“El futuro inmediato de las isapres depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud en el cumplimiento del fallo, y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento, son cruciales, de ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas, e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud”.
Esa fue la declaración que emitió este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, para referirse al fallo que emitió el jueves pasado la Corte Suprema, y que terminó en una derrota para las isapres, ya que congeló las alzas que habían hecho desde la industria este año a los planes de salud, no solo para los más de 300 mil afiliados que judicializaron el asunto, sino que para la totalidad de los usuarios del sistema.
Esta es la primera declaración que hacen las isapres oficialmente para referirse al inédito fallo. Adicionalmente y mediante un comunicado, el gremio comentó: “la Tercera Sala de la Corte Suprema, en su fallo del pasado 18 de agosto, mandató a la Superintendencia de Salud a regular un nuevo plazo de comunicación del reajuste de precios de los planes de isapres, para el período correspondiente a junio de 2022 y julio de 2023″.
Agregaron que “frente a esta sentencia, la autoridad debe dictar una nueva circular conforme a la Ley 21.350, crucial para el funcionamiento del sistema, y que despeje las incertidumbres jurídicas que gatillaron la inédita judicialización del sector, al punto de poner en riesgo su viabilidad”.
Asimismo, dijeron que “el futuro inmediato de las isapres y las coberturas de sus beneficiarios están en manos del gobierno, que ha reconocido la compleja situación operacional, instalando una mesa de trabajo para abordar los problemas. En ese contexto, la Asociación de Isapres está a la espera de que la Superintendencia de Salud, en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación, siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema”.
Por último, señalaron que “la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales, pues de ello depende la continuidad de los planes y coberturas que benefician directamente a más de tres millones de personas, y el normal funcionamiento de todo el sistema privado de salud, que suma más de 10 millones de usuarios al año”.
