“Pensiones hoy, sacrificio mañana. Por qué decir no al reparto y al préstamo”. Así se titula un informe realizado por el Observatorio Perspectivas, centro de estudios vinculado a la Asociación de AFP, que analiza los dos elementos solidarios en que hubo consenso en la mesa técnica a implementar y su sostenibilidad bajo la fórmula que evalúa el gobierno y los senadores de Chile Vamos.

Uno de ellos es el llamado bono tabla, que busca compensar a las mujeres, para que una mujer de 65 años o más, a igual edad, grupo familiar y ahorro, reciba una pensión equivalente a la de un hombre. Para ello, es necesario implementar un componente solidario permanente en el sistema previsional, para el cual la mesa técnica calculó un costo promedio de 0,5% de cotización.

El segundo de ellos es la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, con un tope máximo de 3 UF por beneficio. Y que dependiendo de la fórmula que se use, podría tener distintos costos, pero la idea es que se financie mediante un préstamo reembolsable a los cotizantes que lo aporten.

Según sus cálculos, la propuesta del gobierno de financiar la garantía con un requisito mínimo inicial de 5 años cotizados para hombres y mujeres, “utilizando un reparto de 0,5% de cotización y un préstamo de 2%, es insostenible a largo plazo”, concluye el documento del Observatorio Perspectivas.

Agrega que “el mecanismo de préstamo, en las condiciones planteadas, podría generar una deuda de más de US$ 25.000 millones para 2100, equivalente al 2,6% del PIB, comprometiendo la sostenibilidad del sistema. Solicitar más puntos de cotización de los necesarios para cubrir los beneficios genera una deuda muy onerosa para el Estado, que podría verse obligado a asumir los costos de la devolución del préstamo”.

También señala que “los jóvenes, ya afectados por las proyecciones de menores pensiones debido a factores demográficos y financieros, enfrentarían reducciones adicionales de entre 2,2% y 13,2% en sus pensiones bajo este esquema, en comparación con destinar todo su ahorro a cuentas individuales”.

A raíz de lo anterior, el centro de estudios vinculado a la Asociación de AFP concluyó que “la mejor opción es destinar toda la cotización adicional al ahorro individual y financiar los beneficios mediante reasignaciones y ajustes fiscales”. En ese sentido, señalaron que “los fondos podrían provenir de reducir la evasión en el transporte público, eliminar programas con mal desempeño según la Dipres, focalizar la gratuidad universitaria, ajustar los impuestos a combustibles y no extender la PGU al 10% más favorecido”.

En particular, el estudio analiza la sostenibilidad a largo plazo del Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social (FSS) para el período 2025-2100, que será el fondo común donde se depositarán los aportes de los cotizantes y que pagará los beneficios. Allí también estará el mecanismo de aportes reembolsables (préstamo al Estado). “Los resultados indican una alta probabilidad de insolvencia del fondo”, afirma el documento.

Para concluir eso, usa como supuestos que dos puntos de cotización son transitorios, es el denominado aporte reembolsable, que se recauda íntegramente en los primeros 20 años y luego se reduce gradualmente en 0,1 puntos al año hasta desaparecer en 2065, redestinándose a la cuenta individual de cada trabajador. “La deuda generada por estos aportes será redimible al momento de la jubilación y se pagará en cuotas mensuales durante 20 años. El monto que se devolverá incluirá los aportes reembolsables más un interés anual de 2,5%”, indica.

También se incluye “medio punto de cotización permanente destinado a reparto”, afirma el documento. Asimismo, incorpora la gradualidad para subir la cotización adicional con cargo al empleador, añadiendo un punto por año, donde los primeros dos puntos y medio se destinarán al FSS.

Por otro lado, proyecta que habrá un aporte estatal, proveniente de los recursos liberados por no extender la cobertura de la PGU al 100% de los adultos mayores de 65 años, junto con la capitalización de los recursos invertidos.

Primero tomaron un escenario inicial, donde asumieron que la garantía exige como requisito un mínimo de cinco años de cotización para hombres y mujeres, el que sube a a diez años para 2034 de manera gradual. “Bajo este supuesto, con un retorno anual de las inversiones de 3,38% antes de que el FSS acumule US$ 8.000 millones y de 3,91% posteriormente, se observa que los ingresos del fondo superan a los gastos hasta el año 2059, lo que permite un incremento sostenido del saldo neto acumulado hasta ese momento”, afirma el estudio.

Agrega que “no obstante, a partir de entonces, las obligaciones asociadas a la devolución del préstamo se vuelven excesivamente gravosas, provocando una disminución progresiva del saldo, que se torna negativo a partir de 2080. Este deterioro financiero alcanza tal magnitud que, para finales del siglo, el fondo acumularía una deuda superior a los US$ 25.000 millones”.

A raíz de lo anterior, asegura que “en estas condiciones, la propuesta del gobierno resulta insostenible, con el riesgo de requerir aportes fiscales adicionales o de que el préstamo no sea restituido en su totalidad”.

En parte, sostiene que “la insostenibilidad del escenario anterior se debe a que se solicitan más puntos de cotización de los necesarios para cubrir los beneficios, lo que genera una deuda muy onerosa para el Estado, que eventualmente deberá asumir la devolución del préstamo. Para financiar los beneficios proyectados, se necesitan US$ 1.550 millones en 2027, subiendo hasta un máximo de US$ 2.350 millones en 2045. Sin embargo, destinar 2,5% de las remuneraciones al FSS recauda en cada año mucho más que eso: US$ 2.400 millones en 2027, llegando a un máximo de US$ 2.900 millones en 2045″.

Luego, el centro de estudios hizo “un ajuste clave para lograr el equilibrio” al establecer requisitos diferenciados para la garantía: 20 años mínimos de cotización para hombres, y 15 años para mujeres, aumentando a 20 años en 2034.

“Esto reduciría en aproximadamente 500 mil los beneficiarios en el primer año respecto al escenario inicial. Por otro lado, ajustamos la tasa de rentabilidad de los excedentes del FSS a 3,38%, tomando como referencia la rentabilidad histórica del Fondo C y descartando la proyección optimista del 3,91%. Este ajuste se fundamenta en que el aporte reembolsable paga una tasa promedio de mercado, estimada en 2,5% para los bonos soberanos. Denominamos este conjunto de supuestos como el ´escenario base´, que prevé un saldo neto ligeramente positivo para el FSS al cierre del período”, dice el estudio.

Pero agrega que su sostenibilidad “seguiría siendo frágil e incapaz de absorber desviaciones marginales”, porque “incluso pequeñas variaciones en los supuestos iniciales, como la cobertura o la duración de los beneficios, podrían incrementar significativamente la deuda acumulada a largo plazo”.

Y “para ilustrar la inestabilidad que puede generar cualquier cambio en los beneficios o los supuestos económicos”, considera una alteración respecto del escenario base en el que, “debido a presiones ciudadanas futuras, se decida duplicar la garantía de 0,1 UF (aproximadamente $ 3.800 según la UF promedio de noviembre de 2024) por año cotizado a 0,2 UF ($ 7.600). Este ajuste, plausible en el contexto político, resulta atractivo porque su impacto positivo se percibe de inmediato, mientras que los costos asociados no se materializan sino varias décadas después. Sin embargo, este único cambio sería suficiente para hacer inviable financieramente el fondo común”, asegura el documento.

“En este escenario, cuando la garantía se incrementa, el esquema se torna insostenible y la deuda proyectada para el año 2100 se dispara, alcanzando US$ 312.000 millones”, indica. Luego hace una serie de otras simulaciones que arrojan una conclusión similar.