El próximo 16 de noviembre, Antonio Errázuriz acabará su mandato como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y antes de concluir su período busca cerrar un acuerdo con el gobierno para reactivar la cartera de inversiones del sector.

El gremio está preocupado por el impacto económico que sigue generando la pandemia en las empresas del rubro y ha iniciado una ronda de reuniones con una serie de autoridades para destrabar proyectos que permanecen estancados.

El 8 de septiembre Errázuriz, acompañado del gerente de estudios del gremio, Nicolás León, y de la gerenta general, Paula Urenda, acudió al Ministerio de Economía para reunirse con el ministro Nicolás Grau, a fin de exponer una presentación con la que buscan convencer al Ejecutivo de acelerar la tramitación de dichos iniciativas que permanecen paralizados por asuntos ambientales.

El documento lleva por nombre “Levantamiento de proyectos de construcción judicializados por discrepancias ambientales " y es un catastro sobre las obras que el gremio pide al Ejecutivo destrabar.

Según el documento -al que tuvo acceso Pulso-, el registro efectuado por la CChC identificó a nivel nacional 49 proyectos de construcción de empresas socias con dificultades para su normal desarrollo, producto de reclamaciones por temáticas ambientales. Estos proyectos suman una inversión potencial de aproximadamente US$ 7.230 millones, e involucran 56.327 puestos de trabajo.

Si bien la mayor cantidad de proyectos con problemas se emplaza en la Región de Los Lagos (12), los mayores montos de inversión comprometida se concentran en las regiones Metropolitana (55%), Valparaíso (32%) y O’Higgins (8%).

La presentación consigna que “un importante número de proyectos de construcción enfrenta dificultades para su desarrollo. A la pérdida de certeza que históricamente entregaron los permisos de edificación, se ha sumado una creciente judicialización de proyectos por discrepancias en torno a temas ambientales. Dado este contexto, la CChC realizó en los últimos meses un levantamiento a nivel nacional de proyectos de empresas socias que se encuentran paralizados o con severas dificultades para su continuidad por enfrentar reclamaciones en instancias como la Corte Suprema, las cortes de Apelaciones y los Tribunales Ambientales”.

Además, en el gremio constructor conocen muy bien los problemas que enfrentan las empresas bajo el contexto de restricciones sanitarias de aforo, paralización e incremento de costos. De hecho, dos de sus socias que han caído en insolvencia en los últimos meses y que se dedicaban a las obras públicas son Constructora Santa Fe y Brotec. Por lo mismo, conocedores de las gestiones de la CChC destacaron que el gremio no busca generar un ánimo de conflicto con el gobierno, sino que alcanzar un acuerdo que permita viabilizar las iniciativas, dado el contexto de necesidad de mayor inversión y reactivación de la economía.

“Sin ser un ejercicio exhaustivo, evidencia que este fenómeno involucra un significativo monto de inversiones –asociadas tanto a proyectos de infraestructura como de vivienda–, además de un cantidad relevante de puestos de trabajo, precisamente en momentos en que promover la inversión privada y el empleo formal debiera ser prioridad. Por último, y considerando las causales que se han invocado para llevar adelante estas gestiones judiciales, se hacen algunas propuestas para avanzar hacia un adecuado equilibrio entre la necesaria protección del medio ambiente y las certezas que necesitan las inversiones para desarrollarse adecuadamente”, añadió la presentación.

Si bien en ella no se mencionan los proyectos en particular, conocedores de las gestiones del gremio destacaron que en el listado se encuentra la construcción paralizada del complejo inmobiliario denominado “Egaña Comunidad Sustentable” de Fundamenta, el cual permanece paralizado desde que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana decidiera calificar de manera desfavorable su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El pasado miércoles, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, en conversación con Pulso, calificó de “preocupante” la actual situación de la industria. “Las empresas grandes tienen mucho prestigio. Nosotros desconocemos las particularidades de cómo se ha llegado a esta situación, pero es una situación transversal por toda la génesis de este problema. En ese sentido, una de las empresas es esta que ha salido a la luz (en alusión a Sencorp), pero no descartamos que haya otras que estén complicadas. Pero para eso hemos manifestado que en situaciones como la que hemos vivido, especiales, también se requieren soluciones extraordinarias”, sostuvo.

A través de una declaración vía escrita, el ministro de Economía Nicolás Grau explicó que “como gobierno estamos muy comprometidos con una estrategia contundente de inversión para dinamizar la economía y, por supuesto, el sector de la construcción es un foco de especial relevancia. Este impulso a la inversión que hemos anunciado en el plan Invirtamos en Chile hace algunas semanas tiene también un foco en acelerar la transición hacia una economía verde, con el objetivo de dar más certezas y oportunidades a los inversionistas, además de mejorar las condiciones de vida de las personas”.

“Es importante destacar que esta agenda surgió del trabajo público-privado, donde se consideraron propuestas presentadas por los gremios productivos más relevantes del país, entre ellos el de la construcción, y representan el compromiso sólido y transversal del gobierno por lograr un impulso en la inversión en nuestro país”, añadió.

“Como Ministerio de Economía estamos preocupados de la reactivación de obras paralizadas, por distintas razones, entre ellas el alza de los costos. Específicamente en ese punto, entrará en vigor la ampliación de cobertura de reajuste polinómico para los contratos de infraestructura pública que refleje el aumento de costos de la construcción”, concluyó.