Como excesiva o como “un atentado al (mercado) hipotecario como lo conocemos”, califican en la banca la normativa puesta en consulta este martes por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con la que el regulador busca colocar en marcha la siguiente etapa de la implementación de la regulación de Basilea III, llamada Pilar II.

En 2019 se aprobó la reforma a la Ley de Bancos que buscaba actualizar la regulación bancaria local respecto de los parámetros internacionales, que es Basilea III. Desde entonces la CMF ha dictado una serie de normativas relativas a la implementación del Pilar I, el que regula las exigencias de capital del sistema en función de los riesgos de crédito y de mercado.

Ahora, el Pilar II, implica que los bancos supervisados deben realizar un Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo (IAPE), del cual dependerá si el regulador les exige más capital. Eso es lo que se pondrá en marcha con esta norma en consulta, la que efectivamente incluye un aspecto clave que podría involucrar mayor capital y afectar la entrega de créditos hipotecarios, como es la exposición del riesgo de mercado en el libro de banca, es decir la parte del balance de una entidad donde se contabilizan las inversiones financieras.

El impacto se produce por una condición estructural del sistema financiero nacional, que no necesariamente está presente con la misma relevancia en otras jurisdicciones. Esto es que los créditos hipotecarios se entregan mayoritariamente a tasas fijas y plazos largos -comúnmente a 20 años-, mientras que el financiamiento de estas operaciones es a través de bonos de largo plazo, pero cuyos plazos son inferiores a los 20 años, por ejemplo a 10 años.

El texto en consulta del regulador propone eliminar de la norma aquella disposición que permite a la CMF exigir más capital a un determinado banco sólo si el riesgo de mercado en el libro de banca supera el 15% del CET1, que es el capital más duro de los bancos, compuesto por capital básico, principalmente las acciones ordinarias, instrumentos híbridos como bonos perpetuos y reservas. Es decir, la CMF ahora buscaría cubrir todos los riesgos presentes, sin margen. Así lo señala al establecer los impactos en el informe normativo: “La propuesta de ajuste generaría un mayor requerimiento de capital a los bancos, de acuerdo con el artículo 66 quinquies, de manera de cubrir los riesgos no cubiertos por pilar 1″.

Frente a ello, un banquero argumenta que “no es correcta la propuesta de la CMF, pues el riesgo de descalce no se cubre con capital, lo gestionan las tesorerías de los bancos”.

En el texto el regulador no habla específicamente del crédito hipotecario, pero la modificación propuesta los afecta por las condiciones estructurales del mercado local. Tampoco se menciona un cálculo respecto del impacto, pero en la industria indican que existe una cifra preliminar -que debe ser luego ajustada-, que podría implicar entre 2 a 3 puntos porcentuales de capital adicional, llegando hasta unos US$6.000 millones a nivel del sistema.

Las implicancias de la propuesta, afirman diversas fuentes del sector, no están sólo por el lado del capital. Por una parte, uno de los efectos podría ser el encarecimiento generalizado del crédito, y en el caso de los préstamos hipotecarios mayores tasas, o pasar a contratos con tasas variables -hoy en su mayoría son a tasa fija-, o préstamos a menor plazos, por ejemplo a diez años, de manera de cubrir el riesgo de descalce presente hoy.

En su informe, la CMF argumentó que el 15% “no sería consistente con la práctica internacional. Además, de acuerdo con la experiencia internacional, los supervisores también deberían poder exigir capital adicional, producto de exposiciones de corto plazo”. Ese es uno de los aspectos que se critica en la industria, pues la medida de la CMF no conversaría con las características propias del mercado local, en el cual los créditos hipotecarios son preferentemente a largo plazo y tasa fija, reiteran.

Por contrapartida, la CMF argumenta que el ajuste propuesto “generaría la posibilidad de establecer una mejor cobertura de los RMLB (Riesgo de Mercado del Libro de Banca) y, por lo tanto, resguardando de mejor forma la estabilidad del sistema financiero”.

Con todo, la implementación del Pilar II es algo que estaba calendarizado para este año, y en julio el comisionado de la CMF, Kevin Cowan, comunicó en el marco de un seminario, que a partir de este año lo bancos supervisados deben realizar el Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo (IAPE). “El Pilar II no es un cargo de capital, es un proceso supervisor que tiene como una posible salida un requerimiento de capital. Es un proceso de supervisión individual para cada banco individual, que le permite a la CMF tener un análisis más fino que tiene que ver con el modelo de negocios del banco y política de gestión de riesgos”, dijo Cowan en la ocasión.

Además, cabe recordar que este año el Banco Central activó el Requerimiento de Capital Contracíclico, exigiendo a los bancos 0,5% de más capital, a la vez que las instituciones financieras se encuentran enterando capital bajo las exigencias de Basilea III.

Los comentarios a la norma se pueden realizar hasta el próximo 3 de enero, es decir hasta tres semanas más.