Ya van poco más de dos años desde que empezó a operar en el país la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde el 1 de febrero de 2022 reemplazó los beneficios de vejez del Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario), y que, a diferencia de estos últimos, no exige como requisito el haberse pensionado para poder acceder.

Desde la creación de la PGU y hasta el cierre del año pasado, el número de beneficiarios de las pensiones solidarias que otorga el Estado ha aumentado en un 31%. Es más, desde la creación del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) en julio de 2008, y hasta el cierre de 2023, se ha quintuplicado el número de beneficiarios, aumentado en un 404%.

Eso es lo que asegura el informe estadístico del Pilar Solidario elaborado por la Subsecretaría de Previsión Social, donde al ver los promedios de beneficiarios de cada año, las magnitudes de alza son similares. Así, si en 2008 hubo un promedio de 524.548 beneficiarios mensuales del Pilar Solidario, en 2021 fueron 1.760.261 y en 2023 llegaron a 2.355.528 con la PGU.

Con los montos que se han desembolsado por pensiones solidarias pasa algo similar. El informe asegura que, desde que inició el Pilar Solidario, el monto pagado en estos beneficios ha aumentado en un 873%, es decir, más de nueve veces. En tanto, en beneficios de la PGU el monto pagado se ha incrementado en un 34% desde que se puso en marcha.

Al ver los montos reales promedio que se han desembolsado por año, se obtiene que en 2008 se pagaron $56.553 millones mensuales, en 2021 se desembolsaron $302.032 millones, y en 2023 fueron $484.617 millones.

En el segundo mes del año antepasado se empezaron a pagar los primeros beneficios de la PGU para quienes ya se encontraban dentro del Pilar Solidario en ese momento. La segunda gran etapa de entrega de la PGU partió en agosto de 2022, esto es, la incorporación de los nuevos beneficiarios, que son aquellos mayores de 65 años que están entre el 60% y 90% de la población de menores recursos del país. Así, solo se excluye al 10% de más altos ingresos.

Pero incluso en abril de 2023 vino la última modificación a la PGU, que permitió el ingreso de más beneficiarios, tras aprobarse una ley corta que ingresó el gobierno al Congreso para cambiar el modo en que se mide quiénes pertenecen a ese 10% más rico.

Bajo este escenario, el documento de la Subsecretaría de Previsión Social muestra que del total de 2.355.528 beneficiarios promedio mensuales de PGU y del Sistema de Pensiones Solidarias que hubo en 2023, un 58% fueron mujeres y un 42% fueron hombres.

Respecto del tipo de beneficio, el 61% del promedio mensual de beneficiarios recibió PGU contributiva, que es aquella pensión que se destina a personas que sí estaban afiliadas a un sistema previsional o que tienen una pensión de sobrevivencia, por lo que no reciben la PGU completa, sino una parte de ella, según corresponda. Así, perciben este beneficio fiscal más su pensión autofinanciada.

En tanto, el 20% de los beneficiarios promedio mensuales recibió una PGU no contributiva, esta es la pensión que obtienen las personas sin ahorros propios, por lo que se le entrega la PGU completa del Estado (hoy es de $214.296).

Asimismo, el 8% de los beneficiarios recibió Pensión Básica Solidaria de invalidez, el 7% tenía Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez y sólo el 4% APS de invalidez.

En total, el año pasado los beneficiarios de la PGU crecieron 10%, ya que se incorporaron 219.081 personas. Además, hubo un incremento del 12% del monto desembolsado en 2023 ($54.862 millones), ya que en total el año pasado se pagaron $5.815.407 millones reales, correspondiente el 60% a PGU contributiva, el 20% a PGU no contributiva, un 8% a PBS de invalidez, un 8% a APS de vejez y el 3% a APS de invalidez.

Por otra parte, según muestra el estudio, en 2023 ingresaron 315.865 solicitudes de beneficios de PGU. De este total, cerca de un 53% fueron ingresadas por mujeres y 47% por hombres. En paralelo, un 76,5% del total de solicitudes ingresadas, finalmente fueron concedidas, un 12,6% fueron rechazadas, mientras que un 10,6% se encontraba en trámite. Respecto de las solicitudes anuladas o desistidas, solo representaron el 0,3% del total anual.