El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante el 4° juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de querella contra los hermanos Álvaro y Antonio William Jalaff Sanz, acusándolos de una serie de delitos tributarios cometidos entre los años tributarios 2020 y 2024. Según la acción legal, los imputados habrían ejecutado maniobras fraudulentas para evadir el pago del Impuesto Global Complementario, generando un perjuicio fiscal estimado en más de $ 6.385 millones, actualizado a diciembre de 2024.

La querella detalla que ambos presentaron declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, omitiendo ingresos significativos obtenidos durante los períodos investigados. Además, se acusa a Antonio Jalaff de no haber presentado su declaración de renta para el año tributario 2024, a pesar de estar obligado a hacerlo.

Entre las irregularidades específicas, se identificó el uso de 25 facturas falsas emitidas por empresas asociadas, como Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, para respaldar gastos inexistentes y simular pérdidas tributarias. Según el SII, estas maniobras permitieron a los querellados subdeclarar sus ingresos y reducir indebidamente su base imponible.

“El perjuicio fiscal asciende a $6.385.805.336, suma actualizada a diciembre de 2024″, consignó la acción penal del servicio. También añadió que “las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas inducen a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde, perjudicando al Fisco de Chile”. “El dolo se evidencia en las reiteradas maniobras para evadir impuestos, realizadas con pleno conocimiento de sus obligaciones tributarias”, concluyó.

El perjuicio fiscal acumulado por las acciones de Álvaro y Antonio Jalaff asciende a $6.385 millones, desglosados en $2.926 millones atribuibles a Antonio Jalaff y $3.458 millones a Álvaro Jalaff. Estas cifras corresponden al monto actualizado de los impuestos dejados de pagar, incluyendo intereses y reajustes.

El análisis del SII se basó en información proporcionada por el Ministerio Público, que incluyó registros bancarios, declaraciones de impuestos y auditorías realizadas a las cuentas corrientes de los imputados en bancos como Santander, BCI, Itaú y Scotiabank. Los movimientos financieros analizados revelaron que los ingresos reales de los querellados superaron ampliamente lo declarado en los formularios anuales de impuestos.

En el curso de la investigación, el SII detectó conexiones con el Caso Factop, escándalo de corrupción y delitos tributarios que involucra a la familia Sauer y la emisión de más de 10 mil de facturas falsas. Según los antecedentes recopilados, empresas como STF Capital Corredores de Bolsa SpA, representada por Daniel y Ariel Sauer, también habrían facilitado operaciones irregulares a los hermanos Jalaff.

El Caso Factop ha sido uno de los mayores escándalos tributarios recientes, con más de 100 empresas involucradas en el uso de facturas falsas para evadir impuestos por montos superiores a $13 mil millones.

La acción penal exige la aplicación de las penas máximas contempladas por la ley, incluidas sanciones económicas y medidas accesorias. También se ha solicitado ampliar la investigación a otras posibles infracciones tributarias detectadas durante el proceso.

“Es lamentable constatar que las instituciones realicen estos anuncios por la prensa y lo hagan de manera instrumental. No conocemos los detalles ni menos el sustento en que se basa el SII para interponer esta acción”, reaccionó Álvaro Jalaff, tras enterarse de la querella del servicio.

“Lo que sí sé es que existen todos los respaldos que explican los ingresos a mis cuentas. Si el SII me lo hubiera pedido, con gusto lo hubiéramos puesto a su disposición. El lunes comenzará la formalización pedida por la Fiscalía, y se abrirá la oportunidad para explicar, desmitificar y enfrentar con hechos reales, no con la subjetividad de quienes ejercen la autoridad, todo lo que ha rodeado este caso”, afirmó.