a raíz de la pandemia”, rematan.

En tanto, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette advirtió tras conocer la aprobación en las comisiones unidas que si la normativa era aprobada, el gremio no descartaba recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales que así lo ameriten.

Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo sostuvo que si la medida hubiese prosperado, esta habría podido implicar un 0,4% menos de crecimiento del PIB de Chile. Todo esto, considerando la actualización de 6% a 7% del primer IPoM del año.

Su aproximación se sustenta a partir de la siguiente hipótesis: él calcula que en un año normal, el comercio representa cerca de un 9,3% del PIB chileno, en donde más del 40% se produce en diciembre. Considerando lo anterior y si es que la restricción hubiese prosperado, asegura que esta afectaría a cerca del 60% de la actividad del comercio por un mes y medio, lo cual implicaría la pérdida de PIB anual de 0,4%.

Es decir, si la proyección sin restricciones es 7%, se reduce a 6,4% con las restricciones, por ejemplo. En términos de empleo, sostiene que podrían haberse ido suspendidas cerca de 900 mil personas.