La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del reajuste del sector público, que establece un incremento salarial de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.

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En concreto, la Cámara Baja aprobó la iniciativa en general por 127 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa pasará a ser revisada por el Senado. Sin embargo, algunas normas misceláneas fueron rechazadas.

Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El reajuste será efectivo desde el 1 de diciembre de 2023.

El mencionado acuerdo incluye un bono por término de negociación de $200 mil para el tramo de ingresos más bajo y de $100 mil para el tramo siguiente, según resaltó la Cámara Baja por medio de sus canales oficiales.

La discusión en la sala de la Cámara de Diputados también estuvo marcada por los reparos al porcentaje y costos del reajuste público, pero las principales críticas -de forma transversal entre los partidos políticos- se desplazaron a que en la iniciativa se consideró adelantar la aplicación de los nuevos Índices de Costos de Salud (ICSA). En forma inusual, esa medida fue incluida en un conjunto de disposiciones misceláneas dentro de la Ley de Reajuste del Sector Público, aun cuando no tiene directa relación con esa alza salarial.

El diputado del PPD, Raúl Soto, calificó esta iniciativa como un salvataje a la isapres, una crítica en línea de los reparos entre alguno de los distintos parlamentarios del oficialismo y oposición que expusieron en sala.

Dado que el reajuste del sector público debe estar resuelto antes de Navidad, la idea de La Moneda era simplemente aprovechar esa celeridad para dar el primer paso de esta estrategia de solución a la crisis que viven las isapres.

De esta forma se busca adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del ICSA (una suerte de IPC, un Índice de Precios del Consumidor de la Salud), de manera que las prestadoras tengan con qué solventar sus gastos en el corto plazo. “Junto a esto, excepcionalmente, propone que el cálculo de dicho indicador se haga de manera distinta”, resaltó la Cámara Baja por medio de sus canales oficiales.

Ante los reparos sobre la medida sobre el ICSA, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que, “si hubiéramos tenido la posibilidad de legislar de otra manera, en otro momento, por supuesto que lo habríamos hecho. Pero desgraciadamente, los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema respecto de la no postergación de la entrada en vigencia de la prima GES obligan a actuar con rapidez”.

El secretario de Estado también agregó que el reajuste al ICSA responde a dar certezas a quienes hoy están algún tratamiento o la espera de una intervención quirúrgica: “Nuestra preocupación no son las Isapres, nuestra preocupación son los 2.800.000 personas que se atienden por ese sistema”.

Finalmente la iniciativa contó con el apoyó del Cámara de Diputados pese a los reparos de algunos de los parlamentarios de distintos sectores.

En la votación del reajuste sector público se votaron 16 votaciones separadas, donde algunas se aprobaron -como el reajuste al ICSA- y otras se rechazaron.

De acuerdo al balance de la Cámara de Diputadas y Diputados, el grueso de las materias se respaldaron en los términos planteados desde las comisiones de Hacienda y de Salud.

Mientras que, se rechazó una autorización para dar continuidad, por un año, al sistema de teletrabajo para funcionarios de las subsecretarías y servicios públicos dependientes de los ministerios. También para aquellos que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos.

Adicionalmente, la Cámara Baja detalló que se desechó la propuesta de entrada del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chiloé y otra norma sobre nombramiento del director ejecutivo de los SLEP.

Por último, no se respaldó una indicación del Ejecutivo relativa a casinos de juego. En su reemplazo quedó la disposición saliente de la Comisión de Hacienda.