Después de una década desde que ingresara originalmente al Congreso, la creación de un registro único de deudores volverá a ser discutido, pero esta vez de la mano de un nuevo proyecto de ley que fue ingresado hoy por Hacienda.
Mediante un comunicado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que la iniciativa “es un proyecto muy positivo para los chilenos pues incentiva el aumento de competencia entre los oferentes de créditos, mejora las condiciones de financiamiento de las personas con buen comportamiento de pago, limita el sobreendeudamiento y refuerza la supervisión del mercado financiero, entre otros beneficios”.
El proyecto contempla la creación del Registro de Deuda Consolidada, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al que determinados oferentes de crédito bancarios y no bancarios estarán obligados a reportar información respecto de operaciones de crédito de dinero y otras obligaciones que determine la CMF.
Además, establece que la información debe ser reportada entre otras entidades, por bancos, compañías de seguro, emisores de tarjetas de crédito, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades securitizadoras por los patrimonios separados que constituyan o tengan, así como otras entidades, que cumplan con las condiciones que establezca la CMF por norma de carácter general.
El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, valoró la iniciativa y señaló que “es una buena noticia. Esto, ya que permitirá que Chile avance hacia las buenas prácticas internacionales en esta materia, aspecto en el cual presentamos una brecha relevante”.
En esa línea, explicó que “el contar con más y mejor información es clave para la gestión crediticia. Permite mejorar la evaluación de riesgo, con beneficios directos para las personas.”
Hoy en día los bancos, cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las sociedades de apoyo al giro bancario están obligadas a reportar al regulador el monto de los créditos vigentes al día y la mora, otorgados a personas naturales y jurídicas. Pero no así las tarjetas de créditos no bancarias, así como proveedores de créditos automotrices y empresas de factoring que no están sujetos a esta obligación y no pueden acceder al mencionado registro.
Según el IEF del primer semestre, los préstamos de los actores no bancarios alcanzan el 2% de los activos financieros totales, pero son el 23% de los créditos de consumo.
De acuerdo a Opazo, “es importante que la tramitación de este proyecto sea consistente con la tramitación del Proyecto de Datos Personales que se encuentra en el Senado”
