Por casi 30 años, BancoEstado y Banco Santander mantuvieron una relación comercial sin contratiempos, basada en el cobro de tarifas interbancarias por transferencias electrónicas (TEF). Sin embargo, en abril de este año la armonía se quebró. Banco Santander llevó la disputa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en abril de 2024, acusando a BancoEstado de “abuso de posición dominante” y de imponer tarifas que considera “arbitrarias y excesivas”.

Banco Santander sostiene que las tarifas interbancarias fijadas por BancoEstado desde 1996 son anticuadas y ya no reflejan los costos actuales del servicio. Según la demanda, BancoEstado “ha decidido privilegiar sus propios intereses por sobre el respeto a la libre competencia en el mercado”, aplicando tarifas que no se ajustan a “un criterio de empresa eficiente con miras a obtener un óptimo social”.

Santander también acusa a BancoEstado de actuar de manera abusiva y unilateral, sin un acuerdo bilateral que regule estas tarifas. “La aplicación y cobro de estas tarifas constituye un abuso de la posición dominante de que goza Banco Estado en el mercado”, alega Santander en su demanda.

El 8 de octubre de 2024, BancoEstado presentó su contestación ante el TDLC, rechazando las acusaciones y calificando la demanda de Banco Santander como un intento de satisfacer “mezquinos intereses económicos”. En su defensa, BancoEstado afirmó que las tarifas actuales no han sido impuestas de manera unilateral, sino que ambas instituciones han cobrado y pagado las mismas tarifas de manera recíproca desde 1996.

BancoEstado argumenta que Santander está intentando modificar una relación comercial que ha sido beneficiosa para ambas partes durante décadas. “Pretenden imponer unilateralmente una nueva tarifa, en contravención a toda la relación comercial que se ha llevado entre las partes por años”, señala BancoEstado en su respuesta.

BancoEstado subraya que la demanda de Santander es improcedente, basándose en un fallo de la Corte Suprema en el proceso Rol CN°323-17, que validó la autorregulación tarifaria implementada por BancoEstado. Este fallo establece que las tarifas deben ser igualitarias y no discriminatorias, lo que, según BancoEstado, ha cumplido a cabalidad. “Banco Estado cumplió con esta medida correctiva”, afirma la institución, agregando que Santander no puede ahora argumentar que una tarifa ya validada es repentinamente injustificada.

En diciembre de 2023, Banco Santander envió una carta a BancoEstado informando que aplicaría nuevas tarifas interbancarias a partir del 1 de enero de 2024, basadas en un proceso de autorregulación de la banca privada. Para BancoEstado, esto no fue una propuesta, sino una imposición. “No se trata de una invitación, como ha pretendido plantear la actora, sino que de una imposición que fue resistida por BancoEstado”, afirmó la defensa del banco público.

BancoEstado defendió su rol en la inclusión financiera del país, argumentando que las tarifas actuales son esenciales para mantener productos clave como la CuentaRUT, la cual ha sido fundamental para bancarizar a millones de personas que de otro modo no tendrían acceso al sistema financiero formal. En su respuesta, el banco indicó que “la masificación de la CuentaRUT y los beneficios que de ello se derivan para toda la banca, ha requerido una importante inversión en infraestructura por parte de BancoEstado, de la que han usufructuado los demás bancos privados”.

El banco público advirtió que aceptar las nuevas tarifas impuestas por Santander comprometería la sostenibilidad de este producto, afectando directamente a los sectores más vulnerables del país. “BancoEstado no puede simplemente allanarse a ver reducidos drásticamente los ingresos que le permiten solventar su operación transaccional, cuya red beneficia a toda la banca privada”, señaló la defensa del banco, refiriéndose a la infraestructura masiva que mantiene para facilitar las transferencias y pagos de los millones de titulares de CuentaRUT.

Además, BancoEstado destacó que la decisión de aceptar tarifas que no reflejen los costos reales de operación afectaría negativamente no solo a sus clientes, sino también al sistema financiero en su conjunto, dado que “los costos derivados del uso de la red transaccional de BancoEstado son atribuibles a las transferencias electrónicas desde las cuentas de clientes de los bancos hacia las cuentas de los clientes de CuentaRUT”, los cuales implican un mayor costo operativo que no está contemplado en la propuesta tarifaria de Santander.

BancoEstado cuenta con la asesoría legal del abogado José Miguel Gana y Banco Santander es representado por Ignacio Larraín.