Por medio de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) detalló los proyectos de inversión pendientes de revisión en el Comité de Ministros, órgano colegiado presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Se trata de 13 Estudios de Impacto Ambiental (EIA), de iniciativas que suman una inversión total de US$7.840 millones, cuyos titulares estiman una mano de obra máxima de 15.920 empleos, según detalló la autoridad ambiental. Ello, sin considerar la Central Los Rulos, iniciativa que pudo haber aumentado el saldo a US$8.434 millones y 17.120 puestos de trabajo, respectivamente. Ella todavía aparece en el listado del SEA, pero en octubre del año pasado el titular Inkiaenergy renunció a la tramitación ambiental.

En cuanto al número, los proyectos en cuestión están vinculados a los siguientes sectores: energía (43%), minería (36%), inmobiliario (7%), transporte (7%), e infraestructura (7%).

De acuerdo con el catastro entregado por el SEA, desde el 21 de abril de 2022 -41 días después de que asumiera el Presidente Gabriel Boric- 10 iniciativas ingresaron al Comité de Ministros.

Dentro de ese grupo figuran las cinco iniciativas más costosas. La mayor está vinculada a la minería. Se trata del “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” (US$3.200 millones), mina de cobre ubicada casi a 200 kilómetros de Iquique, y que en la fase de operación crearía unos 7.990 puestos de trabajo.

Le sigue otro gigante de ese mismo sector. Anglo American Sur, con el “Proyecto Los Bronces Integrado” (US$3.000 millones), que estima generar 2.850 empleos durante su construcción.

En tercera ubicación, entre los proyectos más cuantiosos en inversión, está la “Concesión Américo Vespucio Oriente II, tramo Príncipe de Gales -Los Presidentes” (US$714,2 millones). La iniciativa de Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A., considera crear hasta 1.130 plazas laborales en su construcción.

Luego, en cuarta posición, aparece “Parque Eólico Viento Sur” de Arauco Bioenergía S.A., cuya tramitación está suspendida por una acción de protección pendiente. La iniciativa, del brazo energético-forestal del grupo Angelini, considera una inversión de US$250 millones y una mano de obra máxima de 400 personas en su construcción.

El quinto proyecto más costoso es “Fénix Gold”, de Fénix Gold Ltda., con una inversión de US$206 millones, que implicaría 1.200 puestos de trabajo.

Por otro lado, el Servicio de Evaluación Ambiental indicó que cumple con los plazos legales establecidos en la normativa. En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ese plazo es de 60 días hábiles, ampliables a 90. En tanto, para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) el plazo es de 120 días hábiles, ampliables a 180.

En paralelo, un grupo de expertos en derecho ambiental, ha comenzado a debatir sobre qué cambios hacer a la institucionalidad ambiental para acelerar la tramitación de proyectos de inversión.

El exministro del Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, elaboró una minuta en el marco de sus funciones como académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En el documento, al que tuvo acceso Pulso, destacó que “abrir a una reforma amplia al SEIA no ha sido una estrategia exitosa desde la creación de la institucionalidad ambiental. Existen decenas de proyectos de ley de reforma que no se han movido nada en su trámite y por tanto, de abrir la discusión a más temas, significa que la reforma corta nunca sería promulgada”.

A su juicio, el gobierno debe presentar una “ley corta que ingrese con suma urgencia, que establezca la eliminación de los COEVA (Comités de Evaluación Ambiental) y del Comité de Ministros, dejando el pronunciamiento regional en las Direcciones Regionales en base al ICE (Informe Consolidado de Evaluación Ambiental) y como apelación hacia la Dirección Ejecutiva”.

En la misma tónica, el director de Medio Ambiente en Jara del Favero abogados y exministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, sostuvo que “cada vez es más necesario avanzar en la eliminación de dicha instancia administrativa (Comité de Ministros), junto con el de las comisiones de evaluación en las regiones. En el gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto de ley y una indicación sustitutiva con dicha propuesta, que apuntaba a priorizar las decisiones de carácter técnico, dar certeza y reducir los plazos. Esperemos que esta discusión se pueda retomar pronto, con la mayor altura de miras posible”.

En cambio, el abogado Edesio Carrasco, socio de Schultz Carrasco Benítez, indicó que “más que un cambio institucional en el Comité de Ministros, se requiere buena política a nivel regional y central. Mientras se cumplan las reglas y procedimientos, su existencia es necesaria”.

“Eliminar el Comité de Ministros es hacerse trampa en el solitario y aumentar la judicialización de los proyectos. Se necesita menos intervención judicial, no más”, advirtió.

En tanto, Aldo Cardinali, socio del estudio jurídico Morales & Besa, señaló que “el Comité de Ministros en un instrumento de discrecionalidad netamente política, con atribuciones administrativas que ponen en riesgo la eficiencia y certeza técnica y jurídica”.

Agregó que “personalmente creo que el elemento político es siempre necesario, debido a la importancia que tiene en determinar el bienestar social y de los intereses comunes. En este sentido, el elemento político debiera estar, pero antes de la evaluación ambiental y enfocado en una mejor planificación territorial que permita ir adaptándose a medida que el desarrollo de las tecnologías, industrias y necesidades de las sociedades y protección del medioambiente lo amerite. Es por esto que el Comité de Ministros ya no cumple un rol preponderante en la institucionalidad ambiental y sus funciones debieran quedar radicas en un órgano administrativo dotado para tal efecto, como es el Servicio de Evaluación Ambiental”.