Una nueva distribución del 6% de cotización extra que considera la reforma previsional es lo que propone un informe realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), titulado “Distribución de la cotización adicional en la reforma de pensiones”.

Allí, sus autores, los investigadores Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, recuerdan que el gobierno propuso destinar ese 6% de manera íntegra a un nuevo fondo colectivo (FIP), donde los aportes se registran en cuentas nocionales y buscan financiar los derechos de pensión según lo que cotizó cada trabajador, así como los beneficios intra e intergeneracionales que crea el proyecto. “Dado que con este fondo deberán pagarse los beneficios del seguro social, este entregará una menor rentabilidad a los futuros pensionados en comparación con las cuentas de capitalización individual”, dice el estudio.

Sobre esa base, el CEP hizo una simulación de la tasa de reemplazo teórica que tendrían los pensionados futuros, comparando lo que propone el gobierno en la reforma, versus un escenario en que se destinan entre 3,5 y 4 puntos de la cotización extra a las cuentas de capitalización individual.

Ello, puntualiza el documento, “manteniendo en todos los casos el factor de solidaridad intrageneracional, en que un 30% de la cotización en los registros individuales se reparte en partes iguales entre todos los cotizantes al sistema”.

Y sus resultados indican que, “en términos de tasas de reemplazo, las diferencias entre el diseño propuesto por el Ejecutivo y los escenarios planteados en este estudio no difieren significativamente”.

Por eso proponen esta nueva distribución de la cotización adicional, ya que estiman que tal “configuración tiene la ventaja de penalizar en menor medida la formalización del empleo, disminuye los riesgos de sostenibilidad del sistema, y simplifica sustancialmente su diseño, facilitando la rendición de cuentas de la política”.

En dicho diseño, la cotización restante, esto es, entre 2 y 2,5 puntos, el estudio del CEP plantea que se use para pagar los mismos beneficios intra e intergeneracionales que actualmente propone el gobierno en la reforma previsional. Estos son la garantía con solidaridad intergeneracional, el complemento por lagunas previsionales, el complemento por maternidad, el complemento por cuidados a terceros y la compensación por diferencias de expectativas de vida.

“Este análisis considera un rango de cotización, dado que existen periodos donde el gasto en beneficios será mayor y menor que el monto recaudado. La idea es hacer un ejercicio fiscalmente neutro, es decir, que no implique un endeudamiento permanente del gobierno. Bajo esta restricción buscamos si hay distribuciones distintas al 6/0 que contiene la propuesta del gobierno (seis puntos para el FIP y cero para cuentas de capitalización individual), que entreguen tasas de reemplazo similares a las de dicha propuesta”, explica el informe.

Al respecto, Rodrigo Vergara afirma que “uno puede lograr exactamente lo mismo que se logra en términos redistributivos con la propuesta del gobierno, pero con un sistema en el cual 4 puntos se destinen a la cuenta de capitalización individual, y los otros 2 se usen para solidaridad. Y te olvidas de las cuentas nocionales y todo el resto de las cosas que son complejas, que le dan poca transparencia y poca eficiencia al sistema. Y así llegas a tasas de reemplazo que son similares a la propuesta del gobierno”.

Los argumentos

¿Por qué si se consiguen las mismas tasas de reemplazo y el mismo pago de beneficios, es conveniente hacer este cambio? Según el informe del CEP, la arquitectura del sistema quedaría mejor destinando entre 3,5 y 4 puntos a las cuentas individuales, considerando que hay estudios que “señalan que las cuentas de capitalización individual exhiben una relación más fuerte entre cotización y beneficios, en comparación con otros diseños como el propuesto por el Ejecutivo, generando los menores efectos negativos en el empleo formal (Banco Central, 2017). Este punto es importante considerando los altos niveles de informalidad laboral del país, que tienen como una de sus consecuencias los bajos niveles de densidad de cotizaciones que exhibe el sistema de pensiones actual”.

Los autores van más allá y también proponen “establecer la obligatoriedad de la cotización adicional incluso para los independientes, que en la propuesta actual del Ejecutivo es voluntaria, de manera de asegurar densidades adecuadas”.

Por otro lado, el estudio asegura que “la sostenibilidad del FIP descansa en una serie de supuestos que podrían no cumplirse y hacer colapsar el fondo”. En ese sentido argumenta que “un diseño en que se separa la cotización entre cuentas individuales y un fondo para el pago de beneficios, disminuye el riesgo de los cotizantes respecto de sus ahorros, ya que una parte importante de ellos no dependerá del cumplimiento de ciertos parámetros y supuestos que dan sostenibilidad al fondo colectivo”.

Asimismo, los autores creen que esta nueva distribución de la cotización “tiene la ventaja de simplificar el diseño del nuevo sistema, separando las pensiones de los beneficios asociados a estas. Lo anterior permite una mejor comprensión por parte de la ciudadanía y facilita la rendición de cuentas del desempeño de cada uno de los componentes por separado, permitiendo ajustes cuando sea necesario”.