Una fuerte disputa se dio entre el fiscal Felipe Sepúlveda y la defensa del abogado Antonio Guzmán, quien será formalizado el próximo 27 de febrero por delito de estafa y uso malicioso de instrumento mercantil falso, este último en carácter de reiterado, en el marco de una audiencia de cautela de garantías realizada este lunes al mediodía en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
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El abogado es sindicado por el segundo factoring no bancario más relevante del país como un actor clave en las coordinaciones que habrían tenido el exgerente general de Primus, Francisco Coeymans, y el exgerente comercial, Ignacio Amenábar, en la creación de una sociedad para acceder a millonarios préstamos.
En la audiencia, el abogado Rodrigo Arancibia, representante de Antonio Guzmán, cuestionó la actuación de la fiscalía por “una serie de decisiones”, dijo, que “afectan de modo sustancial sus derechos fundamentales”. Esto, luego que el fiscal solicitara al académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Werner Kristjanpoller, realizar un peritaje sobre las cuentas corrientes bancarias de los presuntos implicados.
Según la defensa de Guzmán, el fiscal no explicó cómo obtuvo el nombre del perito designado y tampoco detalló las “las comunicaciones que ha mantenido el ente persecutor y/o el denunciante con dicho perito”. También acusó que el persecutor no entregó información sobre el monto de los honorarios percibidos por el perito, además que delegó en el denunciante la entrega de todo antecedente directamente.
En la audiencia, además, el abogado de Guzmán solicitó a la magistrada del tribunal, Francis Fell Franco, ordenar a la fiscalía de que se abstenga de divulgar mediante la prensa piezas secretas de la investigación.
Frente a ello, la respuesta del fiscal vino de inmediato: “Señoría, imputar un delito es una calumnia. En este caso concreto nos están imputando un delito que no hemos cometido. Hago reserva de derechos para ejercer las acciones que corresponden y pido copia del audio”, manifestó el fiscal Sepúlveda.
La defensa de Guzmán sostuvo que el persecutor ha tomado la declaración a los imputados Amenábar y Coeymans, por lo que reiteró su petición de acceso a la totalidad de la carpeta investigativa. “Entendemos que por lo menos hay una docena de declaraciones que tampoco se entrega en la copia de la carpeta. La actitud del Ministerio Público trasgrede las garantías mínimas del derecho de defensa”, aseguró.
El fiscal contestó que ha entregado copia de todos los documentos disponibles, pero no las declaraciones de los imputados Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, quienes solicitaron que se mantuvieran bajo reserva. Pero este lunes 27 de enero vencía dicho periodo y se alzó la medida de secreto. Ambas declaraciones son los únicos documentos que no han entregado a ningún interviniente, dijo Sepúlveda.
Pero el abogado de Guzmán volvió a la carga y solicitó conocer quién propuso el nombre del perito, junto con quién pago sus honorarios y de qué forma. Al respecto, manifestó que el fiscal fundaría la prisión preventiva de los imputados en los resultados del peritaje.
El fiscal detalló que no propuso el nombre del perito, sino que se le solicitó a la universidad y ella tomó la decisión de quién lo realizaría. También contó que la idea de realizar el peritaje fue en conjunto con la parte querellante, ya que la PDI no tenía la posibilidad de realizar un estudio en un tiempo acotado, y acordaron que este se realizaría en una institución de confianza de la Fiscalía. Por lo mismo, acudió a la Universidad Técnica Federico Santa María, y Primus Capital se haría cargo de los honorarios.
Pero lo que más molestó al fiscal vino después.
En la parte final de la audiencia, el abogado Arancibia cuestionó al fiscal que no hiciera dos preguntas al presidente de Primus Capital, Raimundo Valenzuela, sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2017 y los audios que se han conocido en el caso. Por lo mismo, pidió al tribunal instar al Ministerio Público para citar nuevamente al empresario, de modo que pueda hacer dichas consultas en base a la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Señoría, perdón, pero esto ya me parece que es delirante. El colega dice que debe hacerse un contrainterrogatorio de un interrogatorio. Esto es fantasía y delirante. En los 21 años que llevo de fiscal, jamás me había sucedido una cosa así, de tener que citar a todos los intervinientes a una declaración de testigos para que ellos puedan hacerle las preguntas. El derecho al que apunta el colega está consagrado en el juicio oral, no en una declaración ante la fiscalía. Es la carpeta del fiscal por mal que le pese”, manifestó.
Perdón
En tanto, el abogado Arancibia acusó al Ministerio Público de incumplir el deber de abstención de entregar información, aunque el fiscal respondió con firmeza, señalando que las filtraciones no han venido de la fiscalía. “Si tiene más pruebas el colega, le sugiero que haga la denuncia”, emplazó.
“No sé qué quiere el colega. Insisto, si tiene antecedentes suficientes lo invito a que haga la denuncia. ¿Qué quiere el colega, que le pida perdón? Haga la denuncia”, reiteró.
Según la defensa de Antonio Guzmán no sólo se está filtrando información que es secreta del caso, sino que antecedentes que son sensibles sobre su representado, como las cuentas corrientes. Por lo mismo, pidió que se inste al Ministerio Público a que tome los resguardos pertinentes, independientemente de quién haya sido. “Lo que se está filtrando y lo que han dicho los medios de prensa es que la fuente es el Ministerio Público y en ese sentido se le pide a la Fiscalía la reserva, sobre todo porque la información que se filtra son sus cuentas corrientes que dan cuenta del pago de otros clientes y se da la salvedad de que Primus Capital, a raíz del peritaje, está obteniendo información de competidores cercanos, como Emprender Capital y Sartor”, indicó.
“Su señoría, creo que nos estamos dando vuelta en lo mismo, porque ya he señalado que las filtraciones no provienen de la fiscalía y no nos podemos hacer cargo de las personas que tienen copia de la carpeta”, concluyó el fiscal.