El país estuvo en alerta sanitaria durante tres años y medio debido a la amenaza que generó la pandemia por Covid-19 para la población. La medida se decretó en el gobierno anterior, el 8 de febrero de 2020, en el marco de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) que anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS); y terminó el pasado 31 de agosto.

En este periodo de pandemia, la seguridad social cumplió un rol del que se tuvo que hacer cargo la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), emitiendo instrucciones y haciendo implementaciones en áreas como licencias médicas, cobertura del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, así como también derechos de protección a la maternidad. A raíz de eso, la Suseso elaboró un balance para entregar un panorama general sobre cómo funcionó todo lo anterior desde marzo de 2020 al 31 de agosto de 2023.

Probablemente lo más masivo fue la emisión que hubo de Licencia Médica Electrónica (LME), donde se impartieron instrucciones para LME asociadas al Covid-19 y se clasificaron en cuatro casos: licencias por contacto estrecho, caso confirmado o caso probable y caso sospechoso.

Según cifras de la Suseso, en los tres años y medio que duró la alerta sanitaria, se emitieron un total de 4.050.879 LME por Covid-19 con pronunciamiento, para 2,4 millones de trabajadores, es decir, hubo una tasa promedio de utilización de 1,66 LME por cada trabajador.

La mayoría de las licencias emitidas (85,8%) fueron por casos confirmados y sospechosos, totalizando 3.477.131, lo que se compara con las 573.748 licencias que hubo por contacto estrecho.

En el periodo analizado, se registraron 23.416.855 licencias por otros diagnósticos. Eso significa que cerca de un 15% del total de LME que hubo durante la alerta sanitaria (27.467.734) estuvo asociado a diagnósticos por Covid-19, y su mayor importancia se registró en 2021, cuando representaron el 19,1% del total de LME del país, al sumar 1.543.036.

Eso sí, al ver en qué año se registró el mayor número de licencias por coronavirus, se obtiene que fue en 2022, cuando hubo 1.557.148 y representaron un 16,75% del total de LME de ese año. En cambio, en 2020 hubo 796.300 LME por Covid-19, esto es un 16,09% del total de licencias que se emitieron ese año en el país (4.947.732). Por lejos, la menor cantidad de licencias por coronavirus se registró en 2023, ya que hasta agosto se habían emitido 154.395 LME por este diagnóstico, representando solo un 3,01% del total de LME del país (5.129.592).

Durante todo el periodo de pandemia, se observan dos peaks principales en LME por coronavirus: abril de 2021 y febrero de 2022, ambos representaron cerca de un 13,6% del total de licencias médicas electrónicas con pronunciamiento. Lo anterior, considerando que en el segundo mes de 2022 se emitieron 326.912 LME por Covid-19, el 99% de ellas por casos confirmados y sospechosos. Mientras que en abril de 2021 hubo 225.070, un 75% por casos confirmados y sospechosos.

Los hombres obtuvieron el 53,1% de LME por Covid-19 y las mujeres un 46,9%, “lo cual se puede explicar por la menor participación laboral de las mujeres en el mercado laboral remunerado, pero la incidencia de mujeres es mayor que su participación en el mercado laboral remunerado, lo cual podría hablar de su mayor exposición al riesgo de contagio”, señala el informe de la Suseso.

Del total de LME asociadas a Covid-19, un 81,2% fueron emitidas a trabajadores afiliados a Fonasa y un 18,8% a trabajadores en isapres, “relativamente consistente con el nivel de cobertura de cada seguro. Estas participaciones fueron variando en el tiempo con tendencia al alza en isapre en los últimos dos años”, detalla el documento.

En el ámbito del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N°16.744) la Suseso estableció “que dicho seguro debía dar cobertura a los contagios por Covid-19 en la medida que éstos tenían su origen en el trabajo. De igual forma, se definió que los casos de contactos estrechos en lo laboral también tendrían las prestaciones económicas respectivas, financiadas por dicho seguro”.

Según el balance de la Suseso, del total de enfermedades que fueron calificadas como profesionales desde 2020 hasta agosto de 2023, un 77,4% correspondió a diagnósticos por Covid-19. Esto, considerando que 101.998 casos de enfermedades reconocidas como de origen laboral, de los cuales 78.968 fueron por Covid-19 y 23.030 por otros diagnósticos. Para todo el periodo, el 61,6% de los casos confirmados como Covid-19 de origen laboral corresponden a mujeres.

Al ver solo los casos Covid-19, el año 2022 fue el que tuvo el récord, con 34.738. Le siguió 2020 con 20.185, y 2021 con 13.695. En último lugar se posicionó 2023 con 10.350.

Respecto de las Enfermedades Profesionales por Covid-19 y su distribución en las distintas actividades económicas, se observa que éstas se concentraron principalmente en servicios sociales y de salud, alcanzando el 49% de los casos. Le siguió servicios (excluye servicios sociales y de salud) con 30,7%. Bastante más atrás se ubicaron construcción (6%), comercio (4,9%), e industrias (3,8%).

“Además de los casos de contagio de Covid-19 confirmados ocurridos en el trabajo, el seguro de la Ley N°16.744 también dio cobertura a los casos de contactos estrechos en el trabajo. Estos ascendieron a 219.120 casos en todo el período (2020 a 2023), a los cuales se les otorgaron las prestaciones económicas de subsidio por reposo laboral, correspondiente a los días que debieron hacer aislamiento y por lo tanto no acudir al trabajo”, afirma la Suseso.

Como parte de los derechos de protección a la maternidad, durante la pandemia se aprobó una ley que creó la llamada Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), destinada a los trabajadores que se encontraban haciendo uso del Permiso Postnatal Parental (PPP) durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, para tener derecho, luego del término del mencionado permiso, a una LMPP para efectos del cuidado del niño o niña, ausentándose de sus labores y accediendo al subsidio por incapacidad laboral.

La LMPP operó durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el cual fue declarado el 18 de marzo de 2020, y estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2021. De acuerdo a lo establecido en la normativa, una misma persona podía acceder hasta un máximo de tres LMPP.

Con este telón de fondo, se emitieron 298.729 licencias (72,1% en Fonasa y 27,9% en isapres) para 107.252 trabajadores. Casi en su totalidad fueron para mujeres, ya que solo 281 licencias fueron otorgadas a 100 trabajadores hombres.

Por otro lado, tras el término de la LMPP, se implementaron otras dos extensiones del permiso postnatal parental (PPP), las que tuvieron por objetivo resguardar la seguridad sanitaria y salud de los niños y niñas, mediante las leyes 21.474 y 21.510.

La primera extensión estuvo dirigida a las trabajadoras que se encontraban haciendo uso del PPP y cuyo término ocurrió entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre del año 2022. La duración de la extensión fue de hasta 60 días contados desde el día siguiente del término del permiso postnatal parental y a todo evento, hasta el 30 de septiembre de 2022.

La segunda extensión del permiso, estuvo dirigida a las trabajadoras que se encontraban haciendo uso del PPP y cuyo término ocurrió entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre del año 2022. La duración de la extensión fue de hasta 60 días contados desde el día siguiente del término del permiso postnatal parental y a todo evento, hasta el 31 de diciembre de 2022. Adicionalmente, permitió que las trabajadoras que no utilizaron los 60 días correspondientes a la primera extensión pudiesen completar los 60 días.

El reporte de la Suseso muestra que hubo 25.754 subsidios iniciados por la primera extensión y 11.888 por la segunda extensión. Eso significa que totalizaron 37.642. En esa línea, el 46,8% de las extensiones se concentró en la región Metropolitana, seguida de las regiones de Valparaíso y Biobío las cuales concentraron el 8,8% y 8,4% respectivamente. Todo eso consistente con la distribución regional de la población del país.

La superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, asegura que ”lo vivido en años de pandemia por Covid-19 nos puso a prueba en los diferentes ámbitos del quehacer nacional, desde lo personal hasta las políticas públicas, y en eso no estuvo fuera la seguridad social. Creemos que como Suseso actuamos de manera oportuna y temprana en muchos aspectos”.

Y lo ejemplifica así: “Emitiendo instrucciones a las cajas de compensación y mutualidades de empleadores, para permitir el acceso a las necesarias prestaciones de la seguridad social de manera oportuna a trabajadores y pensionados. Destaco las flexibilidades para tramitar licencias médicas y, por sobre todo, la forma en cómo debía operar la cobertura del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que de manera inédita permitió que los casos de contagio por Covid-19 que se habían dado en el ámbito laboral tuvieran todas las prestaciones de dicho seguro. En ese sentido, nuestra interpretación, por cierto, apegado a la norma y a nuestras competencias, fue una muestra de cómo la seguridad social se debe hacer cargo de la realidad”.