El 27 de septiembre, el gobierno lanzó su programa de subsidio al empleo por un período de seis meses. Dicho programa tiene dos ejes: mantener en sus labores a quienes hayan estado acogidos a la Ley de Protección al Empleo y otro focalizado en la contratación. El universo total al que aspira el Ejecutivo asciende a entre 1 millón y 1,3 millones (aunque otras estimaciones privadas fijan esa cifra en unas 550 mil personas). Este plan considera un costo total de US$2.000 millones.
A casi tres semanas de su puesta en marcha, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló que unos 60 mil trabajadores han sido inscritos solicitando este beneficio.
“Esto está partiendo. Hay 60 mil postulaciones aproximadamente, que se dividen más o menos en partes iguales entre el programa Regresa y Nuevas Contrataciones. Estamos recién partiendo, tenemos muchos meses por delante”, dijo el secretario de Estado en una actividad en la Región de Valparaíso.
En ese sentido, el titular de las finanzas públicas agregó que “la idea es que llegue a decenas de miles de trabajadores, que nos gastemos los recursos (comprometidos) y que vayamos evaluando en el camino si es necesario extenderlo, porque la primera prioridad del gobierno es el empleo”.
Los ejes del plan se dividen en dos: para la mantención de trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo, se entregará un aporte de $160.000 y cuya remuneración sea hasta tres ingresos mínimos ($961.500).
El segundo eje es para fomentar nuevas contrataciones. Para este se entregará un aporte del 50% de la remuneración bruta mensual, con un tope de hasta $250.000. Si es mujer, joven o discapacitado el monto del subsidio sube a 60% de la remuneración con tope en $270 mil.
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