Las isapres atraviesan por el momento más difícil que les ha tocado enfrentar desde su creación. En ese contexto, el liderazgo del gremio que las agrupa -con la excepción de Esencial- durante todo este tiempo de crisis que acusa estar viviendo la industria lo ha tenido Gonzalo Simon, quien asumió como presidente interino de la Asociación de Isapres en 2020, tras la repentina salida del cargo de Josefina Montenegro.

Ahora, luego de tres años de interinato, Simon dejaría la presidencia y seguiría ejerciendo su cargo histórico como gerente general de la entidad. Esto, porque según fuentes de la industria, la semana pasada el directorio del gremio acordó designar al actual presidente de Nueva Masvida, Gonzalo Arriagada, como nuevo timonel de la Asociación de Isapres, nombramiento que deberá ser ratificado por la mesa la próxima semana para que se haga efectivo, instancia en la cual también se escogería a un nuevo vicepresidente.

Por ahora, el gremio estima que la vocería la seguirá teniendo Simon, mientras que Arriagada asumiría un rol más táctico, liderando negociaciones con las distintas partes y tratando de tender puentes.

De hecho, Arriagada es quien ha representado a la asociación en el comité técnico convocado por los senadores de la Comisión de Salud para apoyar a los parlamentarios en su labor por sacar adelante una ley corta, tras el fallo que dictó la Corte Suprema por la tabla de factores, y que tiene en jaque a las isapres.

Allí Arriagada ha sido la voz del gremio, le ha tocado tener conversaciones con los parlamentarios y sus técnicos, con los distintos centros de estudio que componen la instancia, así como con los representantes del gobierno y la Superintendencia de Salud, para mostrar la posición de la industria.

El directorio del gremio ha hecho una evaluación positiva de su gestión en dicho comité y ven con buenos ojos que alguien que actualmente está al interior de la industria sea su cara en estos momentos turbulentos.

Arriagada fue gerente general de Óptima por 17 años, hasta 2013, y desde que Nexus ingresó a Chile lidera el directorio de Nueva Masvida, la única isapre de capitales extranjeros que por ahora no ha activado el mecanismo de solución de controversias con el Estado chileno, aunque no lo descartan.

En paralelo, Simon históricamente se ha desempeñado como gerente general del gremio, y ya le ha tocado asumir como presidente interino en dos oportunidades en los últimos cinco años. Primero fue por tres meses, cuando en abril de 2019 presentó su renuncia a la presidencia del gremio Rafael Caviedes, quien estuvo por varios años liderando la entidad, pero dejó el puesto tras recibir críticas por sus comentarios sobre el término de las preexistencias como filtro para las personas que deseen ingresar a las aseguradoras privadas de salud.

Luego fue a fines de junio de 2020, tras la renuncia de Montenegro, que solo ejerció el cargo por diez meses. Ella atribuyó la renuncia a que el directorio no compartía “sus posiciones, miradas, ni la forma como las expresa”, según manifestó en una carta a la mesa, acusando además que los asociados al gremio han tenido una “falta de conexión con la realidad y empatía con lo que el país está viviendo”.

El 14 de agosto recién pasado, por primera vez un ejecutivo de una isapre acudió al Congreso para exponer su visión sobre la crisis que las isapres acusan estar pasando. Se trató precisamente de Gonzalo Arriagada, quien asistió de manera presencial a la Comisión de Salud del Senado, donde alertó que “acá el tema de los plazos es vital”.

En esa, la primera sesión que se realizó luego de conocerse el fallo GES de la Corte Suprema, el presidente de Nueva Masvida manifestó a los senadores: “Nos preocupa de manera muy relevante el tema que estamos pasando, no solamente los tres fallos consecutivos que podrían poner en riesgo a la industria, sino fundamentalmente los problemas humanos que están detrás de todas estas dificultades”.

Agregó que “nos parece que las soluciones técnicas existen, que es posible consensuarlas, pero naturalmente que lo relevante va a ser después que esas soluciones técnicas puedan concitar el apoyo político suficiente, de lo contrario, la verdad es que ese trabajo va a ser inútil. En la comisión técnica hemos estado trabajando en el tema del fallo de la tabla, pero ese fallo tiene diferencias relevantes con este fallo del GES”.

Sobre eso, explicó que “en el fallo de la tabla de factores la Corte dio plazo a la Superintendencia para su implementación, seis meses, y después seis meses más, y no va a tener efectos reales que afecten la atención de las personas, ni a las isapres, ni prestadores, sino hasta después de que salga la ley corta. Eso nos da la oportunidad de resolver las dificultades que ese fallo planteaba. Aquí hay una diferencia muy importante que queremos destacar: el fallo del GES no nos da los mismos tiempos, es un problema bastante más urgente, y creemos que de esa forma hay que tomarlo”.

Pero advirtió que “tenemos dudas razonables en relación a si podremos lograr solucionar este problema de forma oportuna a través de la ley corta. ¿Por qué esto es así? Porque si bien en relación a las devoluciones la Corte ha sido mucho más conservadora que en decisiones anteriores, y ha dicho que se va a resolver caso a caso, donde no hay una solución general, eso ha resuelto una parte del problema, (porque) no hemos tenido que hacer reconocimiento de pasivos globales que hubiesen hecho sucumbir a las isapres, no habríamos podido cumplir indicadores”.

Sin embargo, detalló que producto del fallo GES “las disminuciones de ingresos son de tal envergadura, que podría poner a las isapres en una dificultad definitiva, eventualmente ante una quiebra, si pasa demasiado tiempo. Hay isapres que tienen $15 mil millones mensuales de menores ingresos, por citar un ejemplo (...). A lo mejor algunos meses se puede sostener eso sin afectar la atención de los afiliados y sus beneficios, pero probablemente no son muchos meses”.

Finalmente, concluyó: “Vemos que aquí hay una oportunidad. Hay una amenaza enorme, por supuesto, para las personas y para todos, pero también hay una oportunidad de sacar, después de todas estas dificultades, un sistema de salud más justo, más adecuado para todos, y a nosotros no nos puede parecer mejor eso, y estamos realmente interesados en aportar a construir ese mejor sistema de salud. Nos parece que esta ley corta no nos va a llevar hasta el final del camino, pero puede ser un avance hacia un sistema más razonable y más justo, y nos puede dejar en camino para una reforma más profunda”.