A través de una solicitud de Transparencia, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA -organismo descentralizado y creado en 2010 a través de la reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente- detalló a Pulso la lista de proyectos de inversión judicializados en tramitación ambiental.

Se trata de un catastro de 62 iniciativas que suman en total US$11.516 millones de sectores tan diversos como la acuicultura, transporte, energía y minería. Son 35 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 27 Estudios de Impacto Ambiental (EIA), cuyos proyectos se emplazan principalmente en las regiones Metropolitana (15); Valparaíso (7); Interregional (6); La Araucanía (6); Magallanes (6) y del Biobío (6).

Los proyectos de inversión judicializados están ligados a los sectores de Energía (26%); Inmobiliario (24%); Saneamiento (13%); Acuicultura (10%); Portuario (8%); Minería (6%); Transporte (6%); Infraestructura (5%) y Forestal (2%).

Según el catastro, los seis proyectos más costosos son Línea 7 de la Metro S.A. (US$2.528 millones); Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví, de Inmobiliaria El Refugio Ltda (US$2.000 millones); Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico, de Interchile S.A (US$1000 millones); Central de Ciclo Combinado los Rulos, de Cerro el Plomo S.A.(US$594 millones); Proyecto Blanco, de Minera Salar Blanco (US$527 millones) y Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL, de la Empresa Portuaria Valparaíso (US$500 millones).

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), explicaron que que “el número de proyectos aprobados por el SEA y reclamados en sede judicial es bajo”. En efecto, entre los años 2017 a 2022, sólo un 6,1% de las RCA favorables han sido judicializadas, incluyendo reclamaciones ante los Tribunales Ambientales y recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones.

“Las razones que llevan a distintos actores a cuestionar en sede judicial la aprobación de proyectos son diversas. En algunos casos se observan comunidades que se oponen a iniciativas cercanas a sus viviendas o donde realizan sus actividades, si temen que dicho proyecto generará impactos sobre su salud o alteraciones en sus modos de vida. En otros casos es la ciudadanía que manifiesta su preocupación por la protección de los recursos naturales, áreas protegidas, patrimonio cultural, paisaje y valor turístico”, acotó la institución.

A juicio del SEA, las prácticas de participación ciudadana en las decisiones de relevancia ambiental (normas, planes reguladores, entre otros), así como la participación y el relacionamiento tempranos, previo al ingreso de proyectos a su evaluación, favorecen una evaluación más fluida y pueden disminuir la conflictividad socioambiental. “Con mayor participación, la ciudadanía puede conocer los proyectos, despejar dudas sobre sus potenciales impactos e incidir en mejorar la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las instancias de participación, las personas y organizaciones pueden estar en desacuerdo con lo resuelto finalmente, o con las medidas adoptadas, y si eso sucede, tienen derecho a que la aprobación de un proyecto sea revisada por los tribunales de justicia, en los presupuestos previstos por la ley”, acotó.

Mientras, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña sostiene que “lo central es que las leyes sean claras y su aplicación, predecible. Pero hoy la legislación ambiental tiene debilidades en ambos aspectos. Por ejemplo, no es precisa en cuanto a las condiciones que debe cumplir un proyecto inmobiliario para ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental o si debe ser evaluado mediante una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental. Y, además, no es extraño que distintas autoridades y organizaciones públicas la interpreten de forma contradictoria, lo que hace que las acciones del Estado sean cada vez más impredecibles. El exceso de vías de reclamación afecta no solo a los proyectos inmobiliarios, sino a todos los proyectos de inversión, aumentando de manera excesiva los tiempos con lo que muchas veces no se cumplen con los plazos legales para las respuestas exigidas en cada una de las etapas de tramitación”

Desde Metro de Santiago explicaron que su proyecto de Línea 7 avanza con plena normalidad, luego de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Igualmente, acotaron que han establecido mesas de trabajo con cada uno de los municipios involucrados en el trazado. “En el caso particular de la comuna de Santiago, Metro y la Municipalidad de Santiago han suscrito un acuerdo que resuelve todos los temas levantados en su momento por dicha entidad. Respecto a la judicialización mencionada, no corresponde a Metro pronunciarse sobre las acciones judiciales presentadas por la Municipalidad de Santiago al Servicio de Evaluación Ambiental, dado que Metro no es parte de dichas acciones”, señaló vía escrita.

Felie Lizana, gerente del proyecto Maratué, de Puchuncaví, explicó que “en julio de 2021 el Comité de Ministros, luego de más de dos años de tramitación, decidió retrotraer el procedimiento de evaluación en los términos que actualmente se está tramitando”. “Tras esto, en septiembre de 2021 los reclamantes no aceptaron el pronunciamiento del Comité de Ministros y recurrieron al Segundo Tribunal Ambiental, el cual, en noviembre de 2022, decidió rechazarlas por unanimidad, motivando que los reclamantes presentaran recursos de casación frente a la Corte Suprema, los cuales están en trámite”.

Mientras, el titular del proyecto Cardones-Polpaico, Interchile S.A., sostuvo que “dada la magnitud de esta infraestructura, que se extiende a lo largo de 753 kilómetros en cuatro regiones, no ha estado ajena a los escenarios de judicialización que enfrentan constantemente proyectos de esta envergadura, respecto de los cuales Interchile se ha encontrado dispuesto resolver en función de los procesos y plazos que requieren las instituciones competentes para la revisión de los distintos antecedentes”.

Desde Inkiaenergy recordaron que en octubre del año pasado tomaron la decisión de desistir del proyecto Central de Ciclo Combinado los Rulos.

En tanto, Minera Salar Blanco sostuvo que el 15 de febrero de 2023, la Comunidad Indígena Colla Pai Ote interpuso ante el Primer Tribunal Ambiental un recurso de reclamación en contra de la resolución del Comité de Ministros. “Todos los recursos presentados por la comunidad Pai Ote han sido rechazados, ya que durante el proceso de Evaluación Ambiental se estableció que no pertenecen al área de influencia del proyecto. Incluso, esta comunidad participó de la caracterización que se realizó a todas las comunidades colla aledañas durante el proceso de evaluación, reconociendo estar fuera del área de influencia y firmando dicho documento de caracterización”, concluyó.

Consultada la Empresa Portuaria de Valparaíso sobre el estatus del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL, respondió que hoy se encuentran a la espera de la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema por reclamaciones al fallo del Tribunal Ambiental que ordenó reevaluar ambientalmente su aspecto de paisaje y línea de base de medio humano. “Solo dos de los recurrentes aún discuten el fallo del Tribunal Ambiental, que ratificó en parte importante la vigencia de la RCA del proyecto”, concluyó.