El ministro de Interior, Gonzalo Blumel, defendió este martes la opción del gobierno de enviar un veto al proyecto de ley de servicios básicos, que busca evitar los cortes por no pago en cuentas de agua, luz, gas por red, y telecomunicaciones, aunque aclaró que dicho planteamiento sigue en estudio, mientras crecen las críticas a la medida y las exigencias de que la iniciativa sea promulgada.
“El gobierno actúa en base a convicciones y en base a un deber fundamental de asegurar de que el buen funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática se enmarque en forma muy estricta en las reglas democráticas que tenemos, hay que se muy cuidadosos en que todos los beneficios que queremos que lleguen a los chilenos, ya sea en materia de ingresos, en materia de empleo, en materia de beneficios de servicios básicos, se enmarquen de manera muy estricta en las normas institucionales que nos rigen”, dijo.
Al respecto sostuvo que “tenemos una Constitución, tenemos una ley y, por lo tanto, queremos que lleguen esos beneficios, y estamos estudiando ese veto precisamente para que esos beneficios lleguen en buena forma, pero que se encuadren de forma muy estricta en las obligaciones constitucionales y legales que existen en Chile”
En este sentido enfatizó que “el gobierno, el Presidente, los ministros y también los parlamentarios juramos y comprometimos cumplir la Constitución y las leyes, por lo tanto, está no es una opción, es una obligación y esa es una convicción además”.
Blumel aseguró que pese a la opción del veto se mantendrán todos los beneficios contenidos en el proyecto.
Segpres
Más temprano el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, había señalado que el ingreso al Congreso del veto, para lo cual hay plazo hasta el 11 de julio, se haría efectivo dentro de esta semana.
Alvarado enfatizó que “no se va a afectar ningún beneficio que la ley actual establece para las personas. Solamente queremos hacer ajustes para que esos beneficios estén acorde a la legislación en el marco institucional vigente”.
En medio del debate, las empresas de distribución eléctrica y las sanitarias anunciaron la extensión del periodo de otorgamiento de medidas excepcionales a sus clientes por el no pago de servicios.
